Regresión en la función de las Fuerzas Armadas

Como si no le interesara rifar el poco capital político que le queda, el gobierno de la Nación puso en marcha una “nueva política de defensa” que más allá de sus ambigüedades y generalidades, habilita a las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Con el Decreto 683/18, la alianza Cambiemos concretó su plan de incorporar a militares en tareas de seguridad interior, a pesar de las disposiciones contrarias que pueden encontrarse en las leyes en vigencia.

A poco de asumir, portavoces de la gestión actual comenzaron a instalar la doctrina de las “nuevas amenazas” que justificarían el retorno del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a tareas de vigilancia y represión internas. Es particularmente triste que se preste para ejecutar la innovación un ministro de extracción radical, cuando su partido fue artífice fundamental del acuerdo que las distintas expresiones partidarias construyeron al recuperarse la democracia, entendimiento que rigió durante 30 años.

La doctrina que asume el gobierno nacional no es una creación propia ni original, es un requerimiento de Estados Unidos que data de fines de la década pasada y que poco y nada tiene que ver con los intereses de la Argentina. En su mensaje, el presidente habló de la necesidad de modernizar la defensa de acuerdo a los retos del siglo XXI y se refirió a flexibilizar la legislación en vigencia para los rubros seguridad y defensa.

Concretamente, planteó que los militares “colaboren en seguridad interior”, en particular a través de apoyos a la lucha contra el narcotráfico en las fronteras. En consecuencia, las Fuerzas Armadas desplegarán de ahora en más, “nuevas” funciones. El de Macri modificó el decreto reglamentario 727/06 que reglamenta la Ley de Defensa y básicamente, ofrece tres puntos sobresalientes: deja de mencionar que una agresión externa debe ser de origen estatal, omisión que amplía los supuestos de intervención militar hacia el narcotráfico o el terrorismo, si es que se caracterizan como “agresiones externas”… Destaca las tareas de “apoyo logístico” de las Fuerzas Armadas a las de seguridad, eufemismo que parece destinado a ocultar la intervención operacional que prohíbe de forma expresa la Ley de Seguridad. Por último, pero no menos importante, faculta a las FFAA a custodiar objetivos estratégicos sin las restricciones que establece la Ley de Defensa. Según la norma, tareas de esa índole están prohibidas salvo que una ley del Congreso defina de manera específica a los objetivos en cuestión como zona militar.

En definitiva, la reforma que decretó el gobierno implica no solo un cambio en los fundamentos políticos que orientan el rol de las FFAA, sino también un exceso en las facultades de reglamentación, ya que en los hechos, modifica a las leyes de Defensa y Seguridad a través de un decreto. Hay que recordar que la alianza Cambiemos llegó a la Casa Rosada con el argumento de corregir el pretendido autoritarismo del gobierno anterior, que nunca llegó tan lejos…

Particularmente preocupante son las ambigüedades en las que incurre la innovación, porque al momento de redactar esta columna, no quedaba claro quiénes y cómo se irán a definir las “agresiones externas” y qué organismos del Estado serán los encargados de establecer criterios y alcances de las intervenciones militares en seguridad interior, en su apoyo a las fuerzas de seguridad. Tampoco se establece legalmente qué se entiende por “objetivo estratégico”.

Si bien el presidente justificó su decreto con argumentos modernizadores, la intromisión de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna lleva varios años en otros países de Latinoamérica y están a la vista los fracasos de la receta. Tanto en México como en Brasil, la intervención castrense profundizó los problemas en lugar de atenuarlos. Como contrapartida, se acentuaron los conflictos sociales, se registraron gravísimas violaciones a los derechos humanos y se agravó la violencia institucional.

En el socio más importante de la Argentina en el MERCOSUR, la creciente militarización de la seguridad otorgó mayor relevancia a las Fuerzas Armadas en el total de la vida institucional. Las consecuencias políticas no se pueden menospreciar, si se tiene en cuenta que hasta no hace mucho, operó un “partido militar” en la República Argentina. Que en Brasil los militares traten de incidir en cada faceta de la vida nacional no se puede pasar por alto.

No es un dato menor que el gobierno eligiera eludir el debate social y político sobre una cuestión tan sensible para la continuidad de la democracia argentina. Obvia también la participación del Congreso en un asunto clave, si es verdad que estamos frente a una “verdadera reforma del sistema de defensa nacional”. Más que frente a una modernización estamos frente a una regresión que, además, es unilateral e improvisada.