RESEÑA HISTÓRICA: SEGUNDA PARTE

| 06/01/2020

A 30 años de la relocalización de barrios en las 34 Hectáreas

Wilge Delgado
A 30 años de la relocalización de barrios en las 34 Hectáreas
Martín Huenchulao dialogó con El Cordillerano.
Martín Huenchulao dialogó con El Cordillerano.

En la primera parte de historiar el proceso vivido desde la década del 80 y concluir el traslado de cinco barrios a las 34 Hectáreas, se observan diferentes actitudes de las distintas entidades, tanto gubernamentales como sociales. En esta ocasión, el profesor de historia Ricardo Daniel Fuentes, señala el lugar al que fueron trasladadas familias de cinco barrios.

Vale recordar que la Interbarrial (IB), realizó innumerables reuniones, uno de los puntos fue, cómo designar el espacio dentro de las 34 hectáreas a cada barrio. Se decidió que fuese mediante sorteo, así: Víctor Ancavil fue el primero en elegir el lugar y señaló los terrenos ubicados a la entrada a las 34 hectáreas, segunda fue Julia Ojeda que señaló los lotes siguientes al de Ancavil, Minelba Cabero el espacio siguiente y por último, Martín Huenchulao eligió el último espacio que hoy se conoce como barrio Unión.

El lugar

Las 34 Hectáreas es un predio que se encuentra a siete kilómetros del centro de la ciudad, en un área de meseta de entre 900 y 1.200 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de transición entre estepa arbustiva y bosque.

La distancia del terreno comprado con respecto a la zona urbana, fue un tema que generó fuertes resistencias: “nosotros decíamos que nos iban a tirar en pleno monte, que nos querían sacar de donde estábamos porque afeábamos el paisaje, por la imagen que hay que dar al turismo y esas cosas, que nos iban a fondear bien en el cerro” (Blanca).

“En las discusiones de la IB se planteaban dudas y reclamos sobre la necesidad de contar con transportes, centros de salud y escuelas. Se pedían respuestas políticas a un gobierno municipal ya agotado, cuyas propuestas a la gente inmediatamente eran sospechadas de promesas vagas: los funcionarios nos tenían a las vueltas, el de Juntas Vecinales nos decía: no se hagan problemas que le ponemos la línea de colectivo para que no lleguen tarde al trabajo y listo; otro día viene la de Acción Social y nos dice que no nos preocupemos porque hasta supermercado iba a haber” (Rosa).

“En estas asambleas, la sensación de ser empujados ‘cada vez más arriba’ era clara entre los vecinos. Se dudaba de la intención real de los funcionarios al conseguir esas tierras e incluso, algunos miembros del GA creían en una teoría geopolítica de fondo: se hablaba mucho de las recomendaciones que daban los yanquis a partir de los programas Unitas I y II sobre conflictos de baja intensidad para que los sectores conflictivos como las villas y universidades no estuvieran cerca del centro de la ciudad, que había que prevenir el sabotaje, el despelote y las movilizaciones, dificultar las manifestaciones populares, en definitiva, esconder la basura debajo de la alfombra” (Osvaldo F.).

“Un concejal de la oposición, en cambio, descree de ello: la idea de solucionar el tema la Barda fue mía, yo se lo plantee a Gagliardi y nos pusimos a buscar tierras. No conseguimos nada accesible y en el sudoeste de la ciudad estaban unos terrenos de la familia Capraro-Estella que eran muy caros. Recorrimos varios caminos para dar con lo menos peor del momento: las 34 hectáreas. Creo que el esfuerzo del intendente fue bueno, no creo en una teoría geopolítica” (Rodolfo G.).

“Según algunos arquitectos consultados, desde el punto de vista geológico el terreno presenta dificultades para la construcción de viviendas, ya que existen desniveles importantes que provocan la falta de escurrimiento en muchos sectores del mismo: No hubo ningún estudio de impacto ambiental ya que de haberse llevado a cabo el resultado era negativo para el plan de reubicación” (Mónica G.).

Así, compra de las 34 Hectáreas fue, para el gobierno municipal de entonces, la única alternativa realista. En la decisión quedaron en segundo plano algunos factores tales como la aptitud de las tierras, las distancias y los problemas que esto acarrearía en el futuro, que significarían costosos gastos en infraestructura y servicios.

“Como jefa de Catastro y Topografía, yo me opuse desde un principio a la compra de ese terreno. Yo consideraba que se podía comprar lotes más chicos en distintos lugares del ejido. La elección de ese espacio me pareció desafortunada y esto nos condicionaría mucho durante mi gestión” (María S.).

Un juego político

La compra del predio dejó entrever el apuro de los tiempos políticos electorales y fue una respuesta rápida a un problema que tendía a agravarse. Recordemos que el proyecto inicial del gobierno radical ponía acento en el problema de la Barda y menciona como generalidad que existen otros barrios en búsqueda de la solución al problema de la tierra.

“Un aspecto político que originó tensión en los vecinos fue la derogación, por parte del Concejo Deliberante, de la Ordenanza 187/89. En su reemplazo se creó una comisión que, según la oposición, no tenía control de gestión de la gente. El relato de una funcionaria municipal de entonces revela que existía un fuerte recelo hacia el trabajo de las IB y el GA: La IB era un grupo politizado, instigados por el peronismo, que se oponía a todo y al que había que neutralizar porque estorbaba en la comunicación que teníamos con los vecinos” (Nilda).

En este juego político se comienzan a definir las posiciones que condicionan las relaciones entre oficialismo y la IB. Las estrategias serán cambiantes, múltiples y sorprendentes y el resultado estará determinado por las relaciones de fuerza entre sus jugadores.

“En este contexto, la IB resuelve, entonces, sumar a los otros barrios al proyecto de las 34 Hectáreas: Con la compra de la tierra se inicia un proceso donde ganamos y perdemos. Se nos ocurría que la próxima batalla a dar no era solamente la inclusión de todos los barrios en la Ordenanza 187/89. Ahora impulsábamos la ampliación de esa Comisión al resto de los barrios a incluir en la adjudicación y lograr así el control de gestión de toda la obra” (Enrique C.).

La IB movilizó a la gente al Concejo. Por entonces, la mayoría de los vecinos se habían apropiado lentamente de la sede legislativa local, de tanto ir a solicitar y reclamar.

Finalmente el Concejo resolvió destinar las tierras compradas a los siete barrios, La Barda, Unión, Costa del Ñireco, 3 Ojos de Agua, Ushuaia, 3 de Julio, Quimey Hue y Bella Vista II (de este último se trasladaron pocas familias) y crear una comisión de seguimiento, aunque sin la participación directa que los vecinos esperaban.

El Concejo Deliberante dejó sin efecto la Ordenanza 187-C-89 y concentró en la Secretaría de Acción Social la responsabilidad de controlar el proceso de relocalización.

“Sabemos que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Nosotros queríamos que la oposición reconociera su papel y el nuestro. El radicalismo había ganado la Intendencia y éramos nosotros los que debíamos llevar adelante el plan de traslado. No iban a ser ellos los que nos iban a imponen su voluntad” (Nilda).

“Hubo una visión chica de la política por el protagonismo creciente de la IB y nuestro” (Rodolfo G.).

“Nos íbamos del Concejo con alegría, pero con un poco de tristeza también. Estaba el barrio entero, éramos como 500, la gente le gritaba de todo al peronista que se dio vuelta” (Blanca).

“Otros vecinos recuerdan que, en esta puja política, se intentaba fracturar y desautorizar a la IB como organismo representativo y legítimo de los barrios. Una referente vecinal exponía entonces: ‘A mí me dividieron el barrio y crearon el Ushuaia, con cuatro familias. Todos punteros radicales, los autorizaron a ser junta vecinal y los beneficiaron con tierras más cercanas que aquellas’” (Minelba).


Minelba Cabero con El Cordillerano.

Otras dirigentes recuerdan: “Me ofrecieron tierras en el Mallín, acá cerquita; bloques para vivienda para mí y seis familias más, un terreno lindo... yo los saqué cagando (...) si lo habían hecho con otros, a mí no me iban a comprar nunca. Nunca fui una traidora. Para el exintendente, el problema fundamental era que: En cuanto al trato con la gente, te tengo que decir que es una lucha que, como gobernante me venció. La gente está acostumbrada a que se le dé todo de arriba, hay que ir formándole conciencia que empiece a ser propietario, porque si no pasa lo que pasó con (el exintendente de la dictadura) Barberis”.

“A toda esta gente se le fue haciendo la conciencia de que iba a ser propietaria, que iba a tener que pagar. Ellos están acostumbrados, en un asentamiento precario a no pagar nada, no existe esa conciencia de propietario, alguna vez va a venir algún tipo con mano dura, como un Patti, o como un Barberis cuando erradicó el asentamiento del lago, vino y agarró brummm, pasó la topadora y se los llevó atrás del cementerio.”

A partir de allí, la reacción de la IB fue organizar una asamblea general que impulsaría distintas acciones: de la misma surgió la necesidad de exigir algunos requisitos básicos sin los cuales nadie se iría a las 34 Hectáreas: las cinco condiciones impuestas por los vecinos fueron: agua, luz, mensura, reposición de roturas por traslado y boleto de compra-venta para los que iniciaran el pago en el futuro. En la misma, un vecino expresó: “Queremos (...) que se reconozca a la IB como representante legítima de los barrios, elegida democráticamente, sus miembros no son activistas políticos (...) queremos que las reuniones sean abiertas para todos y no que se hagan en los despachos de los funcionarios (...) las autoridades tienen derecho a venir a escuchar pero no a imponernos ideas”.

El municipio a través del área de Desarrollo Social, prometió concluir en enero de 1991 las obras previas a la relocalización, pero hacia octubre del mismo año las mismas no se habían concretado.

Entre los motivos elegidos por los funcionarios para explicar este atraso sobresalen la dificultad que presentaba una relocalización con garantías básicas para la gente y la falta de fondos a destinar en el proyecto.

“Teníamos en cuenta experiencias anteriores de reubicaciones por desalojos y no queríamos hacer las cosas a las apuradas, tuvimos fuertes presiones de gente muy politizada de los barrios. Algunos concejales metieron en el paquete del traslado a barrios con situaciones diferentes, que después la realidad demostró que no se trasladaron masivamente. Si te fijás la forma en que lo hicieron luego, los hechos nos dieron la razón” (Nilda).

“En ese momento presentarse ante Nación para conseguir financiamiento, con una situación desfavorable para el radicalismo en el mapa político nacional era muy difícil, por no decirte imposible” (Roberto).

Wilge Delgado

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