En la mañana de hoy, inició un debate oral y público en contra de Moira Karpyza, una mujer que se desempeñaba en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Vivienda El Bolsón Limitada (COPETEL), por el presunto delito de administración fraudulenta.

Se le atribuye a la imputada haberse apropiado de 7800 euros pertenecientes a la COPETEL, los cuales estaban destinados como depósito de garantía por contratos de locación suscritos entre la cooperativa y un tercero.

El presunto ilícito habría ocurrido en la primera quincena de septiembre de 2019, cuando en su calidad de secretaria del Consejo de Administración de COPETEL; habría solicitado y tomado los fondos sin firmar ningún recibo, según la denuncia presentada a autoridades de la cooperativa en febrero de 2021.

"El argumento, para requerir esos euros que estaban guardados en garantía, es la necesidad de contar con ellos para negociar una rescisión de los contratos respectivos, que ya habían finalizado. En esa oportunidad los tomó, sin firmar ningún recibo, abusando de la confianza de otra integrante de la Cooperativa, quien se los entregó ante su requerimiento", explicó el fiscal en el marco de su alegato de apertura.

Agregó el fiscal "que unos días después, cuando la tesorera estaba de licencia, se consultó a uno de los empleados de tesorería, acerca de la confección del recibo de esos euros entregados. El hombre fue informado de que no existía un recibo, pero sí un acta que regularizaba la situación. En febrero del 2021, ya con nuevas autoridades, el tesorero COPETEL, haciendo una revisión de asuntos pendientes y ordenando las cuentas, constató que los 7800 euros no se encontraban en la carga fuerte y que, a su vez, no existía ninguna constancia escrita de la entrega del dinero por parte de la jefa de tesorería".

"Esta situación motivó, entonces, la realización de una denuncia penal", explicó.

El Ministerio Público considera que estos hechos podrían configurar el delito de administración fraudulenta, de acuerdo a lo normado en el artículo 173 inciso séptimo del Código Penal; en virtud del deber de cuidado del patrimonio ajeno que tenía la imputada como secretaria del consejo de administración de COPETEL.

Para respaldar esta imputación, se presentarán pruebas testimoniales y periciales durante el desarrollo del debate judicial, que se llevará a cabo por el término de dos días.

El fiscal del caso, al momento de cerrar su alegato, expresó: "Yo estoy convencido de que con la prueba que se va a producir en el debate; sin lugar a dudas, vamos a probar con la certeza que requiere este caso que los hechos ocurrieron tal como lo estamos relatando y que la imputada es responsable penalmente por su accionar".

El abogado por la querella, representando a la cooperativa en cuestión, adhirió en todos los términos a los planteos de la fiscalía.

A su turno el defensor penal particular de la mujer solicitó la absolución y agregó que "no encontramos sustento probatorio alguno que se pueda considerar fundamento para un reproche penal. Lejos de ello, encontramos un testimonio único que está teñido por la responsabilidad directa en el cuidado de esos valores que atendían directamente a sus funciones.

Prestaron declaración en esta jornada ante el tribunal unipersonal, el denunciante y quien ejercía la presidencia de la Cooperativa y otros integrantes de la misma, que ejercían funciones al momento de los hechos.