Fue sobreseído un delegado del CODECI acusado por administración infiel

El referente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas -CODECI- Diego Pereyra, resultó sobreseído en el marco de una audiencia presidida por el juez Gregor Joos. En la misma el fiscal Guillermo Lista y los abogados querellantes pretendían habilitar la instancia de juicio, aunque el magistrado hizo lugar a planteos de los defensores Estanislao Cazaux y Marcos Miguel y lo sobreseyó.

Diego Pereyra resultó sobreseído por aplicación del artículo 155 incido 1 del Código Procesal Penal, al resolver el juez Gregor Joos los pedidos que realizaron los defensores Estanislao Cazaux y Marcos Miguel. En contraposición, el fiscal Guillermo Lista y los abogados querellantes Daiana Puchy y Elvio Gallardo habían pedido la habilitación de la instancia de juicio contra el funcionario acusado de quedarse con dinero que estaba destinado a socorrer a comunidades indígenas luego de la caída de ceniza del volcán Puyehue, en 2012.

Según la atribución fiscal, el INAI destinaba recursos, alrededor de dos millones de pesos, a las comunidades indígenas afectadas por las consecuencias de la caída de ceniza. Como la mayoría tenía dificultades de documentación que le permitiera acceder a cuentas bancarias, ese dinero fue depositado directamente en una cuenta bancaria de la comunidad Pu Lof Mapuche Tacul Cheuque y desde allí por intermedio de Pereyra, los aportes eran distribuidos a otras comunidades.

Sin embargo, según la atribución del fiscal al momento de realizarse las rendiciones de gastos, se descubrió que había dinero cuyo destino no había sido debidamente acreditado, asegurando que Pereyra se quedó con el dinero para beneficio propio o de terceros. Al respecto presentó una serie de comprobantes supuestamente firmados por el acusado. Según el cálculo, se trataría de una suma cercana a los doscientos mil pesos.

La defensa cuestionó la validez de esa documentación pues no se realizó una pericia caligráfica para determinar que las firmas que lucían en esos comprobantes correspondieran al acusado.

Meses atrás el juez de Garantías Juan Martín Arroyo, había aceptado la acusación, habilitando la investigación por un plazo de cuatro meses. Cuando la fiscalía y los representantes legales de la comunidad Tacul Cheuque se presentaron para pedir la habilitación de la instancia de juicio, la defensa realizó una serie de planteos y torció la decisión del juez Joos, quien le dio la razón a la parte defensiva, considerando que el caso podría llegar a la instancia de juicio pero sin éxito respecto a la posibilidad de obtener una condena, ante la falta de una pericia caligráfica que no se realizó mientras duró la etapa de producción de pruebas.