Con DNI de una compañera quiso sacar un crédito y la atraparon

Una joven logró evitar el juicio en su contra por el delito de estafa, al acceder a una “probation” mediante la cual se comprometió a pagar una suma en compensación de los daños causados, realizar tareas comunitarias y respetar ciertas pautas de conducta. La acusaron por estafa al intentar tomar un crédito valiéndose del DNI de una de sus compañeras de trabajo.

María Florencia Cantero estaba acusada por el delito de estafa en grado de tentativa. Pero logró evitar el juicio en su contra al acceder a una suspensión a prueba de esa instancia por un tiempo determinado en el que deberá respetar ciertas condiciones impuestas, para resultar finalmente eximida de su responsabilidad penal por el hecho atribuido.

Según la acusación, la mujer obtuvo el DNI de una compañera de trabajo ante un descuido de aquella y se presentó poco después en una entidad crediticia para pedir un crédito personal por unos noventa mil pesos. Para hacerlo, además, adulteró un recibo de sueldo con el objeto de confundir a las empleadas de la empresa prestamista y así lograr su objetivo.

Sin embargo, desde el área administrativa de la financiera, realizaron una tarea de comprobación de rigor y llamaron por teléfono a la empresa para la que ambas mujeres trabajaban, para asegurarse que la titular del DNI y el recibo de sueldo presentado, efectivamente se desempeñaba laboralmente en ese lugar.

La respuesta del otro lado de la línea fue contundente y alertó a las empleadas que algo raro estaba ocurriendo. En concreto, del otro lado del teléfono advirtieron que efectivamente la titular del DNI se desempeñaba en ese lugar y que en ese mismo momento estaba allí desarrollando sus tareas.

Por ello las autoridades de la entidad crediticia rechazaron el otorgamiento del crédito y dieron inmediato aviso a las autoridades, que sustanciaron una causa penal contra Cantero por el delito de tentativa de estafa.

Finalmente, antes de que llegue la instancia de juicio, la joven requirió la suspensión de esa etapa, ofreciendo abonar cinco mil pesos a la víctima en concepto de reparación de los daños causados, realizar treinta horas de tareas comunitarias y se comprometió a respetar las pautas de conducta que le impongan durante el plazo de la suspensión.

De esa manera evitó sentarse en el banquillo de los acusados y si al cumplirse el plazo previsto respetó cada una de las condiciones impuestas, resultará eximida definitivamente de su responsabilidad penal por el hecho.

El acuerdo alcanzado fue firmado entre la acusada, sus defensores particulares Juan Ignacio y Juan Luis Sarmiento, el fiscal Sergio Pichetto y todo fue rubricado por el juez de Garantías, Juan Martín Arroyo, que intervino en el caso.