Sucede muchas veces: a la hora de vender un producto, la empresa te ofrece todas las seguridades y hasta por un módico precio te presentan una extensión de la garantía. Después que te lo vendieron, dejó de ser una responsabilidad para ellos. El problema para el comprador surge cuando se presenta una falla: ¿a quién podés recurrir?

A una compradora de Cipolletti le pasó cuando adquirió una computadora marca Acer en una cadena de grandes tiendas de electrodomésticos. Al comprarla decidió incluir una extensión de la garantía que venía a través de la aseguradora Assurant. Eso significaba una garantía de dos años.

El primer problema se presentó a los tres meses, con el teclado: lo llevó al servicio técnico y lo reemplazaron. Pero los inconvenientes continuaron y nadie se hacía cargo. Allí comenzó una serie de insólitos argumentos para desviar la responsabilidad.

La cadena Frávega planteó que su responsabilidad estaba vencida con los primeros seis meses de uso; y que los otros seis le correspondían a la fábrica. Mientras tanto, la compañía de seguros informó que su vigencia comenzaba recién luego del primer de año.

Conclusión: la frustrada compradora tuvo que impulsar una demanda civil. El fallo de primera instancia concluyó que hubo una infracción al deber de información y trato digno de la ley de Defensa del Consumidor. Y que la responsabilidad por los daños era de las codemandadas, tanto de la cadena de electrodomésticos como de la aseguradora contratada en el mismo local comercial.

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El monto inicial de la indemnización fue fijado en la suma de 81.752 pesos pero la clienta apeló. En la revisión, el tribunal aplicó intereses en el rubro daño material y también incrementó en 200 mil pesos el daño punitivo, que es una multa civil. En total, la mujer percibirá 231.367,18 pesos.

En la segunda instancia, la Cámara Civil de Cipolletti consideró que la multa inicial no satisfacía las finalidades punitorias por el desaprensivo accionar desplegado y menos aún los objetivos “preventivos” tendientes a instar a las demandadas a no repetir comportamientos lesivos e incumplimientos obligacionales.

El efecto disuasivo, surge del fallo, pretende evitar que se instale como práctica la metodología de “ignorar” al cliente que reclama por defectos del producto, ni se especule sobre si el consumidor acudirá, o no, a las vías judiciales.

En lo que va del año, las cuatro Cámara Civiles de la provincia registraron 799 nuevos expedientes. El número se compone de 91 expedientes ingresados directamente a las Cámaras (competencia originaria) y de 708 causas de apelación.

Los procesos más frecuentes son los recursos de queja, las acciones de amparo, apelaciones, medidas cautelares y los trámites del fuero Contencioso Administrativo.