“A lo que apuntamos con esto es que nos digan si se promueve o no el juicio a funcionarios”

Lo dijo el concejal de Bariloche por el Cambio, Ariel Cárdenas, en el marco de la solicitud de  investigación presentada al Tribunal de Contralor para determinar responsabilidades a los funcionarios. “Le toca al Tribunal investigar y definir las responsabilidades individuales”, afirmó.

Este jueves por la mañana, en diálogo con Antonio Zidar, conductor de El Expreso Periodístico por El Cordillerano Radio (93.7), el concejal Ariel Cárdenas (BxC) dio detalles sobre el proyecto presentado en el Concejo Deliberante al Tribunal de Contralor, para determinar la responsabilidad a los funcionarios electos, y/o designados a cargo de áreas, actuantes al momento de los hechos, tras el fallo que condenó a la comuna a indemnizar a la empresa 3 de Mayo con alrededor de cien millones de pesos.

En este sentido, Cárdenas comentó que en el proyecto de comunicación presentado se requiere al Contralor que evalué la puesta en marcha de lo contemplado en el inciso 12 del artículo 59 de la carta, “que no es ni más ni menos que promover los correspondientes juicios de responsabilidad a funcionarios electos y designados a cargo durante la gestión de 2014, por la incautación de los bienes de la empresa 3 de Mayo”.

Asimismo destacó que el inciso 12, que habla de los deberes y atribuciones del Tribunal de Contralor, dice que se debe promover el juicio de responsabilidad y de cuentas a funcionarios y empleados, aun después de cesar en sus cargos, y a todos sus efectos por extralimitación o cumplimiento irregular de acuerdo al procedimiento establecido por ordenanza.

Cabe mencionar que días atrás se conoció que mediante la Resolución Judicial de fecha 17 de febrero, el Juez Mariano A. Castro a cargo del Juzgado Civil N°1 de Bariloche, dio lugar a la demanda presentada por la empresa “Micro Ómnibus 3 de Mayo S.A” por daños y perjuicios.

La empresa presentó la demanda tras la baja del servicio y la incautación de bienes, durante el gobierno la ex intendenta María Eugenia Martini, actual legisladora por el Frente de Todos.

En este sentido la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, dentro del plazo de 10 días de notificada deberá abonar a ‘Micro Ómnibus 3 de Mayo S.A’ la suma de $22.302.260 en concepto de capital, más los intereses. Además de los montos correspondientes a los honorarios de los abogados, motivo por el cual la suma asciende a los casi 100 millones de pesos.

“Lo que intentamos saber es que, de haber alguna irregularidad, aparte de la intendente de ese momento, conocer quiénes son los funcionarios a los que les cabe responsabilidad, eso es deber del Tribunal de Contralor, de estudiarlo y de ver como lo ejecuta hacia adelante”, afirmó Cárdenas.

En este contexto, destacó que se encuentran concentrados en saber si hay responsabilidades, “porque no estamos de acuerdo que el Municipio y el pueblo tengan que pagar los casi 100 millones de pesos, de acuerdo al fallo del doctor Castro”.

“A mí me hacen ruido las decisiones erróneas que se toman, no es el único tema lo de 3 de Mayo, queremos nosotros saber hasta donde el pueblo de Bariloche tiene que pagar por estas decisiones de una persona que en ese momento fue funcionario, quien fue electo y tomó determinaciones que supuestamente era lo que le convenía a la ciudad y al pueblo”, dijo el concejal.

También opinó que sería bueno que en vez de tomar decisiones unánimes se sume al conjunto y, en su defecto, se haga participar a todas las partes cada vez que se toma una decisión. “Creo que por ahí pasa un poco el tema, hoy no estamos teniendo un dialogo social como en otros años, no solamente en Bariloche sino a nivel nacional. Cada decisión que tomemos tienen que ser con los sectores trabajando dentro de las mesas, sino es como que tomamos determinaciones por lo que uno piensa o cree y por ahí no es lo que necesita el pueblo”.

Finalmente informó que, además del proyecto presentado en el Concejo Deliberante, se envió una nota al despacho de gobierno comunal, ante una resolución que tiene carácter reservado y debería ser pública.

“Hay una resolución que nombran constantemente, que es la 6129-2014 de la intendencia, entonces nosotros cuando empezamos a analizar el tema fuimos a buscar la resolución pero no se encuentra en el sistema, que debería ser pública. Por eso el viernes, cuando entregamos el proyecto en el Concejo, mandamos una nota al despacho de gobierno para que nos digan que dice exactamente esa resolución y nos encontramos con que tenía carácter reservado. Ayer por la mañana nos informaron que se iba a liberar, pero no sabemos quién la reservó”, aseveró.