Tras la muerte de Elías Garay en Cuesta del Ternero, una carta de Facundo Jones Huala, desde la prisión en Chile, llamó a que “la sangre sea vengada”.

Un grupo de intendentes pertenecientes a Juntos Somos Río Negro presentó una denuncia por “incitación a la violencia colectiva” y “agrupación para la coerción ideológica”.

El abogado Damián Torres, apoderado del partido y uno de los patrocinadores de los jefes comunales (el otro es Leandro Lescano), expresó: “Había que tomar una posición al respecto; hay mucha gente atemorizada”.

–¿Cómo nació la idea de hacer una denuncia? 

–Surgió de los propios intendentes, sobre todo teniendo en cuenta lo que están viviendo Bruno Pogliano y Gustavo Gennuso, que se encuentran en el epicentro del conflicto. El apoyo del resto de los jefes comunales se da por un enfoque solidario y para marcar una posición institucional desde lo partidario. Ellos entendieron que era necesario tomar posición al respecto. Me consultaron para ver qué se podía hacer. Estudié el tema y entendí que hay dos delitos que se tienen que investigar. Además, me puse a analizar si eso debía hacerse en la Argentina o en Chile, porque él se encuentra allá. El intendente de El Bolsón me dijo que, en el último tiempo, cada vez que hay una publicación de una carta de Jones Huala, luego se producen hechos de conflicto. También me explicó la diferencia entre los grupos mapuches con un reclamo que canalizan por vías de la ley, y estos otros que lo hacen por medio de la violencia, en desconocimiento del Estado y de las instituciones. Con todo ese panorama, redacté la denuncia, que compartieron, y decidieron firmarla todos.

–¿A dónde se presentó?

–En la Fiscalía Federal de Bariloche. Entendemos que hablamos de delitos federales, y de hecho el Código Procesal de Nación dice que investiga específicamente los dos a los que apuntamos nosotros. Además, ahí se está tramitando otra causa por una denuncia anterior que hizo la Fiscalía de Estado de Río Negro en función de la organización para la coerción ideológica. 

–Antes dijo que esto surgió a partir de intendentes pertenecientes a Juntos Somos Río Negro. ¿Puede entenderse, entonces, que es una acción partidaria?

–Es una acción institucional de los intendentes, pero, por supuesto, que detrás tiene un componente de posición política. Es algo que hablaron con el presidente del partido (Alberto Weretilneck) y algunos otros de sus integrantes, porque, claramente, una vez que se hiciera la denuncia, se iba a tomar de esa manera, y de hecho es así: si bien es una posición institucional, no deja de ser política.

–Imagino, entonces, que también se consultó con la gobernadora…

–Sí, por supuesto. Se hizo la consulta con parte de la mesa ejecutiva, pero, sobre todo, el presidente del partido y la gobernadora, que han tenido conocimiento y estuvieron de acuerdo, sin prejuicio de que fue una acción que tomaron los intendentes.

–¿Se les consultó a intendentes de otro signo político si querían participar?

–No. En todo caso, es una posición que debe adoptar cada partido.

–Entonces no se les preguntó porque se tomó como una acción de Juntos Somos Río Negro…

–La verdad es que ninguno me dijo que consultara con otros sectores. Es una acción de estos intendentes.

–¿Hay certeza de que el texto por el que surge la denuncia pertenece a Jones Huala?

–Sí, por las averiguaciones que hicimos, la carta es suya. Por supuesto que también es materia de investigación, pero fue él quien la hizo pública y se adjudica la autoría.

–Por lo que analizó, sacó la conclusión de que los delitos podían juzgarse en la Argentina, ¿verdad?

–Sí, totalmente. La regla general es que los delitos se investigan cuando se produjeron en el territorio (incluido el mar territorial, el espacio aéreo…), pero hay una excepción cuando el hecho materialmente se realiza en otro lugar pero sus efectos son para que se produzcan en este país. Así, si bien él escribió la carta en Chile, pretende que lo que allí figura se consume en la Argentina. El contenido del texto es para llegar a ciertos grupos con la intención de vengar la muerte de una persona en Río Negro, y producir una ampliación de actos de sabotaje contra el Estado en función de esto, entonces el mensaje es para producir efectos en la Argentina, razón por la cual sería de investigación acá, y específicamente en Río Negro, ya que es hacia donde todo va dirigido, porque esto arrancó con lo de Cuesta del Ternero.

–Estos delitos por los que se los denuncia, ¿qué penas conllevan?

–La incitación a la violencia colectiva tiene de tres a seis años, y la agrupación para la coerción ideológica, de tres a ocho.

–¿Qué opina de la posición que tomó el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al acudir a la audiencia por la libertad condicional de Jones Huala?

–Es un tema sobre el que incluso en el propio gobierno nacional existen diferencias. Por ejemplo, después de que el embajador tomara esa posición, Santiago Cafiero (actual canciller) tomó otra distinta, siendo del mismo partido. Personalmente, estoy en desacuerdo con lo que Bielsa hizo. Estamos hablando no solo de una persona que cumple una pena por un hecho importante, sino también que demuestra, con todas las actitudes que toma, por ejemplo con la carta, que no tiene arrepentimiento de nada, sino que, por el contrario, incita a la profundización de actos violentos. Cuando se analiza la posibilidad de una libertad condicional, una de las cosas que se tiene en cuenta es si la persona internalizó el delito que cometió y muestra algún signo de resocialización, como se denomina en términos penales. Y, en este caso, se puede advertir que esos parámetros no se dan. Desde el punto de vista del derecho penal, estoy totalmente en desacuerdo con el embajador, y me parece algo alarmante, porque es contrario a la normativa que existe en la Argentina. También entiendo que lo que está asumiendo es una posición política, más que jurídica, de defensa de estos grupos que, para mí, son terroristas.