Restituyen competencias a fiscal general y defensora general

Aquella, firmada por la ex procuradora Silvia Baquero Lazcano, limitaba la autonomía de las cabezas de los Ministerios Públicos procurando que cualquier Instrucción General de la Fiscalía o la Defensa fuera, previo a su firma, puesta a consideración de la entonces procuradora.

Ahora, en una de las primeras determinaciones que adopta el procurador general, re encausa el funcionamiento del Ministerio Público en los términos que plantea la Ley 4199, que delimita, en sus artículos 15 y 21, las funciones específicas de cada uno de los cargos.

Cabe recordar que, desde principios de diciembre, tanto el fiscal general como la defensora ocupan las oficinas contiguas a la del nuevo procurador general, Jorge Crespo, quien cumple así con aquello que planteara desde antes de ser elegido, relacionado con encabezar una Procuración chica sustentada fuertemente en la gestión de los Ministerio Públicos Fiscales y de la Defensa. Ambos bajo su conducción, pero sin que esto implique interferencia alguna en el desenvolvimiento del servicio.

Cabe destacar que tanto el fiscal como la defensora general tienen por Ley la potestad de impartir instrucciones generales, es decir reglas comunes que deben aplicarse en casos que sean similares. La ley les otorga, además, entre otras funciones, la de superintendencia relacionada con las condiciones laborales de sus agentes, la ejecución de capacitación, nexo entre el procurador y los fiscales o defensores y representar a éstos ante el Superior Tribunal de Justicia en aquellas causas que lleguen a dicho estamento.