Abogada querellante pidió seis años de prisión para los jefes policiales enjuiciados

En representación de la familia de Nicolás Carrasco, Marina Schifrin abrió la ronda de alegatos en el marco del juicio oral y público que se sigue contra jefes y empleados policiales. Aunque no se pudo determinar de dónde provino el disparo que ocasionó la muerte del adolescente, la letrada señaló que el hecho ocurrió por la falta de directivas y control de parte de los jerarcas, para quienes pidió una pena de seis años y su detención inmediata. Este jueves continúan los alegatos de la otra querella y la fiscalía.

La abogada querellante Marina Schifrin fue la primera en exponer alegatos en el marco de la causa en la que se investiga la responsabilidad penal de seis jefes y tres empleados policiales por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, como así también las lesiones de una decena de personas en el marco de la salvaje represión del 17 de junio de 2010.

La letrada realizó un análisis exhaustivo del material probatorio reunido en el expediente y tras unas tres horas de alocución, exigió una condena de seis años de prisión para todos los responsables de dirigir el procedimiento policial desplegado aquel día: Jorge Carrizo estaba al mando de la comisaría 28 y de todo el personal que allí llegó como refuerzo; Fidel Veroíza era el segundo jefe de la Unidad Regional Tercera y debió reemplazar al titular de esa unidad cuando viajó a El Bolsón, Argentino Hermosa, justamente otro de los acusados por Schifrin; Jorge Villanova era el jefe provincial de la Policía y finalmente Víctor Cufré, expolicía y al momento de los hechos secretario de Seguridad de Río Negro. Schifrin pidió que se disponga la inmediata detención de los nombrados y que sean alojados efectivamente en una cárcel.

El pedido es exclusivamente relacionado al homicidio de Carrasco, aunque no se pudo determinar efectivamente quien fue el autor del disparo. En ese sentido le atribuyó a los jefes los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos -Carrizo y Veroíza- y abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público -para Hermosa, Villanueva y Cufré. Además, a todos ellos les atribuyó el delito de homicidio y lesiones culposas por un actuar imprudente, negligente e imperito o la inobservancia de reglamentos que por sus funciones debían efectivamente observar. Según argumento, ese obrar causó el desborde policial que ocasionó la muerte del adolescente.

“Se ha acreditado el incumplimiento de los deberes de funcionario público de los jefes, que produjeron un riesgo no permitido que ocasionó los hechos investigados”, señaló al iniciar y a lo largo de su manifestación evidenció reiteradamente que “los policías entre sí tienen un pacto que no colabora con el hallazgo de la verdad y la justicia”. Y reafirmó “Son declaraciones muy calculadas”.

También cuestionó la magnitud del operativo de fuerzas calificándolo de “desproporcionado, ilícito e irracional" y preguntó: "¿Por qué había que salir a buscar balas? ¿No se les ocurrió buscar vallas?, aludiendo a la intención policial de proteger la Unidad 28 y señalando que posteriormente a los episodios investigados la policía entregó el edificio de la comisaría 28 y la radicó en otro espacio. En ese sentido destacó la exhibición de un video en el que se graficó la magnitud del accionar policial, pues en una hora y media efectuaron más de 360 disparos, remarcando que las tareas a desarrollar nunca fueron “explicadas” y que “todo fue un desorden”, en donde abundó “la distribución irregular de cartuchos” y castigó: “No lo pudieron resolver y el resultado fue de lo más dañoso” y en ese sentido enfatizó que “se trabajó sin coordinación y con personal que no estaba capacitado”. En ese mismo sentido explicó la letrada que los policías “no fueron a disuadir, al conflicto no se lo disuadió, se lo bombeó. Tiraron nafta al fuego”.

En otro párrafo señaló que el grupo BORA “fue llamado pero no se le dio el lugar que debió tener con su capacidad para resolver la situación” y apuntó “mandaron gente que se dedicaba a otra cosa hace mucho tiempo al medio de un operativo sin equipo ni preparación”.

“Los que estaban en riesgo y no lo sabían eran los vecinos y manifestantes porque les tiraban con cartuchos AT (postas de goma del tipo antitumulto) a distancias cortas y sin respetar técnicas reglamentarias y les tiraban con PG (postas de plomo para enfrentamientos armados) que son de guerra y los mataron”, remarcó.

Schifrin aludió a una actitud corporativa de los integrantes de la fuerza, tendiente a lograr la impunidad y resaltó que salvo honrosas excepciones, la mayoría de los policías que declararon como testigos tuvieron una actitud poco colaborativa y contraria al objetivo de esclarecimiento del hecho. En ese sentido destacó que las órdenes que había impartido el comisario Carrizo en la zona era la de resguardar la comisaría, contener los embates de los manifestantes y disuadirlos. “Nunca hubo una orden para emboscar a un grupo de jóvenes, pero eso pasó. Lo emboscaron y lo mataron”, señaló en alusión al momento en que Nicolás Carrasco fue herido por un disparo con postas de plomo, efectuado a muy poca distancia. En ese sentido aseveró que “la reconstrucción de Pregliasco nos permitió saber que los emboscaron”.

La situación ocurrió cuando alrededor de las 16.30 del 17 de junio de 2010, un grupo de manifestantes quedó encerrado ante una avanzada policial por varios frentes. Los manifestantes estaban sobre calle Oses y la policía avanzó a esa arteria desde calle Onelli, desde calle Elordi y finalmente por un túnel o pasadizo interno del barrio que está ubicado justo enfrente de la vivienda en la que se refugiaron los adolescentes, incluido el por entonces herido gravemente, Nicolás Carrasco.

Al respecto Schifrin aludió que “si no encontramos al autor es en buena medida también por su responsabilidad”, señalando a los integrantes de la fuerza y agregó “aunque no encontremos al autor, vamos a exigir justicia, vamos a pedir condenas”. “Esta imputación tiene mucha solidez, porque hay reglamentos, protocolos y leyes que no se han respetado”, subrayó.

La representante de la familia de “Nino” Carrasco, solicitó seis años de prisión para Cufré, Villanova, Hermosa, Veroíza y Carrizo. La detención inmediata, más el dictado de prisión preventiva y el doble de tiempo de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Además exigió que se remitan todas las actuaciones a la fiscalía para profundizar la investigación, apuntando a varias personas que declararon como testigos por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en el caso de varios policías, por encubrimiento en relación al gerente zonal de la empresa Prosegur y finalmente el falso testimonio de dos civiles que durante la Instrucción del caso habían declarado que observaron armas de fabricación casera -“tumberas”- entre los manifestantes y en el juicio lo negaron.

Para este jueves está prevista la continuidad de los alegatos, siendo el turno de Natalia Araya, quien patrocina a la familia de Sergio Cárdenas. En ese caso además de los jefes para los que Schifrin reclamó la condena, están imputados además como autores materiales de los disparos, los agentes Víctor Pil, Víctor Sobarzo y Marcos Epuñan. Su alegato podría extenderse según anticipó al tribunal por espacio de una hora y media por lo que previsiblemente a su turno, también podría alegar el fiscal del caso Martín Lozada, en tanto que para el viernes quedaría la palabra de los defensores Marcos Cicciarello, en representación de Veroíza, y Sebastián Arrondo por el resto de los acusados.