Con sede en Copenhague, el IWGIA publica hace 38 años el informe “El Mundo Indígena”. En el capítulo que corresponde al país, toma nota del sesgo que caracteriza al nuevo gobierno, pero también cuestiona la inacción del anterior.

En la Argentina “se vislumbra una profundización de un paradigma alejado del reconocimiento de los derechos indígenas, principalmente de sus derechos territoriales”, según puede leerse en el capítulo que refiere al país en “El Mundo Indígena 2024”. Se trata del informe precisamente anual que publica el IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) con sede en Copenhague (Dinamarca).

Después de hacer referencia al cambio de gobierno, el texto avisa que “si bien esta nueva gestión asumió en diciembre de 2023, ya sus primeras medidas auguran un escenario político y jurídico desfavorable para los pueblos indígenas”. La publicación se cerró en marzo último y su distribución comenzó durante la semana que pasó. El capítulo argentino fue redactado por Silvina Ramírez, doctora en Derecho y docente de Posgrado en UBA. Además de otros desempeños, fue una de las fundadoras e integra la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho indígena (AADI).

Su informe trae a colación la así llamada Ley Ómnibus y el célebre DNU con que el actual gobierno arrancó sus intenciones legislativas. “Estas iniciativas transforman radicalmente aspectos económicos, sociales, laborales y políticos, que como no podía ser de otra manera, impactan en los derechos vigentes de los pueblos indígenas”, destaca Ramírez. “Basta mencionar que en el DNU se deroga la Ley 26.737 de protección de tierras rurales, conocida como la Ley de Tierras”.

La norma en cuestión “establece un marco para evitar la extranjerización de tierras que son muy requeridas, precisamente para el avance de las actividades extractivas (y) negocios inmobiliarios, entre otras cuestiones. Ambas herramientas normativas se encuentran pendientes de aprobación por el Parlamento, y el DNU a la fecha tiene múltiples cuestionamientos en sede judicial”, señala al texto.

El resumen aporta que “las comunidades indígenas y sus organizaciones -entre otras, la Confederación Mapuche Neuquina- rechazan estos instrumentos jurídicos porque atentan contra su territorio al promover el modelo extractivo”, además de “socavar la soberanía alimentaria, y generar las condiciones para la concentración del poder económico”, resalta el informe del IWGIA.

De todas formas, el informe destaca antecedentes. “La situación actual fue gestándose, en algún sentido, con el anterior gobierno –que, en definitiva, abrió las puertas al modelo libertario- y se encuentra refrendada en decisiones de los gobiernos provinciales. Basta señalar como una enorme fuente de conflictos con las comunidades indígenas, que aún subsiste, la reforma constitucional llevada adelante por el gobierno de la provincia de Jujuy”, recuerda.

El trabajo de la abogada también considera que “es interesante prestar atención a una nueva forma de despojo territorial de los pueblos indígenas, a través de la creación de parques nacionales y reservas naturales de manera inconsulta, instalando una suerte de ‘modelo neocolonial de la conservación verde’, que configura una nueva forma expansiva sobre los territorios indígenas que ignora su presencia”.

Al respecto, “activistas, académicos y académicas denuncian la proliferación de estas estrategias, principalmente en el noroeste argentino, ejemplificando con la creación del Parque Nacional Aconquija, en la provincia de Tucumán, imponiendo visiones conservacionistas sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, lo que impacta sensiblemente en la Nación Diaguita”.

El informe también pasa revista a la situación que se generó en “inmediaciones de Villa Mascardi” y después de traer a colación los acontecimientos que tuvieron lugar en 2022 (desalojo y detenciones) menciona que “se realizaron tres mesas de diálogo en donde se llegaron a algunos acuerdos preliminares”. No obstante, “en diciembre de 2023, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) les informó (a portavoces de la comunidad Lafken Wingku Mapu) que el acuerdo no se cumpliría, alegando ‘el resultado de las elecciones’ y la inminente asunción de un nuevo presidente”.

Como síntesis, completa el capítulo nacional del informe, que 2023 “ha estado signado por una notable ineficiencia del Estado en ejecutar sus políticas. Los pueblos indígenas, como destinatarios de ciertas políticas territoriales, no han sido ajenos a esta falta de gestión, y la parálisis para avanzar en la demarcación y posterior titulación de los territorios indígenas, ha sido evidente”.

IWGIA se define como “una organización global de derechos humanos dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas”. Durante 38 años consecutivos publicó “El Mundo Indígena” en colaboración con una “comunidad de autores”. Se trata de un “resumen descriptivo panorámico anual” que “sirve para documentar e informar sobre las vicisitudes que han experimentado los pueblos indígenas a lo largo del año 2023”. Puede leerse en línea o descargarse de manera gratuita.