Ingreso Ciudadano Universal

En las últimas semanas el debate sobre el Ingreso Ciudadano Universal se ha venido potenciando por la pandemia de COVID-19. Parece importante escribir estas líneas a raíz de un debate muy intenso que se debe dar, para entender la dimensión de esta política y el papel del Estado en nuestros días.

¿A qué se hace referencia al hablar de Ingreso Ciudadano Universal? Pues bien, y dicho en criollo, el Ingreso Básico Universal o Renta Básica Universal consiste en una transferencia de activos que el Estado realiza a las personas por el único hecho de ser ciudadano/a. No hay en este tipo de programas una condicionalidad para recibir el beneficio, por ello se distingue de, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que exige escolaridad y certificado de salud de los hijos/as a cargo para mantener el beneficio.

La crisis en la que nos vemos sumergidos ha hecho que en el mundo y en la Argentina, este viejo debate que nace con el economista belga Van Parijs, tome fuerza. Existen algunos antecedentes de aplicación de esta política en algunos lugares del mundo. En este sentido, se puede visualizar como caso más emblemático el de Alaska, en el cuál se le otorga a los residentes que tengan más de un año viviendo en ese Estado, una suma de 2.000 dólares anuales, que son financiados por los fondos petroleros.

En América Latina han existido planes de transferencias condicionadas como los que hemos visto en el país con la AUH, Progresar, Planes Jefes y Jefas de Hogar, o los que se pudieron ver en países como Brasil con la Bolsa Familia. No ha existido por ahora en ningún país un Ingreso Ciudadano Universal, sin ningún tipo de limitación, o exigencia por parte del Estado.

La parálisis económica mundial ha hecho que en países como España, Colombia o México se comience a abrir el debate sobre una Renta Básica que asegure que ninguna persona caiga por debajo de la línea de la pobreza. En Argentina el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que el gobierno nacional avanza en este debate de instaurar un mecanismo que establezca un Ingreso Universal de base para las personas en estado de vulnerabilidad. En cuánto a la aplicación de dicha política, el ministro señaló que su implantación debería ser por consenso y por etapas ya que es un impacto fiscal importante.

En consonancia con lo expuesto, podemos pensar en la factibilidad de un Ingreso Ciudadano en el país. ¿Tiene acaso el Estado argentino capacidad estatal para afrontar un tipo de política de tal envergadura? ¿Cómo puede afectar esto al impacto inflacionario? ¿Cuál es el rol que debe tener el Estado en la aplicación de un programa de tales características? Para responder esto, se entiende que debe existir una reestructuración del sistema de seguridad social y tributario argentino. La Renta Básica Universal no se puede aplicar aisladamente, es necesario debatir qué se hace con los demás planes sociales existentes, si estos se unifican detrás de un Ingreso Ciudadano; la manera de financiamiento; y que no termine siendo una política clientelar. Este tipo de política es aplicable tanto al que es rico como al que es pobre, y es aquí donde quizá algunos paguen más impuestos que lo que reciban de Renta Básica. Por ello, debe buscarse la manera más equitativa y sostenible para el beneficio de la mayor parte de los habitantes del territorio.

Por último, esto implica un cambio de cultura, en el cuál se entienda que estas políticas públicas son un derecho que pertenece a las personas, y no que da o quita el Estado. Sin dudas es una política de gran impacto, que puede impulsar a muchas personas a salir de la crisis y en el mejor de los casos ayudarlos a emprender un negocio. De aquí la importancia de su correcta aplicación, su monitoreo y posteriores evaluaciones.

Matías Olivera, estudiante barilochense de 5° año de la Carrera de Ciencia política y Administración Pública de la UNCuyo.
Militante de la Unión Cívica Radical