“Las fuerzas de seguridad deben comprender que hubo un cambio de gobierno y ahora la violencia institucional no está permitida”

El director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, explicó que el organismo cuenta con varios motivos para haber decidido intervenir como parte querellante en la causa de Rafael Nahuel, el joven que murió a raíz de un disparo, el 25 de noviembre de 2017, durante un procedimiento realizado por el grupo Albatros, de Prefectura, en Villa Mascardi, en el marco del intento de desalojo de un grupo de la denominada comunidad Lafken Winkul Mapu de un predio de Parques Nacionales, en un caso donde todavía no se sabe quién disparó, con tres pericias balísticas realizadas sobre armas de los efectivos de la fuerza con resultados disímiles (en particular, en lo que respecta a la primera y la tercera, ya que, de acuerdo a algunas interpretaciones, la segunda acompañaría las conclusiones de la última).

“Nos propusimos empezar a ser querellantes en los que llamamos litigios estratégicos, porque no podemos hacerlo en todos, pero sí observamos los más emblemáticos, los que más trascendencia mediática tuvieron, aquellos más burdos en cuanto a lo que hace a la violencia institucional, e intervenimos para impulsar las causas y que haya una sentencia condenatoria hacia los responsables”, señaló Przybylski.

Agregó que también se trata “de dar una señal política de la actual gestión, del presidente Alberto Fernández, con Horacio Pietragalla como secretario de Derechos Humanos, acerca de un cambio de paradigma respecto al mandato de Mauricio Macri”.

“Este gobierno repudia la violencia institucional, no acepta hechos que la contengan, y, por eso, se presenta como querellante en una causa, para que haya verdad y justicia”, manifestó.

El funcionario aclaró que también existió un pedido expreso de la familia de Rafael Nahuel. “Y nos pareció atendible, por la gravedad y magnitud del caso”, apuntó.

Además, sumó otro motivo: “La causa estaba teniendo algunos problemas… Todavía no tenemos juicio oral, y ya pasó un tiempo… Hubo bastantes trabas, y, si un hecho como este quedara impune, el Estado argentino podría tener consecuencias de responsabilidad internacional”.

El Cordillerano: – ¿Hay temor de que esta situación, de seguir así, derive en pedidos de intervención a organismos internacionales?

Mariano Przybylski: –Los organismos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana, tienen un requisito para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos: que, primero, se hayan transitado y agotado las instancias locales de cada país. Por ejemplo, si en la causa de Rafael Nahuel, la justicia argentina lleva adelante una investigación seria y se condena a los responsables del hecho, el Estado da una respuesta en relación a la obligación internacional que tiene de investigar estos casos vinculados a los derechos humanos. Pero, si por alguna razón, la causa queda impune, si no se llega a una condena determinando quiénes fueron los responsables, la familia de Rafael Nahuel, a través de sus abogados, podría iniciar un reclamo internacional contra el Estado argentino, que, en tal caso, quizá llegara a tener una responsabilidad. Entonces, a nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, nos interesa preservar al Estado. Además, estamos convencidos de que tiene que haber verdad y justicia, debemos averiguar qué pasó.

E.C.: – ¿Tienen pensado pedir medidas concretas?

M.P.: –Es un expediente muy grande, con muchos cuerpos, al que, para hacer una revisión, recién ahora pudimos acceder. Lo primero que debemos hacer es observar todo lo que hay. Hoy ya estuvimos viendo la última pericia. El juez convocó a los prefectos del grupo Albatros a una ampliación de la indagatoria, en la que nosotros vamos a participar; estamos de acuerdo con que se los haya citado nuevamente. Después, el magistrado tendrá que tomar una resolución. En la actualidad, no hay ningún miembro de Prefectura procesado como autor del homicidio de Rafael Nahuel, pero tampoco sobreseído, están todos con falta de méritos, se está investigando… La Secretaría de Derechos Humanos, tras las indagatorias, hará un pedido sobre si se tiene que procesar o no a algún integrante, o a todos, del grupo Albatros.

E.C.: – En principio, todo apuntaría al prefecto Sergio Guillermo Cavia, ¿verdad?

M.P.: –La última pericia, efectuada en Salta, dio como resultado que el arma de la que salió la bala que mató a Rafael Nahuel fue la suya.

E.C.: – ¿Cómo calificaría lo que sucedió con las diferentes pericias?

M.P.: –Ese es el punto más importante que tiene la causa, y todavía no puedo dar una opinión fundada, porque recién entramos en el expediente, pero una de las cosas que tenemos que estudiar y evaluar es la de hablar con los peritos, para poder entender qué pudo haber pasado, porque en al menos dos de las pericias, la primera y la tercera, hubo resultados distintos. Hay que tratar de escuchar y encontrar alguna explicación técnica. Soy abogado, no un perito de balística, es decir que no soy un especialista en el tema, pero lo que debemos hacer, y también lo que tendrá que llevar adelante el juez –y creo que es lo que seguirá en la investigación–, es descubrir qué sucedió, porque pudieron pasar muchas cosas. Tal vez hubo algún error; errar es humano, y los peritos pudieron equivocarse. Tendríamos que, en una junta de peritos, llegar a una conclusión sobre cuál es la pericia correcta. Creo que eso es factible, y es necesario hacerlo.

E.C.: – Para usted, ¿no hay dudas de que aquel día no existió un enfrentamiento armado?

M.P.: –Todavía tenemos que pasar en limpio la totalidad de las fojas del expediente. De todas formas, como Secretaría de Derechos Humanos, y, en lo personal, como director de Políticas contra la Violencia Institucional, existe un conocimiento del caso, porque lo estuvimos siguiendo, y lo que sabemos es que no está demostrado que haya existido un enfrentamiento armado, y mucho menos que el grupo donde estaba Rafa Nahuel haya tenido, y disparado, armas de fuego. Si los miembros de la comunidad contaban con algún tipo de arma, no de fuego, sino de menor letalidad, un grupo tan profesionalizado, como lo es el Albatros, debió haber actuado de una manera menos nociva.

E.C.: – ¿Fue un mal proceder de algún prefecto, o una decisión institucional?

M.P.: –Hubo muchas balas, y no son todas de la misma persona, con lo cual existió un accionar del grupo, integrado por seis prefectos. Recién nos incorporamos a la causa, y hay que ver en detalle las pericias, por lo que no puedo decir si todos efectuaron disparos, si las vainas encontradas en el lugar del hecho correspondían a los seis o a uno o algunos de ellos. Pero, evidentemente, había una decisión política del gobierno anterior de tratar de manera represiva estos conflictos territoriales. Existía una determinación de resolver esas cosas de manera violenta. Se vio con Santiago Maldonado, por ejemplo. Era una línea que el actual gobierno quiere cambiar. Para nosotros, el Estado no puede actuar con violencia, salvo la permitida, la legal, que se utiliza para evitar un mal mayor.

E.C.: – Y ese lineamiento de conducta al que alude, ¿considera que era dirigido por quien era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o por el entonces presidente, Mauricio Macri?

M.P.: –En el sistema presidencialista que tenemos en la Argentina, la cabeza del Poder Ejecutivo es el presidente de la Nación, y elige a sus ministros con características particulares para que ejecuten una determinada política. Macri era quien tenía esa idea, y fijó la política represiva para dirimir estos conflictos territoriales y de seguridad. Eso era ejecutado, también con convicción política, por Patricia Bullrich. No hay que olvidar el caso del policía Luis Chocobar, que disparó por la espalda a un chico (un joven que había asaltado y apuñalado a un turista estadounidense en La Boca), y fue felicitado por Bullrich y Macri, quien lo invitó a la Casa Rosada. Aquel gobierno dio una señal de que ese era el ejemplo a seguir, lo que se quería y buscaba, y eso llega a los miembros de las fuerzas, quienes portan las armas. Por eso queremos dar las señales contrarias, lo que explica que hayamos decidido ser querellantes en la causa de Rafael Nahuel, y también en otras de violencia institucional. Tenemos que cambiar el mensaje; es muy difícil, pero resulta necesario. Las fuerzas de seguridad tienen que entender que hubo un cambio de gobierno, y que, para el actual, no está permitida la violencia institucional; no se actúa de esa manera, y a quien la utilice se lo va a repudiar y sancionar.

E.C.: – Más allá de la muerte de Rafael Nahuel, ¿qué opina de lo que sucede en Villa Mascardi?

M.P.: –Nosotros tenemos una Constitución Nacional que impone al Estado, sea el gobierno que sea, a tener una mirada de reconocimiento hacia los pueblos originarios, tendiente a incorporarlos y respetar sus territorios y propiedades comunitarias. A su vez, hay tratados internacionales de derechos humanos en la misma dirección. A partir de ahí, los gobiernos -todos- deben ver de qué manera se cumple con el mandato constitucional. Ante ese panorama, y un conflicto que se suscita –territorial, de intereses–, la solución se debe dar de manera pacífica, con las leyes y la Constitución en la mano. Lo que no podemos hacer es arreglar estos problemas a los tiros, ni desde el Ejecutivo, ni desde el Poder Judicial, porque, en la mayoría de los casos, hay que recordar que el que da la orden de reprimir es un juez. Hace unos diez días, la Secretaría de Derechos Humanos presentó un escrito ante la Cámara Federal de General Roca, en el marco de la causa de Villa Mascardi –que es otra distinta de la Rafael Nahuel–, proponiendo armar una mesa para resolver el tema, en función de un fallo de la Cámara de Casación de diciembre, en donde proponía llegar a un acuerdo pacífico. Todavía no tuvimos una respuesta en ese sentido, pero la Secretaría de Derechos Humanos ofreció ser el organismo del Estado que pueda articular esa solución, para evitar que haya violencia.

E.C.: – Varios vecinos de Villa Mascardi van a decir que están cansados de mesas de diálogo, porque primero se formuló una a través del Ministerio de Seguridad, y luego intervino también el de Justicia, pero nunca se llegó a un acuerdo. Además, cuando en diciembre se realizó una inspección ocular, todo terminó con piedrazos de un lado y balas de goma del otro… ¿Se puede conversar en un panorama así?

M.P.: –Creo que sí… En realidad, es lo que se debe hacer, porque, si no, lo único que queda es la violencia, y así es como tenemos a Rafael Nahuel muerto, al igual que a Santiago Maldonado. Y también puede morir un policía o un prefecto… El Estado debe llegar al diálogo, también el provincial. Generar una mesa para conversar significa entablar una negociación, y ahí todos ceden porque, caso contrario, no es posible. Los vecinos y pobladores de la zona no quieren más diálogo porque ellos están en posesión de los territorios, pero si no lo estuvieran, y contaran con un título de propiedad pero no se encontraran en esos terrenos, imagino que buscarían un desalojo forzado o un diálogo que les permitiera solucionar sus conflictos… ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Por las características que se dieron, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, hay un Estado de Derecho que llega después de una preexistencia de pueblos originarios, y ahí se genera un conflicto, porque ¿quién es el primero?, ¿quién es el poseedor de las tierras?… Ese tema, nuestro Estado, a través de la Constitución, lo dirime diciendo que hay que respetar esa preexistencia de los pueblos originarios…. Es preciso sentarse a resolver los problemas; no nos podemos permitir no intentarlo. Existe violencia porque hay gente de los dos lados que está cansada de que no haya soluciones. Es obligación de los funcionarios públicos tratar de evitar la violencia y llegar a un acuerdo.  

Christian Masello