Las irregularidades de la Gestión Martini pueden costarle millones a Bariloche

La intendencia de María Eugenia Martini (2011-2015) puede haber tenido cosas que merecieron ser destacadas en su momento, pero cuando se llega a las denuncias que investiga la justicia, y a las decisiones de los distintos estamentos por los que esos expedientes fueron pasando (ahora están en manos de la Justicia Federal) las potencialmente onerosas irregularidades saltan a simple vista. Fondos utilizados para otros menesteres y no para los que habían sido girados desde Nación o Provincia, actitudes intempestivas contra una empresa que “se caía sola” y que terminaron dándole un aire que ya no tenía permitiéndole hacer un reclamo por millones de pesos, son algunos de los ejemplos.

Para peor, si algo le faltaba a esta etapa barilochense, se conoció que el dueño de una de las empresas que ganó una de las tantas licitaciones apareció en los cuadernos de Centeno, aunque claro está que “Maru” puede no haberle pagado a Raúl Vertúa y sus socios, pero con los Gloria no tiene nada que ver.

“La pesada herencia recibida” es una frase que a los argentinos, de tanto que se la han repetido a través de los años, se les ha hecho común escucharla. Sólo cuando el gobierno que sucedió a otro fue del mismo color político, quienes llegaron no la utilizaron para justificar que no podían o pueden solucionar problemas en el corto plazo. Pero aquí en Bariloche, sin el menor ánimo de defender a nadie se puede aplicar perfectamente para calificar las acciones que se llevaron a cabo en años no tan lejanos y condicionaron los primeros tiempos de la gestión Gennuso.

Concretamente, entrar en el manejo de los números de la Municipalidad durante la intendencia de María Eugenia Martini es adentrarse en un mundo donde hubo acciones cuanto menos irresponsables.

Cuando asumió Gustavo Gennuso, en diciembre de 2015, la sociedad se vio sacudida por una denuncia de malversación de fondos. Allí se dijo, para llevarlo a un terreno popular, que una determinada suma de dinero (después se estableció que ascendía a 75.529.999 pesos) había sido utilizada para fines diferentes al destino que tenían. Eran para realizar obras y terminaron pagándose los sueldos.

Fue así que la plata, en lugar de utilizarse para abonar la construcción de un gimnasio en el kilómetro 13, de una sala de teatro, de un complejo de viviendas o para hacer frente a los costos de la primera etapa de las obras del gasoducto cordillerano fue a parar a las arcas municipales con el fin de abonar sueldos de los trabajadores en la mayoría de los casos o gastos “generales”, en otros. Es cierto que al día de hoy (las actuaciones penales están en manos del juez más famoso del país, Claudio Bonadio) nadie mencionó que alguno de los funcionarios involucrados en el desvío (la propia María Eugenia Martini y el por entonces secretario de Gobierno y actual concejal Daniel Natapof) se hayan quedado con algo que no era suyo, pero la forma irregular en el manejo de los fondos y en algunas de las decisiones que se tomaron fueron, por lo menos, sumamente livianas.

Las viviendas que debieron haberse construido se terminaron con fondos prestados con posterioridad a la asunción de Gennuso. El gimnasio, por ahora es una expresión de deseos al igual que la sala de teatro y por la construcción del gasoducto “llovieron” hasta hace pocos días las cartas documento reclamando los pagos por parte de las empresas que se hicieron cargo de los trabajos. Y si se atenuaron los reclamos no fue porque se pudo terminar con las negociaciones, sino porque una de ellas apareció en los tristemente “célebres” cuadernos, con nombres y apellidos de coimeros y coimeados, de Centeno. Se trata de Servicios Vertúa, cuyo titular, Raúl Vertúa, es uno de los empresarios al que se lo ve muy seguido por los despachos de Comodoro Py y no precisamente para hacer sociales con Bonadio. Las otras dos integrantes de la UTE (Unión Temporal de Empresas), Coninsa y JCR, completaban el trío que llevó adelante los trabajos en la primera etapa del gasoducto y que pusieron en riesgo la prosecución de la obra tan importante, no sólo para Bariloche, sino también para gran parte de la Patagonia, cuando amenazaron a las actuales autoridades de nuestra ciudad con bloquear la continuidad en la segunda etapa si no le pagaban lo que se les debía. Justamente, lo que la administración Martini tendría que haberles girado, pero que utilizó los fondos para pagar sueldos.

A medida que se tiene acceso a diferente documentación, que se mantienen algunas charlas como para ampliar conceptos más allá de lo asentado en los papeles, la forma del manejo de los fondos desde el 2011 al 2015 se hace confusa. Sin ir más lejos, justamente por esos errores se está ante la millonaria demanda de la empresa 3 de Mayo (la suma inicial es de 25.356.585 de pesos) y que se podría haber evitado si se hubiesen respetado tiempos y formas, ya que quienes cumplían con brindar el servicio del Transporte Urbano de Pasajeros hasta que por decisión del Ejecutivo, con María Eugenia Martini al frente, le fueron confiscados sus bienes, estaban en una situación más que debilitada debido al incumplimiento de muchos de los puntos que se especificaban en la concesión.

La Justicia sigue adelante con la causa, hay enormes expectativas de saber en qué pueden derivar esas acciones, pero de algo parecen estar seguros muchos de los “actores” de esta historia cordillerana: “A Bariloche no le van a salir baratas algunas de estas decisiones”.

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