Movimiento por los Derechos de la Infancia apoya el “aporte” de empresas no radicadas en Bariloche

Diversas organizaciones que están dentro de este Movimiento, fijaron su postura respecto del proyecto de ordenanza que busca generar un “aporte especial” a las empresas de comercios y de servicios que poseen su domicilio legal, sede central o asiento principal de sus actividades, fuera del ámbito de Bariloche.

A través de una nota dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Almonacid, las organizaciones sociales y gremiales que conforman el Movimiento por los Derechos de la Infancia de Bariloche, expresaron su apoyo al proyecto de ordenanza que crea un Fondo Fiduciario para atender las necesidades más urgentes.

“El apoyo se basa en que esa normativa tiene como destino específico la realización de obras y/o mejoramiento de infraestructura y equipamiento destinados a mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de los sectores vulnerables de San Carlos de Bariloche”, señalaron.

“Por lo que consideramos en la actual crisis social y económica provocada por el COVID-19 y que atraviesan las infancias más vulneradas de nuestra ciudad, es de vital importancia tener un fondo con fin específico, para mejorar infraestructura para dicha población que ayude a garantizar derechos”, se agregó.

El Movimiento por los Derechos de la Infancia Bariloche está conformado por la Fundación Gente Nueva, el Colectivo al Margen, el Grupo Encuentro, Construyendo Proyectos Barriales, UnTER seccional Bariloche, la Pastoral Penitenciaria, la CTA de los Trabajadores Bariloche y la Escuela Antu Ruka.

Esta entidad solicitó que su posicionamiento se agregue al expediente de dicha iniciativa, que ya se encuentra en tratamiento actualmente, en la comisión de Gobierno y Legales del Concejo Deliberante, luego de haber tenido dictamen favorable en comisión de Economía.

El proyecto de ordenanza del bloque del Frente de Todos, propone un “Fondo Fiduciario para atender necesidades más urgentes”, donde se busca la creación de “un aporte especial”, por parte de empresas de comercios y servicios, que posean su domicilio legal, sede central o asiento principal de sus actividades, fuera del ejido de Bariloche, pero que desarrollen actividades en esta ciudad. La contribución consistiría en una suma fija anual, dividida en escalas.

Esa escala se divide de la siguiente forma: la empresa debería pagar el equivalente a 30 mil módulos fiscales, “cuando su facturación anual resultare superior a 100 millones de pesos e inferior a 200 millones. De 100 mil módulos fiscales cuando su facturación anual, sea superior a 200 millones de pesos e inferior a 400 millones. Y de 250 mil módulos fiscales, cuando su facturación anual sea superior a los 400 millones de pesos”. La facturación se obtendrá de la declaración jurada correspondiente a la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene presentada a la Municipalidad.

La misma propuesta crea un Comité de Administración conformado por miembros del gabinete, concejales, un representante de los empresarios aportantes, otro de alguna organización sindical, uno de una central de trabajadores y otro de una universidad nacional.

La mitad del dinero recaudado con este Fondo estaría destinado a realizar obras y/o mejoramiento de infraestructura en barrios y la otra mitad de lo recaudado, sería utilizado para la realización de obras y/o mejoramiento de infraestructura y equipamientos necesario para el desarrollo de actividades educativas, culturales, deportivas o recreativas destinadas a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de los sectores vulnerables de Bariloche.

La Cámara de Comercio local ya difundió su postura al respecto y sugirió a los ediles que se rechace esta propuesta, para facilitar la llegada de inversiones a la ciudad, entre sus principales fundamentos.

Diego Llorente