Piden excluir a una asociación civil que fue aceptada como querellante en la causa por el bebé asesinado

El defensor oficial Marcos Cicciarello reclamó la nulidad o la revocatoria del decreto fiscal que aceptó a una asociación civil de Buenos Aires como querellante en la causa en la que se investiga la responsabilidad de una joven en la muerte de su bebé recién nacido. La profunda argumentación defensiva no fue resuelta porque los representantes de la entidad no pudieron llegar a Bariloche para estar en la audiencia.

Semanas atrás la jueza de garantías Romina Martini, rechazó la formulación de cargos que intentó la fiscal Betiana Cendón contra la joven madre que habría matado a su bebé en el interior de su domicilio, apenas después de dar a luz. Para ello, declaró la nulidad del allanamiento en el que se recogieron pruebas y se halló el cuerpo y además porque consideró probado que la joven fue interrogada de forma ilegal por personal policial.

Tras esa decisión de la jueza Martini, la asociación civil "Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato de Menores" -EPAMM-, con domicilio en San Isidro, Buenos Aires, se presentó como querellante, siendo aceptada por la Fiscalía mediante un decreto que firmó la fiscal Betiana Cendón.

Pero el defensor oficial Marcos Cicciarello se opuso por cuestiones de forma, de fondo y por “irregularidades en la propia vida institucional de la organización” y solicitó a la jueza Martini revoque o nulifique el decreto fiscal que aceptó a la organización como querellante.

Tras un minucioso detalle de los motivos que fundaban la posición defensiva y ya avanzada la audiencia, la jueza Martini corrió traslado a los abogados de la parte querellante Lucas Jankovic y Alejandro Valdés, advirtiendo que no tenían poder ni estaban habilitados legalmente para actuar por sí, sin presencia de las autoridades de la organización, que no pudieron llegar desde Buenos Aires para presenciar la audiencia. (Ver aparte)

Los dos abogados mencionados habían pedido la palabra para realizar un planteo preliminar, que según explicaron era un pedido para suspender la realización de la audiencia justamente por la ausencia de las autoridades de la asociación civil y tras escuchar la resolución de la jueza Martini respecto a una cuestión anterior, se retiraron de la sala.

La fiscal Betiana Cendón intentó sostener su decreto en rechazo a los planteos defensivos, pero finalmente ante la imposibilidad de escuchar a los querellantes, la jueza Martini difirió la resolución de los planteos a una nueva audiencia a la que puedan asistir los querellantes.

Impugnación sin querellantes

Cuando la jueza Romina Martini avanzó en el tratamiento de los planteos de la defensa, interrogó a los abogados locales que representan a la asociación civil, respecto a la habilitación que les habían otorgado sus patrocinados.

Allí descubrió que ninguno de los dos estaba habilitado para actuar por sí mismo, porque no tenían poder de sus clientes ni aquellos estaban presentes.

Por ello, debió revisar una decisión anterior en la que había declarado admisible el planteo de impugnación contra el rechazo a la formulación de cargos, revocando esa admisibilidad por "contrario imperio".

De tal manera, el proceso de impugnación contra esa resolución de Martini de rechazar la formulación de cargos que intentó la Fiscalía, seguirá su curso normal pero la parte querellante quedará excluida de participar. Sí podrá seguir en esa instancia la Fiscalía, que también cuestionó la resolución de Martini de rechazar la formulación de cargos y su planteo fue declarado admisible, por lo que será otro juez el encargado de revisar la decisión. En el marco de la audiencia, no surgió la fecha posible para la realización de esa impugnación.

La actitud de los letrados no cayó bien a la jueza Martini, que a pedido de la Defensa y la Fiscalía resolvió enviar copias de la audiencia al Colegio de Abogados y a la Fiscalía, para investigar la posible comisión de un delito.

Una semblanza de la Asociación Civil EPAMM

Según describió el defensor Cicciarello aludiendo a documentación que la propia asociación civil había acercado al expediente judicial para justificar su interés en ser parte querellante en el proceso, la asociación civil tiene actualmente 17 socios activos y es financiada anualmente por el municipio de San Isidro.

Describió que desde el año 2005 no renueva autoridades y debe memorias y balances contables al menos desde el año 2014 y eso la pone en falta ante la IGJ -Inspección General de Justicia- y además le impide que sus decisiones o resoluciones, afecten a terceros.

De la lectura de un acta de asamblea, el defensor rescató una frase en la que desde EPAMM remarcaba "que el concepto de ideología de género y el adoctrinamiento en los colegios, está generando un daño muy fuerte en nuestros hijos y jóvenes", señalando el defensor que "pretenden darnos lecciones de moral y no tienen un interés legítimo, sino mediático, ideológico y punitivo".

Además remarcó que entre los afiliados a la organización, hay personas muy mayores, destacando que entre los datos personales muchos se inscriben con números de Libretas de Enrolamiento y subrayó algunas de las últimas acciones desplegadas por la asociación: "Denunciaron a actrices que se manifestaron a favor del aborto, manifestaron un repudio y actuaron por la instalación de un baño unisex en una escuela de Talar de Pacheco y fueron parte en un recurso de amparo en la provincia de Salta para frenar el tratamiento de la ley que buscaba la despenalización del aborto".

Además, destacó el defensor, "otorgaron un premio anual a la trayectoria a Mariana Rodríguez Varela, quien saltó a la fama al repartir bebés de plástico durante la sesión en la que se trataba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y además es hija del ministro de Justicia de la última dictadura eclesiástica, cívico, empresarial, militar, que no solo robó bebés, sino que también los torturó delante de sus madres para obtener confesiones".

Mariano Colombo