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TERCERA PARTE

08/01/2020

A 30 años de la relocalización de barrios a las 34 Hectáreas

A 30 años de la relocalización de barrios a las 34 Hectáreas
Varios barrios integran hoy las 34 Hectáreas. (Foto Internet)
Por: Wilge Delgado

En la continuidad de recordar el proceso de relocalización de barrios a las 34 Hectáreas, encontramos diferentes expresiones de entonces de parte de vecinos de distintos barrios. La IB (interbarrial) fue el espacio en el que los presidentes de las juntas vecinales expusieron sus dudas, miedos y alternativas. Uno de los temores fue el estado en el que quedarían las viviendas al ser desarmadas. La entonces intendenta, María “Chiche” Costa prometió “la reposición de partes de las viviendas que se dañen al ser desarmadas”.

Del traslado a los proyectos productivos (1992/1994)

De Ricardo Daniel Fuentes

Con las nuevas autoridades en el gobierno -el Partido Justicialista había triunfado en las elecciones de agosto de 1991- la problemática de los barrios entraba en un impasse. Hasta que la nueva administración se pusiese en marcha, rearmara una planificación y consiguiera recursos para realizar la obra, pasarían varios meses. Los vecinos esperaban el cambio en la propuesta política municipal y establecer nuevas relaciones de cooperación.

Existía la ilusión de que la obra de las 34 Hectáreas se convirtiera en realidad. El Grupo de Apoyo (GA) realizó un video con el propósito de presentarle el problema socioeconómico de los distintos barrios a la intendenta María Costa y su gabinete. La proyección se realizó en el CD -conferencia de prensa mediante- y, a su finalización, la intendenta se comprometió a conseguir los recursos para concluir la relocalización.

Para el GA, las esperanzas de mejorar las relaciones con el Estado se diluirían pronto.

El nuevo problema fue el Proyecto Comunitario Integral presentado por las nuevas autoridades ante Nación, con el objetivo de recibir fondos y apuntalar material y productivamente al nuevo espacio; proyecto de cuya existencia los vecinos aseguran haberse enterado poco antes de su aprobación, en mayo de 1992.

Es que para la organización interbarrial el proyecto no los contemplaba como sujetos activos y de pronto todo un barrio estaba en un papel: se les prometía no solo los “5 puntos” sino también microemprendimientos productivos: bloqueras, panaderías, fábricas de dulces, huertos-granjas, cursos de perfeccionamiento, etc. Los funcionarios del área Obras Públicas insistían en que el propio ministro Aráoz pondría la piedra fundamental, pero, según algunos referentes esto sería si la IB garantizaba gente en el acto. Según miembros del GA, el justicialismo tenía el mismo recelo por la IB y el GA que la gestión anterior, al intentar descalificar a la IB desde que advirtieron en ésta una actitud menos oficialista de la que habían supuesto:

“La IB estaba manejada por un grupo de zurdos que desconfiaba de todos. Descubrimos que existían ‘ruidos’ en la comunicación de la gente común, los líderes y el Ejecutivo” (Cecilia).

Allí comienza el diseño de una nueva relación entre el poder político: los contactos entre el Ejecutivo y los vecinos, por intermedio de un grupo de profesionales -asistentes sociales, arquitectos y sociólogos- buscando seleccionar contactos con los referentes y centralizar las demandas barriales en la coordinación ínter áreas. Para el GA el objetivo final del municipio era reemplazar progresivamente a la IB y al GA, hacer, relocalizar, utilizando para ello los recursos asistenciales.

En relación al tema, resulta significativo el testimonio de un dirigente interbarrial, tomado a 10 años del traslado: “creo que un poco quedamos en el medio de un tironeo entre los políticos y el GA. Se contaban muchos puteríos (...) Después nos enteramos que los del GA cobraban sueldo, que ellos también tenían definido qué hacer con nosotros de antemano”.

“Nos dejaron en las 34”. La nueva administración comenzó a acelerar los tiempos pensados para la relocalización. El plazo máximo que tenían los barrios para desalojar los terrenos privados era el 15 de abril de 1993, luego del cual se efectivizaría la sentencia de desalojo por orden judicial. Según relevamientos propios, durante la primera semana de abril de 1993 ocurrieron las primeras mudanzas: tres familias instaladas al norte de las 34 hectáreas y siete en inmediaciones de la Ruta Provincial 258 (actual Ruta 40). Un mes más tarde la ocupación efectiva de los terrenos se había multiplicado.

El trabajo de integrar a la gente a la nueva realidad fue confiado a un equipo interdisciplinario. El propósito de estos profesionales era lograr en la gente un sentido de pertenencia al nuevo espacio y generar vínculos solidarios entre sus integrantes para convertirlos en partícipes de lo nuevo:

“Tratábamos de fomentar la adaptación a la nueva realidad abriendo el juego, que cada barrio pudiera elegir su ubicación, visitar sus futuros lotes, planeamos jornadas de desmalezamiento, etc.” (Janeth L.).

Según esta funcionaria la gran resistencia de esta gente eran producto de tantos años de mentiras y engaños. “Tuvimos que convencerlos de que no se los iba a dejar en un páramo sin nada, que agua y luz habría, a pesar de que estarían lejos del centro”.

Las promesas políticas y la certeza de contar por primera vez con algo propio, fueron los elementos principales para vencer la resistencia de la gente al traslado.

El programa de desarrollo comunitario integral

El Programa Federal de Solidaridad (PROSOL) dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación aceptó el proyecto elaborado por el área Técnica del municipio, evaluándolo como experiencia piloto en el país y asignó los fondos necesarios para la relocalización de la primera etapa -$500.465- más un subsidio de $101.200 para contratar a los profesionales necesarios para realizar un diagnóstico socio-demográfico de los barrios y equipar al área de desarrollo. Se esperaba contar con una partida adicional de 1 millón y medio de pesos-dólares para concluir el Proyecto. El objetivo general del Programa 34 Hectáreas era solucionar el problema de la tierra y contribuir a lograr una vivienda digna así como la inserción en forma estable en el mercado laboral de las personas trasladadas. Es decir integrar a los sectores marginales a la vida de la ciudad. Entre los objetivos específicos del documento figuran:

- Generar un polo de desarrollo e integración económica-social en una nueva área del ejido.
- Generar con la recuperación de las inversiones, un fondo de recursos destinados a la promoción de la vivienda y polos productivos en otros barrios con problemas similares.
- Lograr el desarrollo integral del barrio.
- Lograr la integración del barrio como tal.

“Le planteé al presidente Menem la necesidad de crear fuentes de trabajo. Él me ofreció capacitar una persona para trabajar en eso. Se hizo cargo mi hijo recibido de sociólogo en la Secretaría de Relaciones con la comunidad, en Buenos Aires, le enseñaron a evaluar proyectos: esto es difícil porque un microemprendimiento tiene que ser rentable, si no fracasa, se convierte en un préstamo” (María S.).

“Para la oposición, esos subsidios fueron préstamos: Los microemprendimientos consistieron en montos que llegaban a los $7.000 otorgados a cada proyecto particular que creara fuentes de trabajo. Si bien es cierto que algunos microemprendimientos funcionaron, su aplicación en las 34 Hectáreas estaba condenada a fracasar: ¿De qué capital inicial podrían disponer sus habitantes? ¿Qué garantías de reposición existían del capital invertido?” (Alejandro).

De los $500.465 pesos-dólares (según la convertibilidad de la época) iniciales, gran parte fue destinada a construir la infraestructura edilicia -los galpones y el Centro Comunitario- para el funcionamiento de microemprendimientos. Queda la duda si las posibilidades de la comercialización de los productos a elaborar fueron tenidas en cuenta por los técnicos responsables. Los emprendimientos ¿estaban en condiciones de competir exitosamente y con respaldo constante en un mercado restringido, con las grandes empresas del ramo?

La Fábrica de Bloques destinada originalmente a la construcción de viviendas para el barrio, funcionó unos meses, fundamentalmente para elaborar los bloques del Centro Comunitario. Al respecto, es significativa la forma en que se construyó el mismo: fue realizada por una empresa privada a pesar de la solicitud de concesión de la obra por parte de la cooperativa de trabajadores de las 34 Hectáreas, formada por la IB. La obra fue a licitación y el municipio se desligó de su construcción directa y comunitaria como hubiera sido coherente con el proyecto original. El municipio dejó de ser ejecutor y se adecuó a los tiempos nacionales, había que delegar todo en sectores empresariales. Una arquitecta del GA afirmaba: “con gente del barrio habíamos hecho una especie de convenio con el SOYEM -Sindicato de Obreros y Empleados Municipales- para presentarse a la licitación que perdimos porque la empresa que ganó achicó en los sueldos y terminó pagando 2 pesos la hora de trabajo, de esta forma bajaron los costos en función del precio final” (Mónica G.).

Estos desaciertos son ilustrados por los testimonios de los vecinos con la cruzada que llevaba adelante un funcionario de Obras Públicas que insistía en exigir que las edificaciones en los lotes se ajustaran estrictamente a las normas vigentes, intentando “legislar la realidad”: “Los tipos venían y decían: No, no pueden hacer el gallinero acá, que daba a la calle, iba a dar mal aspecto y esas cosas. En un terreno chico muchas veces se superponen varias casitas: el hijo y su familia que vive en el fondo, un pariente, etc. A la gente le costaba entender que no podían construir un galpón con latas y a los funcionarios les costaba entender la realidad” (Noemí B.).

“El desacople entre lo político y lo técnico generó conflictos no solo con la comunidad sino también en el funcionamiento de los gabinetes municipales. Los responsables de economía y obras públicas no tenían en cuenta que los que daban la cara a los vecinos éramos nosotros, los políticos. A ellos les importaban los numeritos o las formalidades de las normas” (Cecilia).

“La diferencia entre el área técnica y ejecutiva te digo que no la tenía muy clara, y hoy te puedo decir que fueron marcadas. Es difícil encontrar buenos técnicos con capacidad política. A mí me pasó que he tenido buenos técnicos que no entendían nada de política. Me di cuenta de esto mucho después de que me fui de la Intendencia” (María S.).

El proyecto “34 Hectáreas una unidad productiva”

El GA elaboró, a principios de 1992, un proyecto productivo para las 34 Hectáreas. La idea central era que a la tierra había que hacerla producir. El objetivo consistía en iniciar un proceso de modificación en las formas de producción que le permitiera a la comunidad, desde sus saberes personales, una producción diversificada de animales y aves de corral, ya sea para su sustento propio, la socialización del excedente o para su comercialización.

El grupo asesor consiguió financiación de organismos no gubernamentales para comenzar una experiencia piloto de autogestión. La experiencia se desarrolló durante 1992 y 1993. Un año después solamente la mitad de las familias beneficiadas continuaban con el programa. Posiblemente, por lo que se desprende de lo observado, algunas pautas culturales profundamente arraigadas en los vecinos, la incomunicación con el Estado Municipal, sumada a una serie de problemas técnicos, recelos personales y desaciertos en la implementación por parte del GA, contribuyeron a la cancelación del proyecto. Uno de sus referentes, recuerda una década después:

“Me parece que partimos de unos supuestos equivocados. Pensábamos que las necesidades eran A, cuando en realidad eran B. Pensábamos que la respuestas eran C, pero nunca consultábamos realmente a los verdaderos interesados -¿puede ser que el GA murió por las propias contradicciones de la intervención externa progresista? No sé (ríe) nos manejamos con un marco ideológico muy duro. Pero por otro lado era muy desigual nuestra lucha contra el asistencialismo que permanentemente desarticulaba nuestro trabajo de emprendimientos productivos. La gente robaba los animales o vendía las cabras o los comían porque no podían esperar (que se reprodujeran) y los funcionarios decían que los que recibían ayuda del GA no pisaran el comedor, que no les iban a dar leña ni empleo.” Con el comienzo de la relocalización, se iniciará un camino de cooptación e incorporación al juego de la competencia política por parte de los partidos mayoritarios.

Coincidiendo con Denis Marklen, a medida que el poder político partidario actúa, los dirigentes barriales pasan a asociarse en forma particular a los políticos, en una lenta pero segura pérdida de autonomía. Cada dirigente pone en juego su “capital social”: a cambio de promesas y beneficios se le pide movilizar a la gente en actos o contiendas electorales. La conducción barrial se burocratiza, se especializa en conocer los códigos, a quien “tocar” para conseguir algo. Esta situación, agravada por el empeoramiento de las condiciones de vida contribuye a la quiebra de la unidad barrial, se fragmentan las organizaciones que unían al barrio y crece la dependencia con respecto al sistema político.

Consecuentemente surgen diversas organizaciones que procesan los conflictos internos del barrio: comedores, grupos de abuelos, grupos de mujeres, iglesias, etc., que dificultarán la articulación de un proyecto liberador y con auténtica participación popular comunitaria.

Con este panorama, la representación de los marginales en el sector político encierra una concepción que produce que se actúe sobre algunas consecuencias de un modelo social excluyente y nunca sobre sus causas. Con el reconocimiento de que “las cosas son así” y no se pueden cambiar, se revelan los límites de la capacidad de gobierno en buscar soluciones. En palabras de una funcionaria de entonces: “Lo nuestro intentaba ser un trabajo preventivo, porque tenés gente irremediablemente perdida para el sistema, que por más que uno quiera no quieren salir: está el tipo que no quiere laburar, el que labura de vez en cuando, el que quiere trabajar y no consigue nada y se dedica a chupar o esperar todo servido, (...) por lo menos intentamos que a sus hijos no les pasara lo mismo. Se critica mucho nuestra gestión, que no anticipamos las cosas, que hoy a la gente se le inunda la casa y no tienen leña para el invierno. Pero todos saben que en Bariloche si nieva, nieva; si llueve, se inundan, qué le vas a hacer. Te guste o no, eso no lo vas a cambiar. Pero hoy legalmente existen, gracias a nosotros no son más lo que eran.” (Cecilia).

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