El transporte público está en un callejón sin salida

A raíz que todos los bloques del Concejo habían solicitado la presencia del jefe de Gabinete municipal, por la preocupación del servicio de colectivos en la ciudad, le hicieron diversas consultas a Marcos Barberis, en el marco de la Comisión de Transporte.

El funcionario reconoció que desde la quita de subsidios en 2018, los montos son insuficientes para la prestación del servicio y que la situación se vio agravada por la pandemia de coronavirus.

Recordó que el gobierno nacional aporta 10 millones al sistema, aunque llegan con mucha demora. Incluso han registrado hasta tres meses y medio de retraso en la efectivización de los pagos. Mientras que la Provincia, abona todos los 20 de cada mes 7,2 millones de pesos. Estos 17 millones totales, en subsidios, no cambian desde 2018.

Al mismo tiempo, Barberis agregó que desde abril, cuando dejó de tener validez el boleto estudiantil porque no hay clases presenciales, se dejó de abonar el subsidio municipal que rondaba los 7 millones de pesos.

“Hoy el transporte urbano recibe 17 millones de pesos. Desde abril no está teniendo recaudación, porque está activo solo para actividades esenciales. Debería estar facturando entre 22 y 23 millones y recauda solo 4 millones. Entonces, los únicos ingresos reales, son los 17 millones. El intendente Gustavo Gennuso, junto a otros jefes comunales del país, han hecho gestiones para una ley de subsidio al transporte, por la cual el interior pide que se equipare con el AMBA, que recibe 40 mil millones anuales y todo el interior solo recibe 7 mil millones. Incluso, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pidió se lleve a 30 mil millones”, indicó el jefe de Gabinete.

Además, dijo que el panorama es muy preocupante. “La ciudad de Tucumán lleva 27 días de paro de colectivos, por poner un ejemplo. El servicio del interior del país está golpeado. Los costos siguen subiendo, los salarios. Además, no sabemos cómo se va a afrontar el aumento del 30% a cuenta de 2020 que se dio a los trabajadores, las empresas no saben de dónde van a sacar el dinero”.

Consultado por el concejal Marcelo Casas (FDT), respecto de las palabras de Gennuso que se evaluaba rescindir el contrato con Mi Bus y la preocupación que eso generó, Barberis contestó que “una de las cuestiones que estamos analizando, es la rescisión, pero es solo una alternativa más. La incertidumbre que se trasladó es la que tenemos en el Ejecutivo, en la Provincia y en la UTA a nivel nacional. Este problema lo tienen en todos lados y no hay una solución a la vista”.

Mencionó que entre las posibilidades que se barajan está la extinción del contrato, lo cual implicaría un acuerdo con Mi Bus, la rescisión unilateral o que venga otra empresa y compre el contrato, que es lo más improbable.

“Estamos analizando todas las situaciones. Queremos una solución que no nos traiga problemas ni juicios a futuro. Si hacemos una rescisión unilateral, la empresa puede impugnarnos la nueva licitación. Si se toma la decisión de la salida de la empresa, no tiene que traer contratiempos y problemas a futuro”, manifestó.

“El sistema de transporte como está pensado en todo el país, no funciona. Estamos trabajando en diferentes escenarios posibles. Estamos haciendo una prueba en el troncal sur y norte. Llevamos 45 días de experiencia. Estamos analizando los troncales con rondines. Pero la ecuación financiera es que la empresa no puede afrontar el pago de los salarios”, describió.

Insistió en que Bariloche tiene los mismos subsidios que en 2018, al tiempo que tiene la misma cantidad de trabajadores, y los costos se incrementaron en un 70%.

“Los subsidios no alcanzan ni siquiera para el pago de salarios y las cargas sociales, menos aún para lubricantes, combustibles y cubiertas”, consideró.

“Hoy estamos preocupados. No puedo traer calma, es algo que nos desvela porque no encontramos una solución definitiva. Les estamos complicando la vida a los 20 mil usuarios, a los 254 empleados, a las personas que no pueden salir a trabajar porque su niñera no tiene colectivos para llegar hasta su casa. Es una cadena que sabemos que existe y estamos buscando soluciones”, concluyó el funcionario.

Diego llorente