Imputaron al legislador Barreno por violación del aislamiento

El dirigente del Frente de Todos y titular de Sitrajur Viedma, Pablo Barreno, fue imputado por violación de aislamiento, con su formalización en una audiencia de cargos convocada para el próximo miércoles de 24 de febrero.

El hecho sucedió en Mayo del 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cuando el dirigente peronista que también es el titular de Sitrajur en Viedma, concurrió al edificio del Poder Judicial en la capital provincial e intentó ingresar para contactar el estado edilicio frente a la situación de la pandemia.

En ese momento, no se le permitió entrar y, luego la entonces titular del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, presentó una nota al Procurador General, Jorge Crespo, para que investigue el episodio por “violación del aislamiento”.

Esa causa fue tramitada por la fiscal Maricel Viotti, que concluyó en criterios de oportunidad con otros dos asistentes -entre ellos, Adriana Saber, que después renunció a la conducción de Sitrajur- quienes aceptaron desembolsos para concluir con el trámite penal.

Barreno no lo aceptó, por lo cual, la fiscal Viotti avanzó en la imputación, que se formalizará el próximo miércoles. En respuesta, el gremio judicial, que conduce Emiliano Sanhueza, afirmó que “se trata de una clara maniobra de continuidad de la persecución política y sindical y absolutamente irracional que atenta con la función gremial”.

En este sentido,  el titular de Sitrajur expresó: “esa organización consideró que es un acto netamente persecutorio ya que la formulación de cargos se da por la ya conocida denuncia efectuada por Piccinini por intentar hacer una inspección de las condiciones de trabajo ante la vuelta del trabajo presencial en medio de la pandemia”.

El sindicato afirmó que la “propia fiscal reconoce que la intención de Barreno era esa” al plantear que asistieron para “recorrer el edificio para constatar el cumplimiento del protocolo de seguridad e higiene de COVID-19”.

Sitrajur resaltó que “no existe delito alguno en realizar una de las tareas fundamentales de nuestra función sindical. Es más, no reparó la fiscal en que la denunciante es parte interesada (por Piccinini) ya que lo hizo además siendo la presidenta del STJ y quien resulta responsable última del cumplimiento (o incumplimiento) de las normas sanitarias”.