Otorgan prisión domiciliaria a la mujer que apuñaló a chofer de un colectivo

Tamara Vanesa Oyarzo había sido imputada semanas atrás por haber apuñalado a un chofer de colectivo que le reclamó el uso de tapabocas para subir a la unidad del Transporte Urbano de Pasajeros. En la ocasión, se ordenaron una serie de pericias que revelan diversos trastornos que exigen un tratamiento riguroso y un control estricto de medicamentos y de sus adicciones, aunque ello no resulta novedoso: la situación ya había sido descripta por anteriores intervenciones a lo largo de los últimos 20 años. En una audiencia judicial, la defensa leyó el informe completo y encontró el acompañamiento de la parte querellante para otorgar la prisión domiciliaria con el uso de una tobillera electromagnética.

El psicólogo forense Alfredo Fernicola, del Cuerpo de Investigaciones Forenses del Poder Judicial, emitió un extenso informe pericial en el que concluyó que la condición actual y futura de Oyarzo, supone "un altísimo riesgo de que repita conductas similares a las que se le imputan actualmente, con consecuencias negativas para sí y para terceros", si no se logra que adhiera férreamente a un tratamiento integral de su condición.

En la misma línea, consideró necesario que se ofrezca a la señora Oyarzo, dado el historial que resumió en el informe, "condiciones de tratamiento rigurosas y cuyo control quede por fuera de su exclusiva responsabilidad, implicando ello no solo el abordaje medicamentoso de su epilepsia, sino el consumo problemático de alcohol y el de su déficit adaptativo en general".

Entre una de las conclusiones del especialista, se apunta que "no resulta inadecuado, a la luz de los hallazgos mencionados en este informe, pensar que, aun comprendiendo la criminalidad de los actos que se le imputan, haya resultado incapaz de controlar su accionar".

Pero lejos estuvo el licenciado Fernicola de ser el primer profesional de la salud que analizó a Oyarzo en el marco de la tramitación de una causa judicial. En su informe, recopiló anteriores pericias firmadas por Oscar Benitez, Leonardo Saccomanno, Juan Manuel Piñero Bauer, Verónica Martínez y Andrea Maccione, en los que las conclusiones son similares. En todos se describen situaciones de violencia, abusos, complejos lazos familiares desde su temprana edad e ideaciones suicidas.

Oyarzo fue imputada por el delito de lesiones por haber apuñalado a un chofer de la línea 70 del Transporte Urbano de Pasajeros. Tras aceptar los cargos, el juez de Garantías Ricardo Calcagno, ordenó la realización de una serie de pericias tendientes a determinar el estado de salud mental de la mujer.

Mientras transcurren los cuatro meses del plazo fijado para completar la investigación, se realizó una pericia a cargo del Cuerpo de Investigaciones Forenses del Poder Judicial y la situación concluyó con una audiencia en la que se acordó la prisión domiciliaria de la mujer, con el uso de un dispositivo electrónico para su control.

El hecho ocurrió el pasado mes de febrero cuando la imputada abordó el transporte en la calle Moreno y Palacios y el chofer le solicitó que se pusiera el tapaboca que no portaba en ese momento. La mujer se ofuscó y comenzó a insultarlo. Inmediatamente el conductor le solicitó al hombre que acompañaba a Oyarzo que interceda. La mujer se acercó hasta el puesto de chofer y utilizando una navaja marca Stanley, lo atacó y le causó heridas en una de sus manos y la zona costal derecha. Tras abandonar la unidad de transporte, la mujer resultó detenida a pocos metros, sin ofrecer resistencia.

Oyarzo, de 37 años, registraba una condena previa de dos años de prisión en suspenso impuesta en marzo de 2020, por dos causas en las que se analizaron delitos similares y no había dado cumplimiento a una serie de requisitos y pautas de conducta que le impusieron para sostener la condicionalidad de esa condena y así evitar la prisión.

Pero ya en marzo de 2002, el licenciado Oscar Benítez del Cuerpo Médico Forense, concluyó que padecía una patología mental asociada a un cuadro de epilepsia secundaria, destacando un déficit en el control de la impulsividad.

En 2010, otro informe firmado por el médico forense Leonardo Saccomanno, concluyó que la mujer no tenía una eficaz adherencia al tratamiento psicológico que transitaba en virtud de un intento de suicidio derivado de situaciones de abuso y violencia intrafamiliar. La mujer, por entonces de 26 años, presentaba indicadores de consumo problemático de alcohol, también tenía comprometida su capacidad para el control de la impulsividad. El forense concluyó en su escrito que "aun cuando comprenda el disvalor de sus actos, ciertamente no puede controlar sus impulsos".

En noviembre de ese mismo año, el médico forense Juan Manuel Piñero Bauer firmó otro informe en el que detalló que la mujer estaba internada por una intoxicación con barbitúricos. Destacó en su escrito que de no adherir adecuadamente al tratamiento la paciente podría presentar conductas agresivas o violentas y recomendó un estricto abordaje psicoterapéutico.

Más adelante, Andrea Maccione, psicóloga forense, describió que Oyarzo desplegaba "mecanismos de defensa deficientes frente a presiones del medio y que su yo resultaba lábil frente a contextos problemáticos". Además, ratificó la presencia de un "desorden antisocial de la personalidad". Destacó en su informe que Oyarzo tenía "problemas en el control de sus impulsos y una gran dificultad para aprender de sus errores, con predominio de conductas antisociales".

En otro informe del 2018, firmado por la psiquiatra forense Verónica Martínez, se describió que "situaciones de alto contenido emocional y/o de estrés operando sobre su personalidad vulnerable, aún en ausencia de consumo alcohólico, podrían franquear sus defensas psíquicas deficientes y facilitar la emergencia de actos impulsivos, respecto de los cuales su capacidad de gobierno resultaría muy reducida".