Extensión contractual: la oposición busca aumentar el canon anual que paga CAPSA

Por Diego Llorente
[email protected]

En el Concejo Deliberante continúa el tratamiento del proyecto del intendente Gustavo Gennuso, que pretende extender la concesión a Catedral Alta Patagonia por 30 años en lo que hace a la explotación del centro de esquí.

En ese marco, los concejales del Frente Para la Victoria, Ana Marks y Daniel Natapof, plantearon nuevamente sus diferencias con la iniciativa, pero quieren aportar modificaciones contractuales en el vínculo de la empresa con el municipio.

En ese orden, la edil Ana Marks sostuvo que en caso de aprobar la iniciativa y tal como lo ha expuesto la empresa, llegarán más clientes al centro de esquí, pero que “esos esquiadores de más, no se verán reflejados en el canon anual que paga la firma y eso es un punto a trabajar, porque no puede ser que ese canon hoy represente menos del 1% del presupuesto municipal”.

Consideró que “hay que renegociar el canon” y que “con ese dinero no se paga ni siquiera una masa salarial”.

En 2017 el pago del canon anual de Catedral Alta Patagonia a las arcas municipales se hizo en dos veces, que sumaron 16,6 millones de pesos. En 2016 pagó 13,3 millones de pesos y en 2015 el monto fue de 12,3 millones. Cabe recordar, que el canon anual es el equivalente a 12.500 pases diarios de alta temporada y el año pasado ese pase tuvo un costo de $1.330.

Adhiriendo a los dichos de su colega, el concejal Daniel Natapof, recalcó que la propia empresa informó que 12 mil, es el número de personas que suben en tan sólo un día de alta temporada en el cerro Catedral. En ese momento, una de las representantes de la empresa le aclaró que es un número estimativo y que el promedio diario en invierno ronda los 6.500 pasajeros.

“El beneficio para la ciudad no debe ser sólo en términos cualitativos de que nos digan los importante que es la inversión o lo que va a significar, sino también que lo sea en términos cuantitativos. Queremos ver qué es lo que queda para la sociedad y para el Estado en general”, indicó el parlamentario.

Por otro lado, Marks y Natapof requirieron que se defina el porcentaje de participación del Estado en el fideicomiso que plantea el acta acuerdo. “El cambio de esquema se va a consolidar con el porcentaje y el del Estado debe ser mayor porque es el dueño de las tierras”, opinaron.

La respuesta a esa postura llegó por parte de Pablo Bullaude, secretario de Desarrollo Urbano municipal, quien aclaró que “no se define todavía porque hacen falta cumplir pasos y saber cuál es el valor de la tierra, que más aporta el Estado, qué aporta la empresa y eso da como resultado el beneficio de las partes”. “Ahora se acepta el fideicomiso y luego viene el plan de negocios. Hoy sería imprudente definir el porcentaje”, señaló el funcionario.

Luego, los concejales del FPV presentaron una nota pidiendo la contratación de expertos neutrales, para que asesoren a todos los concejales, debido a que la mayoría de ellos no cuentan con preparación específica y técnica en los ítems que se están tratando.

El edil oficialista, Andrés Martínez Infante, sugirió que se consulte a los especialistas que trabajan en el EAMCEC, quienes ya dependen de la estructura municipal y no significará una erogación extra para el Estado.