Denuncian que propietarios han intentado desalojar familias, a pesar de que no pueden hacerlo

Desde la entidad que nuclea a los alquiladores ya se han puesto en contacto con la Justicia, para evitar la continuidad de estos casos. Recordaron que una disposición del presidente no permite desalojos ni aumentos hasta el 30 de septiembre.

El titular de la Unión de Inquilinos Río Negro, Roberto Díaz, señaló a El Cordillerano: “la situación está cada vez más compleja. Hoy los inquilinos atraviesan un proceso creciente de endeudamiento por la imposibilidad de generar ingresos”.

“Aun levantando la cuarentena, es difícil que la rueda económica gire al ritmo suficiente como para comenzar a pagar alquileres y desendeudarse al mismo tiempo. Por eso, creemos que es muy importante que el Decreto 320 se extienda, y darle tiempo a la economía a que comience a mejorar y pagar las deudas, o bien que el Estado Nacional pague los alquileres. Lo que hay que evitar sin lugar a dudas, es el conflicto social entre las partes, y la ola de desalojos y juicios producto de la presión del mercado inmobiliario”, agregó.

Cabe mencionar, que el Decreto 320 firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández fue decidido en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541.

Entre sus puntos más salientes, se destaca que se dispone el congelamiento del precio de las locaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Durante la vigencia de esta medida se deberá abonar el precio de la locación correspondiente al mes de marzo pasado. Además, prevé que las deudas que se generen entre hasta el 30 de septiembre, serán abonadas en cuotas posteriores a la vigencia del DNU. Y durante el período previsto no estarán permitidos los desalojos.

Sin embargo, Díaz señaló a este diario que “la crisis que genera esta pandemia, ha mostrado la peor cara del mercado inmobiliario, que presiona y hostiga a los inquilinos a pagar aumentos, firmar contratos, o intentar desalojarlos, pese a que el decreto impide cada una de esas cosas”.

“En estos últimos días, se está registrando una oleada importante de violencia de parte de los propietarios hacia inquilinos e inquilinas, que habiendo pagado los alquileres pactados sufrieron amenazas, violentaron las viviendas, y en el caso de una familia, el propietario entró y se quiso llevar un celular ante la mirada de dos menores y su mamá”, añadió.

El referente de los inquilinos, opinó que es muy importante la presencia del Estado para regular la relación entre las partes, “sabiendo que existe una relación de asimetría entre los propietarios, las inmobiliarias y los inquilinos”.

Por tal motivo, la semana pasada se reunió por teleconferencia con Ezequiel Palavecino del Centro de Acceso a la Justicia, Ariel Alice que es el defensor general, y Jorge Crespo, el procurador general de Justicia, para poder hablar de todos los casos de violencia hacia los inquilinos, pero sobre todo hacia las inquilinas.

“Estamos conformes con la reunión, porque el procurador, muy atinadamente ofreció realizar un protocolo de actuación para fiscales y policía para que se puedan denunciar los delitos. La presencia del Estado es vital para evitar una tragedia”, concluyó.

Diego Llorente