La APDH solicitó una reunión con el procurador general de la provincia, Jorge Crespo, a fin de lograr una presentación conjunta, para la corrección de situaciones irregulares que se viven históricamente en el Penal 3 de Bariloche y que conspiran contra cualquier posibilidad de aplicar tratamiento penitenciario con alguna posibilidad de éxito.

La situación no es novedosa y desde hace muchísimos años en los tribunales locales ha tenido tratamientos y a través de fallos judiciales se establecieron distintas obligaciones para el gobierno rionegrino, que en algún caso se cumplieron momentáneamente y la situación volvió a desbordarse.

Hasta hace un tiempo, estaba en tratamiento un expediente en el Juzgado de Ejecución 12 que conduce Sandra Ragusa, quien se ocupa justamente del cumplimiento de las penas que han sido impuestas en cada caso. En ese trámite, defensores oficiales de la localidad, habían realizado una larga lista de peticiones, luego de ingresar al establecimiento penal y documentar las falencias estructurales de la vieja alcaidía y las condiciones inhumanas de algunos lugares de alojamiento para los presos.

Tras el cierre de esa presentación de los defensores oficiales locales, desde APDH se pidió una reunión al procurador rionegrino Jorge Crespo, para que acompañe la presentación para que se concreten las soluciones que corrijan la alarmante situación dentro del Penal.

Según denuncian, las agresiones son constantes, hay sectores que están con un exagerado hacinamiento y las falencias del edificio imponen que algunos sectores no puedan acceder al recreo. A eso se suma la falta de capacitación, educación y otras propuestas para activar la posibilidad de lograr el fin resocializador de las condenas.

En definitiva, APDH sostiene que se sigue prolongando la violencia institucional del Estado rionegrino contra la población carcelaria, que impone condiciones de detención inaceptables para sus presos. Como lo hizo en los años 80, cuando ejerció acciones para dotar de colchones y frazadas a los detenidos, pero además exigió la realización de la obra de gas dentro del edificio en el que funciona la cárcel, que inicialmente había sido diseñado como un geriátrico.

Según las fuentes consultadas, tras planteos de organizaciones como APDH, la pastoral social, los mismos defensores oficiales, la situación deriva en el traslado de internos a otros establecimientos carcelarios de la provincia, alejándolos de sus grupos familiares. Pero unos 160 internos se agolpan en un penal, que apenas podría alojar a un poquito más de cien, si todo funcionara a la perfección.

Alguien que conoce muy de cerca la situación de los detenidos alertó a El Cordillerano que la situación en la que se produjo una agresión al interno Jaime, que se encuentra internado en terapia intensiva tras recibir heridas de arma blanca, se dieron en circunstancias ciertamente preocupantes. Según el relato, o bien las puertas se dejaron abiertas intencionalmente o los internos sortearon varias rejas tras romper los dispositivos de seguridad, sin que nadie los viera. Como sea, pudieron ingresar a otro sector y agredir con armas al internado. Preocupa también la denuncia de un detenido que resultó agredido sexualmente.

Desde APDH, en conjunto con Pastoral Social y el acompañamiento de los defensores oficiales, se pretende la intervención del Ministerio Público para la presentación conjunta de una acción judicial, teniendo en cuenta que tal vez la solución definitiva, solo se alcance con la construcción de un nuevo edificio que albergue a la población carcelaria de la ciudad.