Jubilados juntan firmas y no descartan amparos “en defensa de sus derechos”

La Asociación de Adultos Mayores Bariloche junto a la edil Ana Marks (FPV), convocaron a los adultos mayores de la ciudad a reunirse para generar acciones de rechazo, ante lo que denominaron “los retrocesos en materia de derechos de los adultos mayores que se vienen produciendo desde 2016, en los organismos responsables de garantizarlos como son PAMI y ANSES”.

Hasta la fecha, se realizaron tres reuniones a las cuales se sumaron cinco Centros de Jubilados de la ciudad, representantes de la Federación Regional Andina de Jubilados y Pensionados, la CTA de los trabajadores y la Defensoría del Pueblo local.

Como resultado, se redactó un comunicado que será entregado a PAMI denunciando el vaciamiento del organismo y exigiendo que se dé marcha atrás con las disposiciones que redujeron la cartilla de medicamentos, la cantidad disponible por mes para cada afiliado y el acceso a los descuentos del 100 por ciento que afectan a la inmensa mayoría de los jubilados y pensionados.

Por otro lado, Marks presentará junto al bloque de concejales del Frente para la Victoria, un proyecto de Comunicación dirigido al gobierno nacional que va en la misma línea y solicita la retracción de las medidas que han provocado un retroceso en materia de derechos de los adultos mayores.

Al respecto, Marks expuso que “el gobierno nacional no da tregua. Mientras estamos exigiendo al PAMI que dé marcha atrás con las medidas regresivas que ponen en riesgo la salud de los adultos mayores, el macrismo decidió bajar los haberes jubilatorios modificando la fórmula que calcula la movilidad obligatoria”. 

Entiende que de este modo, en marzo los jubilados perdieron dos puntos porcentuales de aumento y esto se sumará a los 15,2 puntos ya perdidos en 2016 por la inflación.

La legisladora local convocó a los jubilados y pensionados de la ciudad a una reunión informativa sobre las implicancias de la disposición que redujo el universo de beneficiarios al descuento del 100 por ciento en medicamentos. Allí surgió la necesidad de emprender acciones colectivas, con lo cual se trabajó en un comunicado para enviar a las autoridades de PAMI, en repudio a dicha disposición y otras anteriores.

Para ello se inició una recolección de firmas, con el fin de darle fuerza al comunicado colectivo y actualmente se está llevando a cabo en el Concejo Deliberante en la oficina 20, en la Asociación de Adultos Mayores con sede en el hospital zonal de Bariloche y en la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad.

También se está analizando la posibilidad de realizar amparos colectivos para todos aquellos que se hayan visto afectados por dicha normativa.

Además, desde el ámbito legislativo, se presentó y se aprobó un proyecto de comunicación solicitándole al gobierno nacional y al PAMI retrotraer dichas disposiciones.

En la nota que se presentará al PAMI, se expone que la medida adoptada por el gobierno nacional “achica el universo de beneficiarios bajo el argumento de reparar un sistema inequitativo, apelando a la idea de que existe un universo de adultos mayores con altos ingresos y bienes materiales suntuosos, que cuentan con este beneficio y por ende, destinan recursos a personas que no los necesitan”.

Aunque se entiende, que la gran mayoría de los adultos mayores del país no es parte de ese grupo de privilegio que compra yates y autos de lujo, sino que “la enorme mayoría de los jubilados cobra el haber mínimo y vive de su jubilación, independientemente de que haya logrado con el esfuerzo de toda una vida, acceder a una casa o a un vehículo”.

La misiva indica que el acceso a la salud es un derecho universal y que el Estado tiene no sólo la obligación de garantizarlo, sino de proporcionar doble protección a los adultos mayores, en cuanto colectivo vulnerable.

Es por eso que se exige que el PAMI implemente un sistema de cobertura de medicamentos que esté basado en la necesidad e historial clínico de cada afiliado, independientemente de las condiciones sociales y económicas de los mismos, priorizando el acceso igualitario al sistema de salud y garantizando ese derecho humano fundamental.