Quién es la psicóloga judicial que destruyó las pericias psicológicas en el caso Jueza Fontela

Un nuevo revés casi insólito vuelve a dejar muy mal parado al sistema judicial de Río Negro, al quedar en evidencia que todo lo realizado para peritar el supuesto maltrato laboral del que es acusada la jueza de El Bolsón, “se hizo mal y con un método no utilizado en el país”.

Así lo dejó evidenciado María de los Ángeles Izcurdia, profesora regular adjunta de la cátedra de Psicología Jurídica en la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, y codirectora de la Carrera de Especialización en Intervenciones Transdisciplinarias en Violencia Familiar y de Género, del área de posgrado de la misma casa de altos estudios; coautora de varios libros destinados a la psicología en el ámbito judicial y de publicaciones científicas, entre ellas: clima laboral en el poder judicial y su incidencia en la salud mental de los profesionales que allí se desempeñan y trabajos destinados a cuestiones sociales y que han sido utilizado para la generación de políticas desde los ámbitos públicos, como Un estudio sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal.

La profesional, probablemente una de mas más consultadas en el país por su especialización, es también una de los tres referentes mundiales en la materia, gracias a sus trabajos de investigación y publicaciones individuales o colectivas, dejó muy mal parado al Poder Judicial cuando se evidenció que el “test” utilizado para sondear el clima laboral en el Juzgado 11 de El Bolsón, no fue el que se usa en el país, incluso, algo que profesionalmente podría ser aún más grave, al sistema usado se le agregaron preguntas de otro test sin una causa lógica y en forma arbitraria.

Izcurdia también dejó mal parado al procurador, Jorge Crespo quien intentó defender su acusación, pero, no pudo avanzar ya que quedó demostrado, de acuerdo a los propios registros del poder Judicial, que el test manejado no es el que está validado en Argentina y el que se usó tuvo componentes de preguntas adosadas arbitrariamente. Sin embargo, el hecho más grave y que podría tratarse de una falta muy seria para el sistema judicial, violando derechos humanos fundamentales, es que a la jueza Érika Fontela la diagnosticaron sin verla, lo que además de la irregularidad profesional, resulta casi irrisorio cómo el Poder Judicial llegó a cometer semejante error. En ese sentido, la perita especializada dejó entrever que de la descripción del informe no surgen los pasos necesarios para llevar adelante una evaluación acerca del clima laboral.

Días atrás, el abogado de Fontela dijo públicamente que “es la primera vez que he visto con toda crudeza que hay una decisión política para echar a una jueza incorruptible". Si bien este revés pericial no comprueba lo que asegura el letrado Rodolfo Rodrigo, sí, se suma a otros reverses y testimonios que ponen al Poder Judicial en off side, dando vuelta lo que aparentemente era un caso cerrado y resuelto y evidenciando “el abandono total que se hizo del juzgado 11”, que es lo que “se intenta ocultar”, de acuerdo a lo declarado por la Asociación Madres del Dolor, el Grupo de Familiares de Víctimas y referentes sociales de El Bolsón.

La doctora en psicología social María de los Ángeles Izcurdia, participó vía ZOOM, como la mayoría de los más de ochenta (80) testigos que expusieron durante las tres jornadas de presentación de cargos, celebradas los pasados 23, 24 y 25 de febrero. También, apropósito de los testigos, vale recordar que la magistrada (Erika Fontela) presentó 71 y el procurador Jorge Crespo, apenas 10.

También, se debe tener en cuenta que de las tres denuncias que se le hicieron a la Jueza, dos cayeron, dado que fueron desacreditadas y la tercera podría caer, puesto que el único testigo del hecho denunciado, fue imputado por falso testimonio.

La doctora Izcurdia participó de la tercera jornada y, tras sus declaraciones y los cruces entre los propios empleados del juzgado que “se contradijeron o mintieron”, según entiende la defensa, podrían caer también las acusaciones sobre maltrato laboral.

Adrián Moreno