Contemplar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas

A instancias de la ONU, hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La entidad internacional destaca que representan una gran diversidad: más de 5.000 grupos distintos que están presentes en unos 90 países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7.000 lenguas que existen. Se trata de 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5 por ciento de la población mundial.

A pesar de esa valoración, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables: representan el 15 por ciento de los más pobres. Sin embargo, los pueblos indígenas heredaron y practican culturas que constituyen formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Además, retienen rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven.

Desde ya, pese a las condiciones específicas de cada cultura, los pueblos indígenas a escala global comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como entidades diferentes a las sociedades hegemónicas. En efecto, las poblaciones autóctonas emprendieron hace décadas luchas para que se reconozcan sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales, además del control sobre los recursos naturales que se encuentran en ellos.

A pesar de esas resistencias y demandas, hace siglos que sus derechos sufren constantes violaciones. En la actualidad, los pueblos indígenas se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del planeta. Sin embargo, en la ONU y otros foros, la comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos, mantener sus culturas y sus formas de vida.

En 2017 se conmemoró el 10º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que constituyó un gran hito y un punto de referencia en cuanto a la cooperación y la solidaridad entre los pueblos indígenas y los Estados que son miembros de la ONU. El texto sentó los cimientos para canalizar nuevas acciones, no solo en el ámbito internacional sino también al interior de cada país.

Para la edición 2018 del acontecimiento, la jornada quiere poner el acento en la problemática de la migración y desplazamiento de los pueblos indígenas. Es que como resultado de la pérdida de sus tierras, territorios y recursos por culpa del “desarrollo” y otras presiones, muchos integrantes de pueblos indígenas migran a las zonas urbanas en busca de una vida mejor, educación y empleo. No siempre lo logran, claro.

La migración también se registra entre países para escapar de los conflictos, la persecución y los impactos del cambio climático. Como consecuencia de esos procesos, hay que decir que a pesar de la idea generalizada de que los pueblos indígenas viven sobre todo en territorios rurales, muchos viven hace rato en las áreas urbanas. En América Latina, alrededor del 40 por ciento de la gente que pertenece a pueblos indígenas vive en zonas urbanas. En algunos países de la región, esa magnitud representa el 80 por ciento.

Es posible que en una cantidad considerable de casos, los indígenas que migran encuentren mejores oportunidades de empleo y mejoren su situación económica, pero a costa de alejarse de sus territorios y costumbres tradicionales. Además, los migrantes indígenas se enfrentan a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos y a la discriminación. Al racismo, inclusive.

Ante esa realidad, en 2018 el tema es “Migración y desplazamiento de los pueblos indígenas” para centrarse en la situación actual de los territorios indígenas, las principales causas de las migraciones, la circulación transfronteriza y los desplazamientos, con especial atención en el tema de los indígenas que viven en las zonas urbanas y fuera de sus países. Asimismo, se tratará cómo revitalizar las identidades de los pueblos indígenas y alentar la protección de sus derechos, ya sea dentro o fuera de sus territorios tradicionales.

En la Argentina, los sucesivos gobiernos deberán admitir que poco y nada hicieron para canalizar las demandas indígenas por autonomía, tierras, educación, salud y cultura con las herramientas que otorgan las leyes que están en vigencia: la Constitución Nacional, la Ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT) y más recientemente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las autoridades nacionales del presente -tan pendientes de su inserción en “el mundo”- deberían analizar qué sucede en la materia en sitios como Nueva Zelanda, Suecia, Australia, Canadá y otros sitios del llamado Primer Mundo, donde más allá de la existencia de asignaturas seguramente pendientes, se construyen sociedades interculturales en donde la coexistencia entre la sociedad mayoritaria y los pueblos indígenas es bastante menos traumática que en la Argentina. Los conflictos de orígenes políticos, no se puede resolver policial o jurídicamente. Chile brinda un ejemplo.