Una vez más, pioneros de Colonia Suiza denuncian que los quieren desalojar

En estos días, cuando se habla de tomas de tierras que responden a distintos intereses, suena hasta irrisorio que los descendientes de los colonos que se asentaron en esa parte de Bariloche entre finales del siglo XIX y principios del XX, a partir del propio Estado argentino que impulsó su instalación, vean peligrar su lugar de residencia por un desbarajuste legal al que nadie sabe bien cómo desenredar… Resulta al menos extraño pensar en que el mismo juzgado (aunque con otro juez) que hace poco impidió el desalojo de las personas que se colocaron en un predio del INTA, en El Bolsón, desconoció hace unos años los derechos de esa gente que vive en Colonia Suiza, en su mayoría parientes de los inmigrantes que, en el pasado, fueron atraídos por el Gobierno nacional para ocupar, justamente, esos terrenos.

La historia se remonta hace muchos años atrás. Se trata de tierras que no están escrituradas pero que siempre habitaron los descendientes de Eduardo Goye. "En 1934, con la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, se decidió que todo terreno que no estuviera escriturado pasaría al Estado, puntualmente a lo que era el ministerio de Guerra”, narra el abogado Sergio Capozzi, quien, más allá de ser referente de una agrupación política, dice estar ahí como un vecino que apoya la situación de los descendientes de los colonos.

Osvaldo Rivas, descendiente de Eduardo Goye, quien vivió toda su vida allí, cuenta que pagaba tasas municipales por las seiscientas veinticinco hectáreas, de las cuales de sólo dos tiene la escritura: “hasta 2010, cuando calificaron a esta zona como semiurbana, en vez de rural, y de cobrar quinientos pesos por mes pasaron a pedir siete mil”.

“No hace mucho, nos mandaron una intimación por dos millones y medio de pesos…”, revela.

Rivas señaló que se conforma con que le confirmen los derechos sobre las hectáreas que los habitantes del lugar (una veintena de familias) puedan llegar a utilizar (quizá menos de cien), pero, más allá de todo, con cierto cansancio, enuncia su sentir sobre la situación, y el deseo que empuja a su lucha: “A veces da impotencia… No sé cuánto más voy a vivir, pero quiero que, en algún momento, mis hijos y mis nietos tengan una tranquilidad jurídica”.

Capozzi relata: “Ya en el nuevo siglo, un guardaparque hizo el relevamiento de los terrenos, y cuando llegó a este vio que, en catastro, decía que pertenecía al Estado nacional. Habló con sus superiores y se inició una demanda por desalojo contra Parra, Goye, Nielsen, Rivas… que eran los vecinos identificados. Les dieron diez días para que se fueran”. El abogado, entonces, lo fue a visitar y le contó lo que sucedía. “Decidimos contestar la demanda porque me pareció ridícula”, apunta el abogado.“Llevamos historiadores, un informe de la Universidad del Comahue, a una mujer que tenía casi cien años y brindó su testimonio…”, recuerda Capozzi.

El letrado rememora que “el juez de ese momento, en su sentencia, dijo que estaba absolutamente probado que la familia Goye y sus descendientes habían tenido estas tierras, a título de dueños, durante más de cien años… pero consideró que debían resolverlo por la vía política…”.

“Apelamos la sentencia en la Cámara de Roca, que nos dio la razón, porque dijo que las leyes que se mencionaban eran posteriores al tema en cuestión”, especifica.

Pero la historia no terminó ahí. “El Estado fue a la Corte Suprema de Justicia, que el 30 de julio de este año señaló que la Cámara no se manifestó sobre un tema que, para ellos, es importante: la Ley de Fronteras”, informa Capozzi.

El letrado opina: “Esto que dicen es un formalismo… está demostrado que cualquiera se puede instalar en una zona así, porque el territorio de fronteras está lleno de extranjeros. Pero, también, por el artículo 3 del Código Civil, las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario”.

Resta esperar, entonces, la decisión de la Cámara al respecto. “El problema fundamental es la incertidumbre”, sostiene Capozzi.

En torno a la situación de los terrenos en conflicto en Colonia Suiza, Capozzi menciona que “la primera excusa del Estado, para apoderarse de estas tierras, era que se iba a hacer un centro de esquí, con un teleférico, para uso del Ejército”.

El abogado indica que, en la década del 30, “desde el ministerio de Guerra, se pidió el lote con fines de utilidad pública”.

En ese sentido, dice que “una partida de soldados se hizo presente y, a punta de fusil, intimó a desalojar”. Los colonos no se fueron. “Decidieron resistir, aún a riesgo de perder la vida”, señala Capozzi.

En la actualidad, los miembros del Ejército realizan prácticas en el Catedral. Es muy poco probable (por no decir imposible) que se lleve a cabo un emprendimiento monumental para ejercicios militares. “No van a hacer un teleférico ni un centro de esquí, entonces, ¿para qué quieren estas tierras?

¿Se las van a sacar a los Goye y sus herederos para hacer un negocio inmobiliario?”, se pregunta el letrado. En ese sentido, cita lo que sucede con el predio de Campo de Mayo: “El Estado argentino trata de venderlo. ¿Cuál es el objetivo? Hacerse de dinero. Lo curioso es que esas tierras fueron donadas al Ejército con una condición: que sirvieran para la instalación de cuarteles, por lo que los herederos del cedente se oponen a la venta, y pretenden que, de insistir en ello, los terrenos vuelvan a la familia que las entregó”.

Y, más allá de todo, en tiempos donde las tomas se propagan en diferentes partes del país –un tema que afecta a Bariloche de manera particular–, surge el temor de que haya quien quiera aprovechar el embrollo legal que afecta a Colonia Suiza para colocar un asentamiento.