Polémica por los copagos ilegales en prepagas y obras sociales
Asociaciones médicas fijan honorario ético mínimo y generan controversias
A partir del lunes 2 de octubre, entró en vigencia el "honorario médico ético mínimo", propuesto por varias asociaciones médicas de todo el país.
Este honorario establece una tarifa de $6.000 para las consultas médicas, tanto presenciales como virtuales, y de $7.500 para las consultas con especialistas en una rama determinada. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha avalado estas medidas, y podría generar problemas para los pacientes, ya que se requiere un copago.
La dinámica del "honorario ético mínimo" se basa en aumentar el valor de la consulta por parte de las prepagas y obras sociales, o bien que los clientes realicen un copago adicional hasta alcanzar esa cifra. Por ejemplo, si una empresa abona $3.000 a un profesional de la salud, el paciente deberá pagar la diferencia restante.
Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), ha destacado que este sistema es ilegal y no está respaldado por la ley. Además, existe el Plan Médico Obligatorio (PMO) que establece las prestaciones médicas mínimas que deben garantizar las prepagas y obras sociales, incluso en los planes más básicos. Sin embargo, no todos los insumos, prótesis y tratamientos están incluidos, a pesar de estar dentro del PMO.
Otro aspecto a considerar son los límites en la cantidad de consultas que los planes de cobertura establecen por año. En estos casos, un copago adicional podría ser legal, ya que se considera un extra. Sin embargo, Bassano cuestiona la intención detrás de este sistema y considera que va en detrimento de los consumidores.
La relación entre los médicos, las prepagas y los pacientes también ha sido objeto de debate. Bassano señala que los médicos están siendo perjudicados por los bajos honorarios y los retrasos en los pagos, mientras que las prepagas cobran sumas elevadas a los usuarios, entre 100.000 y 150.000 pesos por usuario. Esto ha llevado a la ADDUC a denunciar una posible "cartelización" de los organismos que agrupan a los médicos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Ante un pedido de copago, los consumidores deben presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud de forma virtual, como medida de protección y defensa a sus derechos.
Esta situación plantea interrogantes sobre la relación entre los médicos, las prepagas y los pacientes, así como los límites legales y éticos de los copagos en el sistema de salud. La falta de aval del Ministerio de Salud y las denuncias de ilegalidades y violación a la Ley de Defensa de la Competencia generan incertidumbre y polémica en el sector.