“El poder judicial de Río Negro no es independiente”

Antes de llegar a El Foyel, en la tarde del lunes, el abogado de la comunidad Gallardo Calfu, Manuel Mansilla, proveniente de Bariloche, se demoró en la zona de vigilancia de gendarmería, ubicada unos quince kilómetros antes de llegar al paraje, por una cuestión relacionada con los permisos para transitar.

Allí, mientras trataba de solucionar el inconveniente, dialogó con El Cordillerano y afirmó que, hasta ese momento, no había recibido ninguna notificación de desalojo.

“Es una situación bastante compleja”, señaló.

El letrado contó que había asumido la defensa el viernes. Según explicó, en esa jornada le indicaron que habría una audiencia a las 19.

“Entonces manifesté que mis asistidos no podían salir del lugar, porque la policía se los impedía”, recordó.

“Se pidió una medida cautelar, en el marco del Código Procesal Penal, artículo 118, cosa que no se puede hacer si no se tiene la formulación de cargos, etapa preparatoria, debido proceso…”, siguió.

Aquel día, el juez Ricardo Calcagno desestimó el pedido de desalojo. “Su resolución fue ajustada a derecho”, consideró Mansilla.

“El sábado a la tarde me notificaron que se había presentado una impugnación”, narró el abogado de la comunidad.

“Convocaron a una audiencia para el domingo a las 9. Me presenté y planteé la nulidad, porque los actos procesales se realizan en días hábiles”, agregó.

Según Mansilla, “el juez Marcelo Álvarez Melinger dijo: ‘Acá hay gente privada de la libertad, lo que subsana el día inhábil’”.

“Ahí noté que el sistema acusatorio estaba contaminado, que no era imparcial, ni independiente”, opinó el letrado.

“Además, traía algo ajeno al proceso, porque tenemos una denuncia penal de usurpación, no de privación ilegítima de la libertad”, sostuvo.

En ese sentido, sobre la familia Soriani, el abogado expuso: “Por lo que me han comentado, ellos salen y entran, acompañados por la policía; cuentan con el apoyo del aparato estatal”.

“Esas personas están ahí por decisión propia, pero, hacia afuera, tienen un discurso de decir que están privados de la libertad”, agregó.

Mansilla explicó que había pedido la recusación del juez y los fiscales, aunque, sin embargo, la misma mañana del lunes lo notificaron de una audiencia a las 8, a la cual dijo que no asistiría (“Me tienen que dar un plazo razonable para ejercer una defensa eficaz”, se excusó).

 “Al rato me indicaron que la pondrían para las 8,30. Les dije que no, que debía hacer otras cosas”, expresó.

“A todo esto, desde la oficina judicial de Bariloche se comunicaron para ver si me presentaría a la audiencia de las 9. ‘¿Que audiencia?’, pregunté, si yo había planteado la recusación… Dije que había que seguir los pasos que dice el Código”, continuó.

“A las 10 me volvieron a llamar, y me avisaron que estaba la audiencia de revisión… ya con un tono fuerte. Contesté que no podía… Era la tercera audiencia en menos de dos horas”, añadió.

Mansilla opinó que “la determinación de querer desalojar ya estaba tomada”.

“Creo que es una decisión política y que el poder judicial de Río Negro no es independiente”, apuntó.

Más allá de eso, insistió en que no había recibido notificación alguna acerca del dictado de desalojo, y manifestó: “En cualquier caso, esa resolución sería totalmente nula, violatoria del debido proceso, de la Constitución Nacional, tratados internacionales… se estarían cometiendo varios delitos en cumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Luego, habló de irregularidades en la titulación del sitio que se presenta como eje del problema, y concluyó: “Este no es un grupo que, de un día para otro, decidió meterse en ese lugar; acá hay un conflicto de fondo que viene desde hace muchos años”.