Buscan soluciones para un menor en conflicto permanente con la ley

A poco de cumplir su mayoría de edad, momento en el que se definirá si corresponde aplicarle una condena por el homicidio de Eduardo Henríquez Oses, el muchacho sigue en el centro de la escena por su reticente voluntad de acatar las normas. Ahora está sospechado de haber perpetrado tres robos armados, mientras estuvo prófugo del hogar de menores en el que está alojado. Intiman a un organismo provincial a brindar soluciones.

En apenas un puñado de semanas J.A.V alcanzará su mayoría de edad. A partir de entonces las autoridades judiciales evaluarán si corresponde aplicarle una pena de prisión, en virtud de un hecho de homicidio por el que ya fue declarado autor responsable. Sin embargo, mientras permanece alojado en el Hogar Pagano de Viedma, ha protagonizado varios escapes y está fuertemente sospechado de haber participado en al menos tres robos armados ocurridos durante sus escapes.

El joven aceptó en un juicio abreviado ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de Eduardo Henríquez Osses, ocurrido el 26 de noviembre del 2017, cuando tenía 17 años. Al ser declarado responsable por el hecho, fue enviado a Viedma para realizar un tratamiento tutelar a cargo del SENAF (Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia). Sin embargo, desde que fue alojado allí, protagonizó al menos tres fugas, siendo en la última de ellas, detenido en Bariloche en el marco de cinco allanamientos simultáneos que desplegó la policía bajo la orden del juez Marcelo Barrutia y la supervisión personal de la fiscal Betiana Cendón.

Osses fue ultimado de tres disparos con arma de fuego en la intersección de las calles Las Piedritas y Arroyo Fresco del barrio 28 de Abril. En esa ocasión, el menor de edad le efectuó los disparos, pero contó con la colaboración necesaria de Milton Rojas, quien también se declaró culpable en el marco de un juicio abreviado y fue condenado a la pena de siete años de prisión.

En el marco de una audiencia desarrollada este martes, la fiscal Betiana Cendón, el abogado querellante Guillermo Harari, el defensor de Menores Javier Ospital y la defensora Patricia Arias, coincidieron en que debe buscarse una alternativa de alojamiento al joven, en donde definitivamente no pueda escapar y así cumplir el tratamiento tutelar ordenado oportunamente, para que a través de la intervención de un equipo interdisciplinario, el muchacho comprenda que debe respetar las normas y reencauzar su vida.

Por ello, tras escuchar a las partes que intervienen en el proceso, el juez Marcelo Barrutia intimó a la SENAF, a través de su titular, Roxana Méndez, que defina un lugar para cumplir estrictamente el tratamiento tutelar hasta que el joven alcance la mayoría de edad y se defina si corresponde aplicarle una pena de prisión.

Al mismo tiempo, ordenó que el organismo mencionado deberá informar en un plazo no mayor a diez días, cómo y dónde va a estar alojado el muchacho y todas las pautas de trabajo interdisciplinario que se elaborarán para él.