La Unión de Inquilinos señala una falta de respuesta de los fiscales ante las denuncias por abusos de propietarios

Una madre soltera denunció abusos por parte de la propietaria de la vivienda que alquila, que quiere desalojarla pese a que un decreto presidencial lo impide. Tenía el alquiler al día, pero le cortaron los servicios, le robaron dinero y pertenencias, y hasta la amenazaron frente a policías “conocidos” de la propietaria. 

La semana pasada el presidente Alberto Fernández anunció que el decreto se extenderá, y desde las organizaciones de inquilinos esperan la oficialización “para llevar tranquilidad y descomprimir muchas situaciones en las familias”.

El Cordillerano dialogó por este caso, con Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, quien está al tanto de la situación, ha acompañado a la afectada y se mostró muy molesto por la falta de respuestas, pese a las denuncias realizadas por la locataria.

“El papel de los fiscales que conocen el caso y recibieron las denuncias dejaron a esta inquilina desprotegida y expuesta a una situación de violencia en aumento. No tomaron hasta el momento ninguna medida que tienda a proteger la integridad de la víctima, ni tampoco que resolviera algunos de los aspectos denunciados”, consideró.

“Pero eso no es todo, Florencia le dijo a los fiscales y a la Policía que fue hasta el lugar, que sabía que las pertenencias robadas estaban en la casa de la propietaria, y le dijeron que no podían hacer nada. Pero el colmo de todo, es que vayan efectivos policiales a apretar a una inquilina junto a la propietaria, y ser particípese de las amenazas”, señaló Díaz.

“Esto se debe a que los fiscales no están actuando con velocidad, y permiten que la violencia crezca. La verdad que la reunión con el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, no modificó demasiado las cosas, porque las inquilinas siguen estando expuestas a extremas situaciones de violencia”, opinó.

Diego Llorente