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SUFRAGIOS OPOSITORES

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22/03/2018

Los fundamentos de los tres ediles que votaron en contra de la iniciativa de CAPSA

El voto negativo a la prórroga de la concesión del cerro Catedral fue en exclusiva del bloque del Frente Para la Victoria, integrado por Ramón Chiocconi, Ana Marks y Daniel Natapof, quienes cruzaron a sus pares oficialistas con duros conceptos.
Los fundamentos de los tres ediles que votaron en contra de la iniciativa de CAPSA
Los fundamentos de los tres ediles que votaron en contra de la iniciativa de CAPSA

En tal sentido, Ramón Chiocconi destacó la participación ciudadana en el proceso y consideró que “es central la participación de los vecinos, porque estamos decidiendo por el futuro a 38 años de la montaña. Habrá diez intendentes subordinados a los que se decida hoy”, por lo que entiende que la voz del pueblo debe ser vinculante.

 

“Este gobierno no favorece la participación ciudadana”, opinó y enmarcó en sus dichos a la “escasa participación que tuvo el Consejo de Planificación Estratégica” y que pese a que “hubo una audiencia pública histórica con 124 inscriptos, el intendente decidió salir al otro día a decir que la decisión ya estaba tomada”. Recordó que “es infrecuente que un proyecto tenga tan corto tratamiento, solo de seis semanas” y aclaró que desde su bloque quieren la mejor montaña.

 

Asimismo, hizo una moción para que el proyecto vuelva a comisión y que en ese marco se cree una comisión de trabajo que pueda sesionar durante seis meses, con miembros de cámaras empresariales, clubes, colegios de arquitectos, instructores de esquí, trabajadores y ambientalistas, entre otros. “Tiene que haber una participación real y sincera de todos los ciudadanos de Bariloche”, reiteró.

 

Su compañero Daniel Natapof, aclaró que “nadie se opone a modernizar el cerro, nos oponemos a que una empresa se quede 38 años con el negocio del Catedral  por monedas, nos oponemos a un negocio inmobiliario de 100 millones y le decimos al intendente que el poder concedente ya es nuestro y que él debe cumplirlo y no negociarlo a un precio vil”. Recordó que “CAPSA se negó a reconocer al municipio y ahora se la premia”, lo cual consideró como un “proceso de extorsión de la empresa hacia el municipio”.

 

“Nunca se le dio aval a un proyecto ruinoso para el municipio”, fustigó y entendió que la iniciativa privada presentada por CAPSA en 2016 contemplaba 154 millones de pesos más de inversión.

 

“El fallo de la Justicia es contrario al municipio y encima desde el gobierno lo publicitan”, “el acta acuerdo se firmó en secreto de espaldas al pueblo”, “se rechazó que analice el proyecto y nos asesore un grupo de expertos neutrales” y “hubo una gigantesca acción de lobby con un abogado que estuvo en los pasillos del Concejo”, fueron algunas de sus frases. 

 

Indicó además, que desde la Comuna “se manipula la opinión pública” y se quejó de que no se incremente el canon a la empresa.

 

Respecto de las indefiniciones que tiene el proyecto, reconocidas por el oficialismo, Natapof dijo: “queremos todo definido antes de firmar, porque después la empresa tendrá derechos adquiridos y podrá judicializar el tema” y en esa línea remarcó que la Carta Orgánica expone que las tierras del cerro Catedral son inalienables y que “el intendente las está entregando”.

 

Reiteró en varias oportunidades que hay presiones del presidente Mauricio Macri y del gobernador Alberto Weretilneck por aprobar la temática en cuestión y sostuvo que “el proyecto es un negocio perjudicial para Bariloche”.

 

Por su parte, Ana Marks dijo sentir “vergüenza por la degradación institucional a la que (el oficialismo) ha sometido a este Concejo”, por generar “un debate a las apuradas, sin una auditoría contable de la empresa que llegó recién ayer (por el miércoles)”. Opinó que esos datos técnicos debían estar antes “porque de ahí surge si corresponde cambiar el canon y si es correcto el monto de inversión de la empresa”. Además, aseguró que quiere saber cuál es el estado financiero de la concesionaria, “considerando que hace algunos años estaba concursada”.

 

“La empresa tiene la necesidad de un negocio y el Estado se está poniendo a disposición de ese negocio. No hay ningún apuro en consolidar la prórroga de la concesión antes de determinar la parte ambiental, que es el futuro”, agregó y resaltó que “la entrega de las 70 hectáreas es un antecedente pésimo y nos deja a todos comprometidos”.