“Las universidades somos parte de las soluciones de este país, no el problema”, sostuvieron quienes integran el Frente Universitario Intersindical que convocó en Bariloche a la marcha multitudinaria en defensa de la educación pública que se desarrolló el martes en un contexto de manifestaciones nacionales.

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En un documento que se leyó en el Centro Cívico, expusieron que “la universidad pública y el sistema científico estatal se encuentran atravesando una de sus crisis más severas desde la vuelta de la democracia”.

“En el último año hemos visto cómo se fueron instalando discursos que intentan demonizar las universidades públicas y el Conicet para convertir medidas gubernamentales de vaciamiento y ajuste en salvadoras o modernizadoras”, sostuvieron, para luego añadir: “Desde su asunción, el gobierno actual del presidente Javier Milei va tomando medidas que permiten vislumbrar su plan para las universidades y la ciencia: privatización, mercantilización y elitización. Este plan que ya está en marcha pretende volver a la educación superior un producto para pocos y anular su potencial dinamizador”.

En tal sentido, manifestaron: “Repudiamos el congelamiento del presupuesto 2023 dispuesto por el Decreto 88/2023 para el 2024. Con una inflación interanual del 288 por ciento a marzo de este año, esa medida ha reducido el presupuesto de funcionamiento de las universidades a un tercio de lo que había dispuesto el Congreso Nacional en octubre de 2022. Respecto de esta asignación, se han otorgado de manera discrecional y con poca transparencia aumentos que rondan el 70 por ciento del presupuesto original con anuncios mentirosos hechos con la clara voluntad de desmovilizar. Decimos con claridad: el presupuesto no alcanza, necesitamos al menos un aumento del orden del 200 por ciento, que empate a la inflación y garantice el funcionamiento sin recortes”.

Asimismo, apreciaron que el “congelamiento presupuestario, además de mostrar un enorme desprecio por la universidad, supone un ahogo que tiene como finalidad que la comunidad universitaria busque otras formas de financiamiento”. Al respecto, expresaron: “Rechazamos estas intenciones que tienden solapadamente a ir hacia proyectos de arancelamiento de la educación pública y ponen en riesgo el funcionamiento normal de las universidades, llevándolas a un abismo. Ya hemos visto en estos días cómo las casas de estudios a lo largo del país se han visto obligadas a tomar medidas para ajustar sus gastos, entre otros la disminución en el uso del gas y la luz, servicios que a partir de los tarifazos impulsados por este mismo gobierno se han incrementado entre el 230 y el 440 por ciento. Especialmente en nuestra ciudad, la Universidad Nacional de Río Negro se encuentra frente a la paradoja de tener que seguir alquilando edificios para el dictado de clases y el desarrollo de tareas de investigación a precios muy elevados, en un marco de desregulación completa por la derogación de la ley de alquileres, por no tener habilitado el presupuesto que permitiría terminar el campus universitario, avanzado en más de un 90 por ciento”.

Por otra parte, hablaron de “la necesidad de que se actualicen las plantas docentes y no docentes, y se giren los fondos salariales según esa actualización de modo de no incrementar el déficit en las universidades”.

“En la Universidad Nacional del Comahue dicho déficit, sólo en diciembre, llegó a 30 millones y se verá incrementado si no hay un reconocimiento de las plantas actuales de la universidad”, indicaron.

También denunciaron: “Los y las trabajadoras universitarias estamos padeciendo la peor crisis salarial desde la hiperinflación de inicios de los 90. Con una inflación acumulada en cuatro meses de más del 70 por ciento, hemos tenido un aumento que no llega al 30 por ciento, eso quiere decir que hemos quedado un 50 por ciento aproximadamente por detrás de la inflación. Esta licuadora salarial ha dejado a miles de trabajadores y trabajadoras universitarias por debajo de la línea de pobreza que hoy está en 773 mil pesos a nivel nacional”. 

“Denunciamos también que a eso se le suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a los docentes preuniversitarios y la eliminación de las actualizaciones de las garantías salariales que han sido un piso de aumentos para los salarios más bajos de la escala”, agregaron.

Además consideraron “que la quita de subsidios al transporte golpea escandalosamente el bolsillo de los y las estudiantes, llevando el boleto a cifras imposibles de entre 1000, 2000 y 3000 pesos diarios para poder cursar en las provincias de Río Negro y Neuquén”. 

“En nuestra ciudad este derecho, producto de años y años de lucha del movimiento estudiantil y de las gestiones realizadas por las autoridades universitarias, aún sigue vigente. Sin embargo nos preocupa que todos los comienzos de año se ponga en duda su continuidad, que sea lo primero que se busque recortar frente a las quitas de subsidios provinciales y nacionales”, puntualizaron, para después sostener que, si la educación es un derecho, “el boleto estudiantil universitario también debe serlo, para poder garantizar el acceso a la misma”.

“A esto se le suman las amenazas de la quita de becas Progresar, la licuación de los estipendios y la ausencia de convocatoria para la inscripción a las mismas para 2024”, sumaron.

“Las medidas económicas, la falta de becas y el presupuesto congelado afectan en forma directa la política de bienestar para comedores, residencias y becas de ayuda económica de las universidades, expulsando a los sectores que más dificultades tienen para el acceso a la educación superior. Este plan empieza a instalar medidas que acercan a las universidades a políticas restrictivas. Hoy ya se están empezando a implementar en algunas universidades límites en la cantidad de materias en las que les estudiantes pueden inscribirse, cupos en los cursos, cierre de módulos y recursadas y hasta en algunos casos arancelamiento de las carreras”, resaltaron.

En otro punto, recalcaron que la derogación de la ley de alquileres representa “un nuevo obstáculo para que familias que viven lejos de las universidades puedan pagar los altísimos valores que impone el mercado inmobiliario y se constituye en una traba más al acceso y la permanencia de miles de estudiantes”. 

Otra cuestión en la que se hizo hincapié fue la situación del Conicet. Al respecto, manifestaron: “Denunciamos y rechazamos el ahogamiento presupuestario al Conicet, entidad científica de prestigio internacional con personal altamente calificado y cuyo principal objetivo es impulsar al desarrollo productivo del país y mejorar la calidad de vida de todas y todos sus habitantes. Rechazamos la suspensión de contratos de más de 50 agentes distribuidos por todo el país que afectan el normal desenvolvimiento de las tareas de gestión y administración de la actividad científica, y que representan la pérdida de puestos trabajo y salarios para esos trabajadores. Asimismo denunciamos la disminución de becas doctorales de 1600 a 600 para 2024, reduciendo a un tercio de la convocatoria que se había realizado el año pasado. A su vez, rechazamos el congelamiento de las promociones en la carrera científica, la suspensión del pago de los proyectos de investigación ya en curso y la réplica del presupuesto 2023 para este 2024 que paraliza el accionar de los institutos de investigación, atenta contra la continuidad de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, implica el desarme del organismo, y genera graves consecuencias para el futuro del sistema científico nacional”.

En el documento también se pronunciaron contra “la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en el ámbito de la administración pública, así como la demonización de universidades por trabajar temáticas como la política ambiental, y repudiar la persecución ideológica que impulsa el actual subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que creó una cuenta de mail para promover denuncias hacia docentes por supuestos ‘adoctrinamientos’ en las aulas”.

“Somos conscientes que este plan hacia las universidades y la ciencia se da en un contexto más general de ataque a lo público que tiene una fuerte carga ideológica y simbólica y una intencionalidad de empujar a la educación a las leyes del mercado. Leyes que, la historia lo ha
demostrado, no tienen nada que ver con la libertad sino que tienden a que los más grandes se coman a los más chicos y a que todo lo que no sea ‘rentable’ en los términos que ellos establecen sea descartable”, afirmaron.

De tal manera, reivindicaron “el carácter público, gratuito y laico de la educación universitaria”; se opusieron “a cualquier tipo de arancelamiento”; exigieron “partidas de refuerzo presupuestario urgentes y efectivas” para poder “hacer frente a la escalada inflacionaria y dar previsibilidad para el funcionamiento, sin anuncios vacíos o engañosos”; reclamaron “la inmediata convocatoria a paritaria y recomposición salarial para docentes y no docentes”; pidieron la “devolución del FONID y actualización de la garantía salarial”; expusieron la necesidad de “recomposición de los haberes jubilatorios de trabajadores y trabajadoras pasivas del sistema universitario y científico”; demandaron “al Gobierno nacional que deje de imponer ‘paritarias’ por decreto en las que no hay ningún acuerdo con el sector trabajador”, y que se devuelva a los universitarios “el poder adquisitivo perdido por sus políticas económicas”; se manifestaron por “el mantenimiento de las becas Progresar y aumentos acordes a la inflación, así como respuestas urgentes a la situación del transporte público”; apuntaron a la necesidad de “aumento de las becas doctorales de Conicet”, y reclamaron “la reincorporación de los agentes despedidos, el descongelamiento de las promociones y la actualización de fondos de funcionamiento de institutos y proyectos de investigación, así como la recomposición de los haberes de científicos y científicas”.

Asimismo, apuntaron a “la derogación del DNU 70/23, que desregula los precios de la economía y licúa los salarios e ingresos de familias trabajadoras”, y llamaron a que el Gobierno  “entienda el valor que tiene para la sociedad argentina el gran sistema universitario que supimos conseguir, reconocido a nivel mundial por su singularidad y excelencia”. 

“A lo largo de la historia de nuestro país, las universidades han demostrado ser instituciones clave para la movilidad social que promueve la igualdad y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que nos permiten afianzar la soberanía y constituir una Argentina en la que nadie sobre. La respuesta de ‘no hay plata’ es falsa e inaceptable, mientras millones de pesos se van en exenciones impositivas a grandes millonarios. La educación pública, gratuita y de calidad es una prioridad para nuestra patria y no dejaremos nunca de luchar por ella”, afirmaron.

El Frente Universitario Intersindical está conformado por la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro (ADURN), el Sindicato Docente de la Universidad de Río Negro (SIDUNRN), la Confederación de Centros de Estudiantes (CCE), la Asociación de Personal No Docente de la Universidad del Comahue (APUNC), la Asociación de Personal No Docente de la Universidad de Río Negro (ATURN), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT).

Expresaron su adhesión al documento: la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) CONICET y CNEA Bariloche; la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR); el Grupo GenSex Furilofche; la agrupación La Tercera; NiUnxMenos Furilofche; UnTER Seccional Bariloche; La Fucsia Movimiento Pedagógico, Político y Sindical; el Partido Justicialista Bariloche; la Unidad Básica Carlos Soria; la agrupación Soberana Bariloche.