Echaron a la secretaria parlamentaria que aportó un testimonio clave para imputar a los concejales de Villa La Angostura

El presidente del Concejo Deliberante le comunicó ayer que había resuelto removerla de su cargo. La funcionaria había declarado ante la fiscalía de Villa La Angostura, que valoró ese relato como una de las pruebas para imputar a los siete concejales.

El presidente del Concejo Deliberante, David Tressens Ripoll, resolvió remover de su cargo a la secretaria parlamentaria, Magalí Díaz, a pocos días de que declarara ante la fiscalía de Villa La Angostura, que imputó a los concejales de haber cometido el delito de desobediencia a una orden emitida por un juez.

La versión comenzó a circular este miércoles por la tarde y Díaz la confirmó en diálogo con La Angostura Digital. Cuando se le preguntó cuáles fueron los motivos por los cuáles el presidente del Concejo Deliberante la desplazó de su cargo, comentó que fue “por la viralización de los audios que son prueba en la justicia. Eso me dijo, pero no me lo dio por escrito”. Pero Díaz negó haber viralizado esos mensajes.

Tressens solo informó que la decisión de desplazarla "no guarda relación con el tema judicial", pero mantuvo en reserva los motivos.

Desde la semana pasada circulan unos audios atribuidos a Tressens Ripoll en los que reconoce que está en conocimiento de la orden del juez de Zapala, Matías Nicolini, que ordenaba suspender la sesión del 15 de enero pasado. Esos audios son una de las pruebas que tiene la fiscalía, que investiga si los concejales cometieron el delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. La fiscalía le atribuyó además a Tressens Ripoll haber cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal adjunto Ramiro Amaya, expuso ante el juez de garantías Nazareno Eulogio, las pruebas que la fiscalía había recolectado para sostener la acusación contra los concejales.

Una de esas evidencias es la entrevista que la fiscalía mantuvo con la secretaria parlamentaria. Amaya dijo que del relato de Díaz surge que el 14 de enero de 2021, “mantuvo conversaciones e intercambios de audios por WhatsApp con Tressens Ripoll, quien le dijo que le había llegado un correo electrónico mediante el cual le daban a conocer que el juez había dispuesto la medida cautelar y que disponía de la suspensión de la sesión”, convocada para el día siguiente, refirió el funcionario del Ministerio Público Fiscal.

 Qué declaró Díaz

 “Surge que la tarde del 14 de enero, Tressens Ripoll la citó para que concurriera al Concejo Deliberante a las 9 horas del 15 de enero, porque ya no tenía sentido ir a las 9 si la sesión había sido suspendida”, contó el fiscal.

Sostuvo que Díaz había declarado que la tarde del 14 de enero, “Tressens Ripoll le manifestó que él se encargaría de reenviar el correo electrónico de la medida cautelar a todos los concejales”.

“También dijo que mediante conversaciones que mantuvo la noche del 14 de enero del 2021, Tressens Ripoll le refirió que iban a sesionar igual y la citó para el 15 de enero”, informó Amaya.

“Y ante la negativa de Díaz de participar de la sesión del 15 de enero por entender que iba en contra de la orden judicial, Tressens Ripoll le solicitó que concurriera a las 7 de la mañana para mostrarle cómo debía hacer con el sistema de grabación requiriéndole que entrara oculta y que no recibiera nada antes de ingresar al Concejo”, afirmó el fiscal adjunto.

Dijo que el presidente del Concejo “también le habría dicho (a Díaz) que si alguien la consultaba que ella dijera que no iba a estar por encontrarse indispuesta, circunstancia que Díaz hizo saber que no era verdad”.

“Se desprende también del testimonio de Díaz que todos los concejales conocían sobre la existencia de la medida cautelar que ordenaba la suspensión de la sesión”, aseguró Amaya.

Este miércoles, Tressens Ripoll resolvió desplazar de su cargo a Díaz sin demasiadas explicaciones. Ante la consulta a otros concejales sobre si estaban al tanto de la decisión del presidente del Concejo y si estaban de acuerdo, no respondieron.

Díaz explicó que el cargo de secretaria no es con contrato, “es un puesto político, te pone y te saca el presidente”. Sostuvo que la desvinculación la hace por una resolución de la Presidencia del Concejo.

De todos modos, afirmó que no se había notificado aún “porque no estaba con fundamentos la resolución”. Dijo que su situación laboral por ahora estaba “sin definición”.

“Yo hice las cosas bien, así que estoy tranquila”, afirmó Díaz.

Es la primera vez que los 7 concejales están imputados por la fiscalía y serán investigados durante un año, que fue el plazo que el juez le otorgó a los fiscales para hacer su tarea.