El fiscal jefe Martín Lozada y el fiscal Guillermo Lista pidieron al juez Gregor Joos que rechace los planteos formulados por las defensas de la exintendenta María Eugenia Martini y el funcionario municipal Alfredo Milano y los empresarios Alberto Usandizaga y Juan Armando Castelli.

El 5 de septiembre pasado, justo sobre la fecha de vencimiento de la formulación de cargos original en la que no estaba incluido Milano, la fiscalía reformuló los cargos, pidió un nuevo plazo y encuadró las conductas bajo la figura de peculado. En ese entonces el juez de Garantías Ricardo Calcagno, admitió lo actuado por la fiscalía y habilitó la reformulación de los cargos y la incorporación de Milano entre los imputados.

Pero las defensas se presentaron ayer ante el juez Gregor Joos pidiendo la revisión de aquella decisión de Calcagno, señalando diversos elementos que a su entender convertían en irregular lo actuado en el caso. Por ello, pidieron que la decisión de Calcagno sea revocada y en definitiva no se admita la reformulación de los cargos.

El caso se originó en torno a la administración de los fondos remitidos desde el Estado nacional para la construcción del plan de viviendas denominado “Techo Digno”, entre los años 2014 y 2015.

En el caso, además de imputarse a la exintendenta María Eugenia Martini, se imputó a Alfredo Milano, exfuncionario del municipio durante la gestión de Martini, y los empresarios Alberto Usandizaga y Juan Armando Castelli representantes de las empresas Alusa SA y Oriente Construcciones SA, respectivamente.

Por un lado, la fiscalía sostiene que se elaboraron documentos falsos para certificar avances de obra que no eran correctos, para lograr el pago del dinero correspondiente, lo que sostienen, efectivamente ocurrió. Según la teoría, los certificados marcaban un avance de obra que no era tal y así se logró anticipar pagos a favor de las empresas.

Por otro lado, le atribuyen a Martini el delito de peculado, por haber dado un destino distinto a los fondos que tenían un destino específico que era la construcción de las viviendas. La defensa alegó que el dinero no se usó para otros fines y que por una cuestión de depreciación monetaria, mientras se avanzaba la obra, el dinero fue depositado en plazos fijos de cuentas municipales, pero que en definitiva el dinero no fue a otro lado que a las viviendas, que fueron todas construidas.