JONES HUALA YA CONOCE EL TRÁMITE

| 31/01/2023

¿Cómo es el proceso de extradición?

 ¿Cómo es el proceso de extradición?

Facundo Jones Huala, supuesto líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ya había sido sometido a un proceso de extradición, justamente cuando el Gobierno de Chile lo requería para juzgarlo. En aquella ocasión, el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó su extradición y posteriormente fue juzgado y condenado a nueve años de prisión. Ahora, deberá ser sometido nuevamente a un proceso similar.

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Jones Huala será sometido a un proceso de extradición para ser enviado a Chile, que lo requiere para que cumpla la condena de nueve años de prisión que le impusieron por el incendio intencional de varias viviendas en un fundo del sur de Chile y por el delito de portación de armas.

El procedimiento está reglado por la Ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal. Se trata de una norma que establece las condiciones en las que debe desarrollarse el proceso en el que intervienen los Poderes Judiciales de los países involucrados y los cuerpos diplomáticos.

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Pero para que se inicie el procedimiento el primer paso lo debe dar el gobierno reclamante. En este caso, el gobierno de Chile debe solicitar formalmente el pedido y respaldar su solicitud con toda la documentación necesaria. Para pedir la extradición, es necesario que el delito por el que se reclama al acusado también sea delito en la ley Argentina. En el caso de una persona ya condenada, como en el caso de Jones Huala, también es indispensable que aún le quede por cumplir al menos un año de la pena establecida.

Jones Huala fue condenado a nueve años de prisión por la quema de una vivienda en Chile en 2013. Un tribunal de ese país le otorgó la libertad condicional pero, luego, la Corte Suprema de Justicia de Chile la revocó y en febrero de 2022 se ordenó su detención. Como no fue encontrado, se emitió un alerta azul de Interpol para dar con su ubicación. Casi un año después, resultó detenido en una vivienda de El Bolsón, disfrazado de mujer y ocasionando disturbios en una vivienda.

Una vez concretado el pedido formal, la Cancillería argentina deberá realizar un análisis de los requisitos y, si los encuentra reunidos, derivar la situación a la Justicia Federal. Ya con un juez abocado al trámite, se inicia el procedimiento judicial en el que no se analiza el caso penal concreto ni se producen pruebas, sino que se limita a determinar si la extradición procede en el marco de la ley argentina.

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En audiencia con el imputado, se le informan los motivos del pedido de extradición y se le pregunta si acepta ser enviado al país que lo requiere. En una primera instancia puede negarse, pero tiene todo el proceso para aceptarlo. Fuentes oficiales señalaron que todo indica que Jones Hualas rechazará ser extraditado.

Si el juez acepta la extradición y el acusado no la apela, la decisión queda firme para cumplirse. Pero el imputado tiene la posibilidad de apelarla. Eso es directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley establece que, ante una apelación, el fallo de extradición tiene “efectos suspensivos”, por lo que el envío al país reclamante no se lleva a cabo hasta la decisión del máximo tribunal.

En el caso de que el magistrado la rechace, el acusado queda en libertad con prohibición de salida del país hasta que ese fallo quede firme ya que la Fiscalía, que también interviene en la causa, puede apelar ante el máximo tribunal de Justicia.

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Si la extradición queda firme, el caso vuelve a pasar a Cancillería. En materia internacional, la relación es entre los Estados. El Ministerio de Relaciones exteriores puede no aceptar el envío del acusado. Eso ocurre si, por ejemplo, durante el juicio de extradición se le otorga el estatus de refugiado político.

Uno de los motivos más comunes para que el acusado rechace la extradición es alegar que es un perseguido político en el país que lo reclama. La ley cooperación internacional en materia penal establece los casos que no son considerados delitos políticos: Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de un jefe de Estado o de gobierno, o de un miembro de su familia; los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas; los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la población o del personal civil inocente no comprometido en la violencia generada por un conflicto armado; los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o comercial; los actos de terrorismo; y los delitos respecto de los cuales la República Argentina hubiera asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar.

La ley establece que el juicio de extradición puede demorar 15 días. Sin embargo, los plazos no son fáciles de establecer. Depende de si el acusado acepta la extradición, si hay una apelación ante la Corte Suprema de Justicia (el máximo tribunal no tiene plazos para resolver) o si durante el proceso se requiere más o nueva información que se le debe pedir al país solicitante.

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