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REALIZARAN TAREAS COMUNITARIAS

16/07/2019

Escaparon de la policía porque llevaban un arma sin registrar: evitaron el juicio

Por: Mariano Colombo

Dos jóvenes de 21 y 24 años evitaron la instancia de juicio oral y público tras acceder a una suspensión del juicio a prueba. Transitaban en un automóvil de manera sospechosa e intentaron eludir un control policial. Tras una persecución fueron detenidos llevando un arma de fuego para la que no tenían autorización. Pagarán compensación económica y realizarán tareas comunitarias.

Gonzalo Calfuquir (24) y Bruno Torres (22), llegaron a la instancia de control de acusación acusados por el delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal, por lo que se enfrentaban a la posibilidad real, concreta e inmediata de ser enjuiciados en audiencia oral y pública.

Por ello, a través del defensor oficial Nelson Vigueras reclamaron la posibilidad de suspender el proceso por un tiempo determinado, estableciendo ciertas condiciones para evitar el juicio oral.

Los dos sujetos fueron sorprendidos el 18 de diciembre de 2018 a bordo de un automóvil Fiat Uno, cuando transitaban por la intersección de las calles Brown y Elordi. Un móvil policial de la Unidad 28, con varios agentes en su interior, advirtió cierta conducta sospechosa de los individuos e intentó detenerlos para identificarlos.

Sin embargo, lejos de acatar la orden de detención, los dos individuos se alejaron raudamente del lugar, acelerando el automóvil y circulando por diversas arterias de la zona en forma alocada y desplazándose siempre por las mismas calles.

Así fue que mientras transcurría la persecución, el conductor del automóvil perdió el control del mismo y terminó sobre la acera en la intersección de las calles Brown y Ruíz Moreno. El rápido accionar policial permitió su aprehensión en el mismo lugar.

Una vez reducidos los sospechosos, el personal policial de la Unidad 28 practicó una requisa en el interior del automóvil, hallando un arma de fuego y munición, por lo que se dio intervención a la fiscalía y se inició la causa por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

El caso había atravesado la etapa penal preparatoria tras la formulación de cargos y al momento de controlar la acusación para ir a la instancia de juicio, se arribó al acuerdo para que el proceso se suspenda momentáneamente bajo ciertas condiciones, que en caso de ser cumplidas, motivará el cese de la persecución penal para los dos nombrados.

El acuerdo suscripto por el defensor oficial y la fiscal Alejandra Bartolomé, fue aceptado por el juez Héctor Leguizamón Pondal, quien dispuso la suspensión del proceso a prueba por el término de un año.

Durante ese plazo, los acusados deberán realizar un total de treinta horas de tareas comunitarias y además, en conjunto, abonar cinco mil pesos en concepto de reparación de los daños ocasionados, que serán destinados a una institución de bien público. Durante ese plazo, además, los acusados deberán sujetar su conducta a pautas de conducta de rigor que se establecieron en el acuerdo.

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