Los senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley bipartidista el jueves por la noche que aborda la epidemia de violencia armada que convulsiona al país, aprobando un paquete limitado de nuevas restricciones de armas de fuego y miles de millones de dólares en fondos para salud mental y seguridad escolar.

Las reformas, que casi con certeza serán aprobadas por la Cámara de Representantes el viernes, no cumplen con las demandas de los defensores de la seguridad de las armas y el presidente Joe Biden, pero han sido aclamadas como un avance que salva vidas después de casi 30 años de inacción por parte del Congreso.

 Los demócratas cuentan con 50 de las 100 bancas de la Cámara Alta, y necesitaban el apoyo de 10 republicanos para sortear el obstáculo parlamentario del filibusterismo, que hace que sean imprescindibles 60 votos para asuntos como este: acotar un derecho sacrosanto en Estados Unidos, que garantiza la Segunda Enmienda. Al final, hubo senadores de sobra: 65 votaron este jueves por la noche a favor de una ley que impone restricciones al acceso a las armas: 33 conservadores se han pronunciado en contra (y dos estaban ausentes).

¿De qué trata la ley?

El proyecto de ley aprobado en el Senado refuerza la verificación de antecedentes cuando los compradores de armas sean menores de 21 años (y mayores de 18), y exige un examen exhaustivo de los registros juveniles, incluidos los de salud mental, a partir de los 16 años, para dar con indicios que desaconsejen la venta. También prevé incentivos para que los Estados aprueben leyes de “bandera roja” que permitan confiscar temporalmente armas a personas que un juez considere peligrosas.

Asimismo, aumenta la inversión federal en prevención, y amplía la protección a las víctimas de violencia de género al acabar con lo que se conocía como la “laguna legal del novio”. Hasta ahora, sólo se impedía poseer armas a los agresores machistas que estuvieran casados con sus víctimas.

La norma, que queda lejos de lo que quería el presidente Joe Biden al respecto, ciertamente más ambiciosas, llega el mismo día en el que el Tribunal Supremo hizo pública una sentencia en la que consagra el derecho a portar armas en público (con el apoyo de seis jueces), como respuesta a la reclamación de dos particulares. Exigían revisar una ley que obligaba a demostrar a quienes tienen licencia de armas una causa justificada para portar una por la calle. Las consecuencias de ese fallo trascienden las fronteras del Estado en el que se originó la denuncia.