Las primeras comisiones de fomento parecían extensiones de la Chile-Argentina

Los hombres que se desempeñaron en lugares de decisión de la Compañía Comercial y Ganadera, integraron la primera institucionalización del poder político local. Hacia 1916 hubo un planeo hacia el Poder Ejecutivo que hoy sorprendería por su radicalización.

Entre 1907 y 1914 fue muy difícil diferenciar el poder político local del económico en Bariloche. Los integrantes de las primeras comisiones de fomento fueron al mismo tiempo hombres que desempeñaban funciones de preeminencia en la Compañía Comercial y Ganadera Chile-Argentina. La simbiosis continuó incluso cuando la empresa se liquidó, al heredar Primo Capraro su lugar de privilegio en la economía de la región.

La correlación puede encontrarse en “Bariloche 1880-1935: procesos migratorios, prácticas políticas y organización social”, texto que lleva la firma de la historiadora Laura Marcela Méndez y que se publicara en “Horizontes en perspectiva. Contribuciones para la historia de Río Negro 1884-1955. Volumen I”. El libro de varios autores se editó en 2007 con la coordinación de Martha Ruffini y Ricardo Freddy Masera, gracias a la Legislatura de Río Negro y la Fundación Ameghino.

Como marco general, la investigadora estableció que “en la región del Nahuel Huapi, desde la perspectiva de las prácticas políticas, los poderes centrales estuvieron presentes a través de los inspectores de Tierras y Colonias y la Policía, mientras que los poderes locales y regionales se construyeron alrededor de los juzgados de Paz y las comisiones de fomento. Entre ambos se tejió un complejo entramado de competencias y complementariedades, en el que los petitorios y los pedidos firmados por los vecinos, sirvieron como nexos entre los diferentes ámbitos del poder”.

En los primeros tramos del siglo XX, “la organización de un nuevo espacio urbano, requirió del funcionamiento de un gobierno comunal. El 20 de noviembre de 1907 la Comisión de Fomento de San Carlos de Bariloche sesionó por primera vez, designada por el gobernador del Territorio Nacional de Río Negro. Su presidente fue el alemán Luis Horn, gerente de la Compañía Comercial y Ganadera Chile-Argentina, sociedad de capitales germano-chilenos dedicada a la exportación de lana por puertos chilenos y europeos”.

Pero las coincidencias no terminarían con la presidencia y la gerencia. “Lo acompañó (sic) otro alemán, Federico Reihel –accionista y contador de la empresa-, el español José de García -escribiente de la Policía- y el cordobés Rubén Fernández, jefe de la oficina de Correos y Telégrafos. Los problemas más comunes de esta comisión, y las que le sucedieron, estaban vinculados a la presencia de bandoleros en la zona, a la falta de autonomía en la toma de decisiones, a las graves carencias en materia de salud y a la dificultad para la recaudación de impuestos, que se cobraban a domicilio visitando casa por casa”, reconstruyó Méndez.

Ovejas a un paso del centro.

Los mismos de siempre

Con el transcurrir de los años, se conformó una suerte de elenco estable. “Con la primera comisión se inició una práctica habitual hasta fines de la década de 1920: la rotación de cargos, que siempre eran ocupados por las mismas personas. Los miembros de la comisión era pobladores conocidos y respetados en la región, pero sobre todo, con poder económico y capacidad de dar trabajo, adelantar sueldos y ceder instalaciones para el funcionamiento de los poderes públicos”, afirma la investigación.

Así las cosas, “desde 1907 hasta 1914 la Comisión de Fomento estuvo conformada, mayoritariamente, por integrantes de la compañía Chile-Argentina, principal actor económico de la región. Entre los nombres que se repetían en los mandatos figuraron Cornelio Hageman, quien desde 1904 hasta 1911 se desempeñó como inspector de sucursales de la Compañía Chile-Argentina, el suizo Ernesto Schumacher, Evaristo Gallardo y Gustavo Rivero, todos empleados de la Chile-Argentina en Bariloche y de la dependencia de la compañía en Puerto Moreno. Disuelta la Compañía en 1916, su heredero comercial, el empresario Primo Capraro, también fue su heredero político y se convirtió en presencia reiterada entre los miembros de la Comisión de Fomento”.

En una nota el pie de su texto, la historiadora lamentaba cierta desidia y continuaba con su reconstrucción gracias a la historia oral. “La totalidad de la documentación sobre las comisiones de fomento locales ha desaparecido de los archivos del Municipio de Bariloche. Comentarios de antiguos vecinos recuerdan que, entre otros, las integraron hasta 1930: Primo Capraro, Cornelio Hageman, Ernesto Schumacher, Benito Crespo, Evaristo Gallardo, Sebastián Lagos, Fermín Salaberry, Miguel Penna, Dionisio Zunzunegui, y los secretarios Pedro Alcoba Pitt, Pablo Mange (h), Roberto Romero y Roberto Lamuniere”, según pudo establecer.

En sus comienzos, el poder local de Bariloche convivió con las instituciones nacionales. “Durante este proceso, la figura local del juez de Paz desempeñó un papel fundamental en la extensión del control social sobre la población.

La Justicia de Paz en los territorios nacionales fue el ámbito local de la aplicación de las normas impuestas por las leyes de organización territorial, el Código Rural y las disposiciones del ejecutivo territorial. El juez de Paz era quien debía desplegar una gran capacidad negociadora tanto con sus vecinos como con otros poderes presentes en el espacio local: la Policía y la Comisión de Fomento y aún con el lejano poder territorial, con el fin de mantener su prestigio y ‘hacerse respetar’”.

En ese contexto, “los petitorios firmados por los vecinos, las cartas personales y los telegramas que funcionarios del Estado o personas influyentes de la región enviaban al gobernador o al presidente de la Nación, a favor o en contra del juez de Paz de turno, proponiendo cambios y exponiendo quejas frente a la situación que vivían, fueron una constante a lo largo de este período y se convirtieron en prácticas políticas exitosas en cuanto permitieron poner en escena los reclamos de la comunidad regional a la dirigencia política”.

Entre aquellos petitorios, sobresalió uno en particular. “En la comuna andina de San Carlos de Bariloche, el petitorio elevado por los vecinos en diciembre de 1916 al presidente Hipólito Yrigoyen puso en evidencia los problemas de la ciudad, entre los que se destacaban los vinculados a la tenencia de la tierra y a los canales de comunicación entre la región del Nahuel Huapi y otras regiones del país y Chile, así como manifestó las alternativas pensadas por la comunidad para solucionar estos problemas” (ver recuadro). Esas inquietudes solo fueron satisfechas parcialmente y varios años después.

Se pidió en 1916, llegó en 1934.

La gobernación que no fue

“Las enormes distancias y la falta de comunicación fluida con la capital del territorio de Río Negro, Viedma, hizo que los vecinos sugirieran la aprobación del proyecto elevado al Congreso de la Nación de creación de tres nuevas gobernaciones patagónicas, entre ellas, la Gobernación de los Lagos, con su capital en San Carlos de Bariloche, y la construcción de un ramal de ferrocarril hasta la ciudad”, continúa el relato de la doctora Méndez.

Textualmente, el petitorio de los vecinos decía: “No podemos seguir dependiendo, señor presidente, sin que se nos siga perjudicando enormemente de 200 leguas de distancia, a donde debemos recurrir para cualquier asunto de importancia con dos meses de tiempo perdido y los gastos consiguientes (…) Tan importante y necesario como la creación del Territorio de los Lagos es para el desarrollo de esta región la culminación del Ferrocarril Patagónico de San Antonio hasta Bariloche”.

El petitorio no carecía de ironía: “no necesitamos una vía de lujos con durmientes y postes de telégrafos acarreados de 3.000 km de distancia con sus múltiples trasbordes, no necesitamos madera traída de Norte América para las estaciones, cuando aquí sobre la vía misma tenemos estos materiales en abundancia, no serán de buena calidad y durables como aquellos, pero en cambio, saldrán más baratos y responderán a las necesidades de los primeros años y hasta tanto los recursos propios del ferrocarril permitan ir mejorando sus vías”.

La demanda hacia el Poder Ejecutivo incluía una medida que hoy sería catalogada de izquierda: “Pedimos señor presidente la expropiación de las grandes estancias alrededor del lago, o que por lo menos se obligue a sus propietarios a parcelar el terreno, en lotes agrícolas y forestales. Son unas 30 leguas cuadradas en poder de unos cuantos terratenientes que no se interesan mayormente por el porvenir de la región, radicados en Buenos Aires o en el extranjero como están, sus tierras acertadamente parceladas (contienen la flor del lago) contribuirían al sostén de unas 200 familias que podrían dedicarse a la agricultura y unas 100 a la ganadería”. El ferrocarril demoraría 12 años más en llegar pero esa auténtica reforma agraria, quedó pendiente.

Adrián Moyano