El Tribunal de Impugnación provincial, integrado de manera unipersonal por la jueza Rita Custet Llambí, rechazó el recurso de impugnación ordinaria planteado por el defensor particular Diego Navarro y confirmó la condena de cuatro años de prisión que le impusieron en septiembre del año pasado al acusado.

La impugnación llegó tras un cambio en la defensa, ya que el 14 de septiembre de 2022 el propio acusado asesorado por el defensor oficial Marcos Miguel admitió su responsabilidad en los hechos atribuidos y aceptó la condena de cuatro años que le impusieron como parte de un acuerdo pleno de juicio abreviado.

El sujeto fue condenado por los delitos de abuso sexual simple –dos hechos–, doblemente agravados por la convivencia preexistente y por ser el encargado de la guarda.

La defensa intentó torcer el fallo apelando al nivel de instrucción del acusado, señalando que no sabe leer y escribir y que tiene dificultades para comprender cuestiones complejas. Para ello requirió que se convoque a la audiencia a una hija y al yerno del acusado, en tanto que la Fiscalía se opuso, pero señaló que si se hacía lugar al planteo defensivo, convocaba al defensor oficial Marcos Miguel para que brinde detalles del asesoramiento que oportunamente le ofreció al acusado.

La jueza Custet Llambí aceptó el ofrecimiento de prueba a los efectos de despejar toda duda sobre el asesoramiento previo con el que contó el imputado antes de la aceptación del juicio abreviado.

Tras escuchar los testimonios y los alegatos finales de las partes, la jueza recordó que al acusado le atribuyeron hechos ocurridos entre el 3 de julio y el 31 de julio de 2018, en el interior de un domicilio en el que empezó a convivir con la hija de su pareja, de 16 años.

En dos oportunidades abusó sexualmente de ella efectuándole tocamientos impúdicos contra su voluntad, tapándole la boca para que no hablara. Vale mencionar que el sujeto había sido nombrado judicialmente como el cuidador de la menor de 16 años y de su pequeña beba de un año.

Pero el acusado está involucrado en otro legajo por abuso sexual contra una mayor de edad.

Tras el análisis de todo lo actuado, la jueza Custet Llambí señaló que “el proceso de asesoramiento previo en el ámbito de las defensorías fue adecuado. Ello no solo por las evidencias presentadas por la fiscalía que dan cuenta de la cantidad de veces que se convocó al imputado a la defensoría oficial, sino porque, además al menos en una ocasión quedó acreditado con el acta correspondiente que el asesoramiento se hizo con su hija presente”.

Y agregó que además, “en la audiencia de juicio abreviado, la defensa oficial anotició a los jueces de la condición de analfabetismo del acusado y tanto el presidente del tribunal como uno de los vocales le preguntaron si aceptaba el acuerdo y este respondió que sí lo hacía. También fue anoticiado que tenía el derecho de ir a un juicio común y rebatir la prueba de la Fiscalía”.