PESE AL RETIRO DE LA DENUNCIA MUNICIPAL

| 20/03/2020

La fiscalía continuará investigando a los ocupas

Mariano Colombo

Pese a que el municipio optó por retirar la denuncia contra los participantes de diversas tomas que se dieron durante los últimos meses en la ciudad, la fiscalía podría continuar con la investigación por tratarse de un delito de acción pública. La comuna busca darle una salida política a la comisión de ilícitos penales.

El vicepresidente del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, Nicolás Pedernera, se comprometió ante los vecinos que participaban de diversas tomas de tierras en la ciudad y horas después el municipio retiró la denuncia que había presentado por el delito de usurpación y que derivó en la formalización contra varias decenas de personas por las ocupaciones que se desplegaron en diversos barrios de la ciudad.

Pese a ello, el Ministerio Público Fiscal tendría la decisión tomada de avanzar en la investigación de los hechos que están estipulados en el Código Penal  y que comprenden un ilícito que se castiga con penas de prisión. Es que la usurpación, es un delito de acción pública, por lo que la fiscalía perfectamente puede actuar de oficio e impulsar la investigación, sin la necesidad de que un privado o en este caso el Estado, presente su denuncia.

Por ello, de poco valen las palabras de Pedernera cuando en una reunión con los jóvenes que participaban de las distintas ocupaciones, afirmó que el municipio retrocedería y retiraría las denuncias planteadas ante la fiscalía. Así, la investigación por las al menos cuatro causas iniciadas, debido a las ocupaciones ilegales de terrenos municipales en distintos puntos de la ciudad, podría continuar una vez que se reanude la actividad judicial, actualmente suspendida por motivos de público conocimiento. Vale mencionar que en uno de los casos no fue el municipio el denunciante, sino que fue la Cooperativa 258, titular de uno de los predios afectados por la toma. Además, dicha organización cooperativa, se constituyó como querellante en la causa que promovió.

No obstante la falta de precisiones, en todos los casos que se formularon cargos a distintos grupos de jóvenes que participaron las tomas, el fiscal Tomás Soto y el adjunto Gerardo Miranda, manifestaron en todas las audiencias de formalización, que buscarían una solución al conflicto sin necesidad de tener que llegar a condenas penales.

La cuestión está especialmente prevista en el Código Procesal Penal  rionegrino y establece que los jueces y fiscales, deberán propender a la solución del conflicto primario y la pacificación social, por lo que más allá de la voluntad municipal de retirar las denuncias y no judicializar las ocupaciones ilegales de tierras, el Ministerio Público Fiscal podría buscar resolver la cuestión a través de los mecanismos de conciliación o criterios de oportunidad.

 

 

FOTO: TOMAS. EPÍGRAFE: El Ministerio Público Fiscal podría avanzar por más que la municipalidad retiró la acusación.

 

 

 

 

Mariano Colombo

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