Se prorrogó la emergencia económica, social y de servicios

El cuerpo legislativo sancionó por unanimidad, la prórroga de esta norma que dota al gobierno municipal de herramientas administrativas excepcionales para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 de la mejor manera y evitar la burocracia tradicional del Estado.

La ordenanza había sido aprobada en marzo pasado, por iniciativa del intendente Gustavo Gennuso, con el fin principal de declarar la emergencia económica, social y de servicios en la ciudad, en virtud de la pandemia sobre la que alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19 y los decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional y provincial.

En la sesión de este jueves, los ediles decidieron prorrogarla hasta fines de septiembre, es decir, por otros 90 días. La ordenanza define al Departamento Ejecutivo como única autoridad de aplicación y se lo faculta a implementar medidas “rápidas, eficaces y urgentes”, para garantizar una atención social y de servicios adecuada en el marco de la emergencia, a través de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios.

La ventaja es que en este lapso, se pueden hacer dichas adquisiciones o contrataciones, “sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad de Bariloche, debiendo tramitar con especial y prioritario despacho”. Aunque el Ejecutivo debe informar al respecto a la Comisión de Seguimiento y publicar las resoluciones correspondientes en la página web oficial.

La norma habilita a suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas, en el marco de la respuesta integral de la emergencia.

También autoriza a realizar “una readecuación en los plazos, vencimientos y mecanismos de pago en relación a las obligaciones derivadas de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria vigentes, en forma exclusiva y en favor de aquellos rubros y actividades que se vieran afectados por la aplicación de medidas restrictivas para la producción de bienes, prestación de servicios o la atención de público, en el marco de la emergencia, siempre y cuando los beneficiarios de estos mecanismos mantengan la dotación de trabajadores igual o mayor a la que tenían el 29 de febrero del corriente año”.

Por otra parte, se dispone que todos los obreros y empleados municipales, independientemente del rol o tarea que normalmente desarrollan, serán convocados a la prestación de servicios con afectación general y a la evolución de la situación epidemiológica y de emergencia declarada. Se deberán poner a disposición los insumos necesarios para el desarrollo de las tareas a efectos de garantizar óptimas condiciones de salubridad.

Diego Llorente