Acuerdo para frenar violencia institucional

El lunes en horas de la tarde, en sesión ampliada del Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se firmó un acta acuerdo con siete puntos, como una manera de terminar con la violencia institucional. 

La cúpula de la Policía, legisladores provinciales, la delegada de Derechos Humanos, funcionarios municipales, el defensor de Menores, la titular de la Secretaria de Niñez en Bariloche y organizaciones sociales entre otros, firmaron un acta acuerdo con siete puntos para terminar con la violencia institucional e implementar políticas públicas. 

El acta fue producto de una sesión ampliada del Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizó en la sede de la Fundación Gente Nueva del barrio Virgen Misionera, institución a la que concurren los adolescentes que fueron víctimas de violencia institucional el pasado viernes, a manos de policías de la comisaría 27 de Melipal. Estos compromisos son similares a los que los mismos actores firmaron el año pasado, pero no se concretaron por falta de decisión política de algunos estamentos gubernamentales.

La obligatoriedad de la identificación del personal policial, la apertura del Centro de Atención y Derivación de adolescentes demorados, la formación de la policía en el área del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la presencia del ministro de Seguridad Pérez Estevan y el compromiso para la atención psicológica de los chicos que fueron golpeados son parte de los acuerdos firmados.

El acta lleva la firma de la legisladora oficialista Silvia Paz, del comisario de la Regional Tercera Daniel Bertazzo, del comisario Ricardo Fuentes de la Jefatura Zona 1 de esta ciudad, del defensor de Menores Javier Ospital, de Jimena Palópoli delegada del área de Derechos Humanos, de Carlos Sánchez, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, y de la directora de la SENAF en Bariloche Daiana Salussoglia; además de las organizaciones y demás miembros del Consejo de Infancia local. La defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate, que el año pasado fue facilitadora de los encuentros no se hizo presente en esta ocasión.

En la reunión estuvieron presentes los padres y madres de las víctimas, quienes cuestionaron en duros términos a la cúpula policial y destacaron “que sus hijos no están viniendo a la escuela, ni quieren salir de la casa porque tienen miedo”, también denunciaron la falta de acompañamiento psicológico para superar las secuelas traumáticas del episodio. Por su parte, Federico Ingaramo titular del Consejo y miembro de Fundación Gente Nueva, increpó a la subsecretaria de Desarrollo Humano Alejandra Schneebeli, quien fue la funcionaria que tomó la decisión de dar de baja los tres contratos de las psicólogas comunitarias a fin de febrero del corriente año.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Silvia Paz, también fue cuestionada por no haber hecho pública la convocatoria para conformar el Comité contra la Tortura provincial, por la demora en hacerlo y por la impugnación que recibieron los candidatos de Bariloche el año pasado y por la falta de la representación de la ciudad más grande y con mayores denuncias por violencia institucional de toda la provincia.
Para el 14 de mayo, próxima sesión del Consejo de Infancia, fue convocado el titular de la cartera de Seguridad provincial Gastón Pérez Estevan, y la titular de la SENAF, Roxana Méndez, para que implemente el Centro de  Atención y Derivación de adolescentes, dispositivo comprometido por su antecesor en el cargo Daniel Badié en agosto del año pasado.

La violencia institucional viene creciendo de hace 2 años a la fecha y el tema motivó hace un año la convocatoria a todos los comisarios de la ciudad con la misma agenda que se trabajó este miércoles, pero los compromisos asumidos no prosperaron. “En este caso hubo familias que acompañaron, una organización que acompañó a los chicos a denunciar en Fiscalía, pero en otros casos no pasa lo mismo. Nosotros tenemos recabadas denuncias de adolescentes que fueron torturados en la comisaría 42 del barrio 2 de Abril” denunciaron las organizaciones que trabajan en ese territorio.

A partir de los casos del año pasado, el Movimiento de Infancia de Bariloche implementó un Registro de Violencia Institucional en los barrios para los jóvenes y adolescentes que no se animen a radicar la denuncia en Fiscalía.
“La falta de políticas públicas y el recorte del presupuesto en las áreas sociales va traer aparejado más complejidades” denunciaron los miembros de las organizaciones sociales junto a los concejales y referentes gremiales que integraron el conclave.

La concejala Ana Mark, que participó del encuentro, se mostró “satisfecha por la firma del acta acuerdo”, aunque no dejó de recordar que “el año pasado también se firmó un acuerdo similar y no se cumplió, esperamos la presencia de Pérez Esteban para ratificar el acta y que se actúe en consecuencia”.

Asimismo, se refirió al presupuesto para el Consejo de la Niñez, “no es posible que el monto se mantenga desde hace dos años, el municipio debe actualizar la suma destinada”, indicó.