Aportan datos a la Justicia para intentar identificar a los autores de las falsas amenazas de bomba

Luego del caos que generó la falsa amenaza de bomba en un edificio de la Universidad Nacional de Río Negro, el responsable del sistema 911, Claudio Ramírez, estuvo en Bariloche y presentó documentación a la Justicia para investigar la procedencia de ese y otros llamados anteriores.

El funcionario provincial entregó a la jueza de Paz, Leandra Asuad, documentación para investigar el origen de las comunicaciones que se realizaron, teniendo en cuenta que el área que conduce no tiene datos de los titulares de las líneas, sino solamente el número telefónico.

“Nosotros contamos con los registros telefónicos, podemos determinar desde dónde se realizó la llamada o el origen de la línea, pero no podemos avanzar sobre la titularidad de las líneas. Ello es responsabilidad de la Justicia” indicó Ramírez.

La información que entregó el funcionario rionegrino está relacionada a los llamados que hubo por la escuela Dante Alighieri y también la ex ENET, las cuales debieron ser evacuadas y se puso en marcha el protocolo previsto para esos casos.

El teléfono de emergencias recibe entre 6 y 8 mil llamados por año en los que denuncian hechos inexistentes y datos falsos, generando la movilidad de distintos organismos, sin sentido.

El teléfono desde el cual se realizó la llamada para anunciar la existencia de un explosivo en la casa de estudios, este miércoles, es de Viedma, de acuerdo a lo que informó el funcionario aunque la titular del área de Protección Civil del municipio, Patricia Díaz, dijo que era de Neuquén.

Ramírez señaló que “todos los llamados que recibimos, que promedian los 24 mil por mes, son atendidos y tenidos en cuenta. No subestimamos ningún llamado”.

El funcionario aseguró que había acordado reunirse con la jueza para entregarle toda la información que se pudo obtener del sistema, con el objeto de iniciar una investigación por los “llamados maliciosos”.

En caso de poder determinar quiénes fueron los responsables de los llamados, pueden ser condenados al pago de multas pecuniarias –de entre $500 y $50 mil- o ser detenidos, de 1 a 10 días.