Uno de los principios del Código Procesal que rige el accionar del fuero judicial penal plantea que tanto jueces como fiscales deben -en la medida de lo posible- “procurar la solución del conflicto primario” con el objetivo de “contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y restablecer la paz social”. En este marco, el Ministerio Público despliega diferentes estrategias para conseguir acuerdos y en este caso se pudo conciliar en tres legajos penales que tenían los mismos protagonistas.

Una escuela secundaria de Bariloche fue el escenario para el trabajo de conciliación destinado a la resolución pacífica de conflictos que dio respuestas a tres diferentes denuncias producto del hostigamiento recíproco entre alumnas.

Uno de los hechos denunciados tuvo como imputado al padre de una alumna que era víctima de hostigamiento por parte de otra menor con su grupo. Este amenazó desde el auto -donde estaba junto a su hija- en el exterior del colegio a una compañera.

Luego, en el interior del establecimiento educativo la madre de la menor hostigada agredió a la otra estudiante. A este primer hecho se suman denuncias de amenazas cruzadas entre ambas familias, todas situaciones que tomaron relevancia pública en redes sociales y medios de comunicación locales.

En instancias prejudiciales -aún ante la voluntad de alguno de sus protagonistas de continuar con el proceso- se mantuvieron reuniones, contactos telefónicos a fines de avanzar en una solución alternativa de este conflicto y valorar el diálogo como pilar de la convivencia.

Resultó fundamental la manifiesta voluntad de los adultos que acompañaron a las menores en esta instancia de conciliación en busca de una solución conjunta para cerrar el asunto. Ambas familias asistieron a todas las audiencias convocadas desde la fiscalía.

Esta situación finalizó con la aplicación de criterios de oportunidad que aceptaron todas las partes. Ambas jóvenes pudieron revisar los hechos que las enemistaron y asumieron el compromiso de recomponer esta situación, a partir de un pacto de respeto y la promesa de no generar nuevas situaciones de conflicto en las distintas instancias escolares que deben transitar.

Una vez iniciado el año escolar, se llevan adelante diferentes instancias de seguimiento y avance de este compromiso, por parte del Ministerio Público Fiscal, el cual fue aceptado por todos.

La intención del Ministerio Público Fiscal fue, en primer lugar, garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones y libre de hostigamientos. Resulta valorable que todas las partes involucradas puedan ver las consecuencias de llegar a una solución pacífica.

No todas las situaciones denunciadas constituyen un delito y no necesariamente requieren la aplicación de mecanismos de la justicia restaurativa. Pero cuando se presenta la situación, se trabaja con mediadores para que puedan constituir vínculos respetuosos y que favorezcan la convivencia en el mismo espacio, otorgando valor a la palabra tanto de los jóvenes como de sus vínculos más cercanos.

La justicia restaurativa es una manera diferente de responder al delito u otros tipos de conductas ilícitas, injusticias o conflictos, sin tener una mirada punitiva. El objetivo es reparar el daño que se causó y restaurar, en la medida de lo posible, el bienestar de todos los involucrados; pero sobre todo reflexionar acerca de lo sucedido.