Publicidad
 
18/09/2020

Bariloche extendió hasta fin de año, la emergencia económica, social y de servicios

Foto archivo
Foto archivo

El Concejo Deliberante sancionó por unanimidad una nueva prórroga de esta norma que dota al Gobierno Municipal de herramientas administrativas excepcionales para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 de la mejor manera y evitar la burocracia tradicional del Estado.

La ordenanza había sido aprobada en marzo pasado y prorrogado en el mes de junio. Ahora se extiende por otros 90 días, hasta fines del mes de diciembre. La aprobación se dio en la sesión de este viernes, que se realizó de manera virtual, debido a que uno de los concejales está en aislamiento, producto de haber mantenido un contacto estrecho con una persona infectada de coronavirus.

La iniciativa del intendente Gustavo Gennuso, con el fin principal de declarar la emergencia económica, social y de servicios en la ciudad, en virtud de la pandemia sobre la que alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19 y los decretos de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional y Provincial.

Los ediles decidieron prorrogarla hasta fines de diciembre, es decir, por otros 90 días. La ordenanza define al Departamento Ejecutivo como única autoridad de aplicación y se lo faculta a implementar medidas “rápidas, eficaces y urgentes”, para garantizar una atención social y de servicios adecuada en el marco de la emergencia, a través de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios.

El concejal oficialista Carlos Sánchez sostuvo que en el último tiempo se ha agravado la situación sanitaria de la ciudad y que es necesario darle premura a algunas cuestiones que generen “soluciones eficaces”, para lo que cree vital la prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre.

Resaltó que el gobierno de Gustavo Gennuso ha acompañado a las familias barilochenses en materia alimentaria, donde se hizo “una inversión muy potente, eso ayudó mucho”.

También destacó las inversiones realizadas para el normal funcionamiento de la Municipalidad y las implicancias que esta decisión tuvo en la planta de trabajadores municipales.

La edil del FDT Julieta Wallace dijo que “no es cierto que somos parte de las decisiones que se toman”, se refirió a la apertura al turismo que se prevé desde el gobierno y requirió en esa línea, información de cómo se brindarán los servicios a los visitantes. Y deseó que ésta sea la última prórroga, y que a fin de año el panorama sea más alentador que en la actualidad. Por último, remarcó que la comisión de seguimiento no sesionó semanalmente, como debiera haber sido.

Por su parte, Pablo Chamatropulos (POBAR), pidió reciprocidad del oficialismo en la predisposición de los proyectos y pidió que el Deliberante tenga protagonismo relevante en los tiempos que se vienen respecto de las aperturas al turismo para que esas decisiones tengan legitimidad. Recordó que al intendente lo votó sólo el 33% y que a los concejales en su totalidad, los eligió el 100% de los electores. “Es hora que los concejales tengamos un rol en el proceso de decisiones, eso nos va a dar una tranquilidad a la comunidad en conjunto, con decisiones más ajustadas a lo que la ciudadanía demanda”, opinó.

De qué se trata

La ventaja que genera esta declaración de emergencia social, económica y de servicios, es que en este lapso, se pueden hacer dichas adquisiciones o contrataciones, “sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad de Bariloche, debiendo tramitar con especial y prioritario despacho”. Aunque el Ejecutivo debe informar al respecto a la comisión de seguimiento y publicar las resoluciones correspondientes en la página web oficial.

La norma habilita a suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas, en el marco de la respuesta integral de la emergencia.

Por otra parte, se dispone que todos los obreros y empleados municipales, independientemente del rol o tarea que normalmente desarrollan, serán convocados a la prestación de servicios con afectación general y a la evolución de la situación epidemiológica y de emergencia declarada. Se deberán poner a disposición los insumos necesarios para el desarrollo de las tareas a efectos de garantizar óptimas condiciones de salubridad.

También autoriza a realizar “una readecuación en los plazos, vencimientos y mecanismos de pago en relación a las obligaciones derivadas de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria vigentes, en forma exclusiva y en favor de aquellos rubros y actividades que se vieran afectados por la aplicación de medidas restrictivas para la producción de bienes, prestación de servicios o la atención de público, en el marco de la emergencia, siempre y cuando los beneficiarios de estos mecanismos mantengan la dotación de trabajadores igual o mayor a la que tenían el 29 de febrero del corriente año”.

Diego Llorente/ Foto ilustrativa: Facundo Pardo