En una audiencia politizada se pidió la estatización del TUP y audiencias vinculantes

El primero de los oradores fue Esteban Estévez, quien realizó según su criterio un cálculo técnico y señaló un error de cálculo en la tarifa base del año pasado, al tiempo que comparó las ganancias de la empresa prestataria con la de cualquiera en Buenos Aires y que la local gana cinco veces más. Entiende que el precio del boleto debe ser menor, al igual que quienes lo siguieron en la palabra.

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Luego fue el turno de Elena Florin, miembro del Partido Obrero (PO) y de la Multisectorial por el transporte, quien reclamó al municipio que las audiencias sean vinculantes, algo que figura en la Carta Orgánica, por lo que no descartó llamar a elecciones constituyentes para tal fin. Resaltó que los salarios no tienen el mismo porcentaje de aumento del boleto, y solicitó que haya usuarios dentro de la comisión de seguimiento del transporte. En reiteradas ocasiones, insistió en que el servicio debe ser estatizado.

Continuó Facundo Britos, también del PO, quien opinó que la audiencia es antidemocrática porque la empresa prestataria tuvo más tiempo para hablar que los oradores y pidió que las audiencias sean vinculantes. Recalcó el rol del municipio en permitir la revisión tarifaria cada seis meses y que el gobierno se contradice en querer otorgarle un 15% de aumento al SOYEM y avalar un 20% de incremento en el boleto.

A su turno, Ángel Vainstein reclamó contra las medidas adoptadas por el gobierno contra los trabajadores que menos tienen y sostuvo que el municipio no fue claro en el proceso de convocatoria para la audiencia. Exigió que los usuarios integren la comisión y no descartó llegar hasta la Justicia por este reclamo.

Prosiguió el acto con Sandra Suarez, quien se mostró descontenta con el porcentaje de incremento propuesto y con la calidad del servicio que se presta en la ciudad. Requirió que el Municipio garantice el transporte público.

Continuó el dirigente del Partido Comunista y ex candidato a intendente por esa fuerza, Arístides Terrile, quien propuso que el TUP sea brindado por una empresa de conformación mixta entre el municipio y una o más cooperativas. “Esa sería la solución para llegar al precio justo, sin fines de lucro”, expuso y cerró con la famosa frase de Ernesto Guevara: “hasta la victoria siempre”.

Luego fue el turno de Concepción Mohana, quien pidió que las audiencias sean vinculantes, que el gobierno ponga al transporte como prioridad en su política de Estado y en el desarrollo de la comunidad, al tiempo que solicitó más control sobre la empresa prestataria y que sea el Estado quien subsidie a los estudiantes y a las personas discapacitadas.

Prosiguió la audiencia con la joven Isabel González Puente, militante del movimiento político Lobo Suelto, quien consideró que el gobierno provincial subsidia un 50% del boleto estudiantil y habló de que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación y que si no hay dinero para pagar el boleto, los jóvenes ven cercenado su derecho a concurrir a actividades culturales. Expresó además, que si las jóvenes no pueden pagar el pasaje, tienen que hacer dedo y eso hoy significa un riesgo porque la expone a la posibilidad de ser manoseadas, asaltadas o violadas.

La siguiente oradora fue María Leonor González, jubilada, quien destacó el “fuerte ajuste” del gobierno nacional, recordando que el oficialismo impulsó la rebaja en los aumentos para jubilados y pensionados, lo cual significará la pérdida del poder adquisitivo. Y mencionó que los valores de Bariloche, en lo que hace a alimentos y demás necesidades, son más caros que en otros puntos del país. También pidió que el director de Tránsito de la Comuna, no integre la comisión de seguimiento. 

A su turno, Dalma Buding, militante del Partido Obrero y trabajadora de la CONEA, realizó una comparación de los números de incremento del boleto, con la variación de los salarios. Indicó que la tarifa actual no ayuda ni para buscar trabajo a quienes no lo tienen, y que los usuarios del transporte son “rehenes” del servicio. Pidió que los libros de la empresa estén “abiertos y controlados”.

El último de los expositores fue el referente de la CTA Río Negro, Jorge Molina, quien consideró que “el impacto del incremento es desproporcionado” y que obliga a los trabajadores a seguir reduciendo su nivel de vida para seguir viajando. Hizo un resumen de las que entiende que son las políticas del gobierno nacional en contra de los trabajadores. Solicitó al municipio que no se acepte el porcentaje requerido por la empresa y advirtió que si no hay una resolución concreta en favor de la clase obrera van “a salir a las calles con un gran referéndum popular”.