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25/12/2018

Amenazó a sus vecinos y fue sorprendido con un arma pero evitó el banquillo

Un sujeto logró evitar el juicio al acceder a una suspensión a prueba por el término de dos años. Abonará una suma de dinero en compensación por los daños causados y realizará tareas comunitarias.

Agustín Emiliano Roa logró evitar el juicio al que se dirigía en el marco del trámite de dos causas penales por amenazas y portación de arma de fuego sin la debida autorización legal.

El sujeto accedió a una suspensión del juicio a prueba al acordar con la fiscal Alejandra Bartolomé los términos de un acuerdo que presentaron ante el juez Marcos Burgos, quien homologó lo acordado.

Por el término de dos años, estará a prueba y deberá respetar determinados requisitos que se establecieron en el marco de una audiencia oral y pública desarrollada días atrás en los tribunales locales.

Roa estaba acusado por un hecho ocurrido el 6 de mayo de este año, cuando se presentó en el domicilio de una familia vecina a su lugar de residencia, profiriendo insultos y realizando amenazas contra el grupo familiar.

Horas después, fue sorprendido por autoridades policiales portando un arma de fuego de fabricación casera –“tumbera”-, apta para el disparo, sin la debida autorización legal.

En el marco de la audiencia oral y pública presidida por el juez Marcos Burgos, la fiscal Bartolomé requirió el sobreseimiento por el hecho encuadrado en la figura de portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, mientras que requirió la suspensión del proceso a prueba por el término de dos años, por el segundo hecho calificado como amenazas.

En ese contexto, las partes acordaron que el acusado deberá realizar un total de cincuenta horas de tareas comunitarias, abonar a las víctimas del hecho un monto de dos mil pesos en compensación por los daños causados y, además, deberá respetar una serie de pautas de conducta por el tiempo establecido.

Si vencido el plazo fijado, el acusado respetó las condiciones impuestas, resultará definitivamente eximido de su responsabilidad penal por el hecho atribuido. Por el contrario, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas, motivará la reanudación del proceso penal y el acusado deberá enfrentar un juicio oral y público.