Tribunal de Impugnación define si confirma o anula el desalojo de la comunidad Buenuleo

La defensa de los integrantes de la comunidad Buenuleo que fueron imputados por la presunta usurpación de un predio que reclaman como propio, insistió este martes con un recurso de queja ante el Tribunal de Impugnación, en la pretensión de anular la orden de desalojo que autorizó el juez de Garantías Sergio Pichetto y confirmó luego el juez de Revisión Marcos Burgos. La fiscalía y la parte querellante, rechazaron los planteos defensivos.

En primera instancia el tribunal integrado por Rita Custet Llambí, Miguel Cardella y Carlos Mussi, declaró la admisibilidad formal del recurso intentado por la defensa y habilitó de ese modo que las partes pronuncien sus alegatos. La decisión quedó ahora en el Tribunal de Impugnación que se expedirá en 20 días hábiles.

En esa instancia todas las partes involucradas ratificaron los argumentos que habían expresadas con anterioridad, en el marco de otras audiencias. La defensa a cargo de Natalia Araya y Matías Schraer, insistió en el pedido de anular la orden de desalojo compulsivo del predio que los integrantes de la comunidad reclama como propio. Además, denunció violaciones al derecho a la defensa y calificó de peligroso el accionar de los fiscales.

A la audiencia asistieron el fiscal Inti Isla, el fiscal adjunto Gerardo Miranda y el fiscal Jefe Martín Lozada. Los tres expresaron sus argumentos para pedir el rechazo de la petición defensiva y la ratificación de lo actuado.

En igual sentido se expresó Laura Zanoni, representante de los ciudadanos que se constituyeron como querellantes y aseguran tener los derechos sobre el lote en disputa.

Cabe recordar que el juez Burgos, el pasado 2 de Octubre, rechazó las impugnaciones planteadas por la defensora particular de las personas imputadas por usurpación y confirmó la resolución del juez de Garantías Sergio Pichetto. Según la acusación fiscal el hecho se produjo el 10 de septiembre del año en curso entre las 7,30 horas y las 10:30 en el interior del lote pastoril 127 de la Colonia Nahuel Huapi, compuesto por 92 hectáreas, predio conocido como "Pampa de Buenuleo", lugar donde se encuentra una vivienda junto al inmueble que posee Emilio Friedrich y Víctor Eduardo Sánchez.

Los imputados en el caso y a quienes se pretende desalojar, son Ramiro Buenuleo (43), Rosa Buenuleo (37), Lucas Dinamarca (22), Sandra Ferman (33), Nahuel Maliqueo (18), Mauro Millan (49), Nicolás Quijada (18) y Claudio Raile (34).

Parte de las discusiones, de orden estrictamente técnico, tienen que ver con la aplicación de diversas leyes que garantizan derechos a las comunidades originarias, la propiedad comunitaria de la tierra y la presencia de los integrantes de la comunidad en el lugar, aunque también hay otras cuestiones de fondo que tienen que ver con los relevamientos de comunidades que deben completar el INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- y que no habría completado en el caso del relevamiento de la comunidad Buenuleo, por cuestiones estrictamente presupuestarias, ajenas a las familias que la integran. El asunto no es menor, porque la legislación vigente establece que las comunidades que fueron relevadas, no pueden ser desalojadas.

Según se expresó en la audiencia, los Buenuleo permanecen en el lugar desde al menos el año 1880 e inclusive Don Antonio Buenuleo, ascendiente de quienes hoy reclaman que se cancele el desalojo, fue beneficiado por el Poder Ejecutivo Nacional en 1945, con un título de propiedad sobre el lote pastoril 127, de unas 625 hectáreas.

Más acá en el tiempo, el propio Antonio Buenuleo habría comercializado algunas fracciones de ese lote e incluso, con aprobación de los integrantes de la comunidad, cedió al municipio una porción de tierra para la creación de los barrios El PIlar I y el Pilar II.

Mariano Colombo