22/02/2024

¿El INADI puede cerrarse por decisión del Ejecutivo?

El anuncio de cierre del INADI despierta preocupación por la protección de los derechos y la lucha contra la discriminación en Argentina.

¿El INADI puede cerrarse por decisión del Ejecutivo?

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el Gobierno anunciara su cierre como parte de las medidas de reducción de estructura estatal. La decisión del presidente Javier Milei ha generado preocupación y dudas sobre el futuro de la lucha contra la discriminación en Argentina.

Creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, el INADI fue establecido como el organismo de aplicación de la Ley de Actos Discriminatorios. Desde entonces, ha sido fundamental en la elaboración de políticas públicas a nivel federal para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. Sin embargo, con el cierre del instituto, sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Justicia.

Durante casi 30 años de existencia, el INADI se ha expandido a lo largo del territorio argentino, contando actualmente con 43 delegaciones y más de 400 personas entre directivos y empleados encargados de recibir denuncias por discriminación, brindar asesoramiento a las víctimas y monitorear situaciones de sexismo, racismo, discriminación LGBT y xenofobia.

El cierre del INADI está incluido en la Ley Omnibus, propuesta por el Gobierno y que busca reformas estructurales. Sin embargo, su disolución requerirá derogar la ley que lo creó en 1995, por lo que será necesario su tratamiento y discusión en el Congreso Nacional.

Los defensores del INADI argumentan que su cierre impactaría negativamente en la protección de los derechos humanos, ya que el instituto ha trabajado incansablemente desde 1997 en la promoción e implementación de políticas para eliminar todas las formas de discriminación. Además, destacan que su continuidad es fundamental para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino.

En este contexto, queda en tela de juicio si el Ministerio de Justicia será capaz de asumir todas las funciones del INADI y garantizar la misma eficacia en la lucha contra la discriminación. Mientras tanto, la incertidumbre en torno al futuro de este organismo clave en la protección de los derechos de las personas víctimas de discriminación persiste, generando preocupación en la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La decisión de cerrar el INADI no solo impacta en la estructura estatal, sino que también pone en juego los avances logrados en la lucha contra la discriminación en Argentina. La protección de los derechos humanos y la igualdad de todas las personas, más allá de su género, raza, religión u orientación sexual, son principios fundamentales que no deberían ser relegados en ningún momento.

Así que, queda en manos del Congreso de la Nación el debate y la decisión final sobre el futuro del INADI y la protección de los derechos de millones de personas en Argentina.

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